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Tras el derrumbe en el boliche Beara, que ocasionó la muerte de dos jóvenes en 2010, la justicia investigó las irregularidades por la habilitación del local. Las pruebas, ahora, arrojaron una precisión que agrava las imputaciones. La Cámara del Crimen, en una breve resolución, confirmó lo que se sospechaba: los dueños pagaron sobornos a funcionarios públicos y presuntamente también a policías. En el archivo informático del boliche, los investigadores dieron con una clave: la palabra “cometa”, que habría sido el código usado para las coimas.

“Dentro del presupuesto de Beara, se tenía previsto el pago ilícito de dinero y dado que, a pesar de las clausuras dispuestas contemporáneamente, se otorgó la habilitación, existe un plexo probatorio suficiente", dictaminó la resolución, que, además, revocó los sobreseimientos del ex titular de "Habilitaciones" del gobierno porteño Martín Farrell y del ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Saikauskas. Ambos volvieron a quedar imputados por los presuntos sobornos que desembocaron en las muertes de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20.

Aquel 10 de septiembre de 2010, por el derrumbe de un entrepiso en la zona del VIP, no sólo murieron las dos chicas: otras 14 personas resultaron heridas. Los jueces Mariano Scotto, Mauro Divito y Juan Esteban Cicciaro hicieron lugar al pedido de la apelación del fiscal Andrés Madrea y, en el fallo, dijeron que lo ocurrido en Beara fue consecuencia de una múltiple responsabilidad: por un lado, el incumplimiento de los funcionarios públicos –con la omisión del deber de previsión-, y, por otro, “la violación de los deberes de cuidado por parte de quienes participaban en la explotación del negocio allí instalado y de quienes tomaron parte en la organización y realización del multitudinario evento llevado a cabo aquella noche". Sobre los funcionarios, agregaron que la imputación se agrava porque “intervinieron en el acto de su otorgamiento, concediéndola, pese a las irregularidades verificadas”.

Con el objetivo de esclarecer las responsabilidades,  se avanzará en los próximos días sobre cómo y de qué manera actuó el circuito del soborno. En este sentido, la Sala Séptima del tribunal confirmó los procesamientos del ex jefe del Departamento Esparcimiento Norberto Cassano y del inspector Carlos Gabriel Mustapich. También de los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Iván Andrés Fliess y Ronaldo Fliess. Y, además, de los gestores de las habilitaciones Leandro Camani y Matías Pantarotto y del maestro mayor de obras Gustavo Amaru, quien habría avalado la construcción derrumbada. El arquitecto encargado en verificaciones y habilitaciones Isaac Rasdolsky estaba también procesado pero la Cámara revocó la medida.

Todos están acusados de participar, mediante la figura de “cohecho”, en la habilitación y puesta en funcionamiento del local. Se investigará si formaron parte de la sociedad 'El Viejo Sabio'”, que estaba al frente del boliche. De tal modo, quedaron imputados por la participación en las irregularidades para habilitar Beara y por la muerte de las dos jóvenes. La justicia lo caratuló como “homicidio culposo agravado por ser dos las víctimas fatales en concurso formal con lesiones culposas graves (tres personas) y lesiones leves calificadas por la cantidad de damnificados (once)".

La Cámara del Crimen también exhortó a definir una fecha para el juicio oral. Y extendió una línea de investigación paralela: detectar si los sobornos se habrían realizado en “Caramel”, otro boliche explotado por los mismos empresarios. La pesquisa comprobó que el nombre de dicho local apareció varias veces en los archivos informáticos bajo “la vulgar denominación de cometas".

El “Beara Lounge Club” estaba ubicado en Scalabrini Ortiz 1638 y sólo había sido habilitado como restaurante, café bar y casa de fiestas privadas. Antes del derrumbe, tenía dos clausuras por funcionar como boliche y vender entradas en formas de consumiciones. Los funcionarios, sin embargo, hicieron la “vista gorda”. La justicia ahora tiene más pruebas para investigar si se trató de una maniobra circunstancial o, bien, era parte de un accionar sistemático asociado a la existencia de una posible asociación ilícita.

El ex funcionario del PRO Martín Diego Farrell es hijo del camarista Civil y Comercial Federal del mismo nombre y como su padre aspiraba a formar parte de la familia judicial. Pero fue rechazado. En junio de 2014, y con 59 votos a favor y ninguno en contra, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el pliego que lo postulaba como juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

En los fundamentos, la Junta de Ética y la comisión de Justicia habían firmado un dictamen que proponía rechazar el pliego porque el candidato “no cuenta con la idoneidad exigida".