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La jueza Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 47, Mónica Berdion de Crudo ordenó el allanamiento de la Dirección de Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires en busca de documentación sobre la supuesta compra de municiones de plomo para la Policía Metropolitana, poco tiempo antes del violento desalojo el 7 de diciembre de 2010 a cientos de familias que habían improvisado precarias construcciones en reclamos de viviendas en el Parque Indoamericano, en el sur de la capital porteña.

En abril, la jueza Berdion de Crudo a instancias del fiscal fiscal Sandro Abraldes comenzó a tomar indagatorias en la causa a 33 policías de la Metropolitana y otros 12 de la Policía Federal, que formaron parte del violento desalojo en el que Bernardo Salgueiro, un joven paraguayo de 22 años que vivía en la Villa 20, y sus vecinos, Rossemary Chura Puña y Emiliano Canaviri Álvarez, oriundos de Bolivia, encontraron la muerte por el impacto de una bala policial.

Este es el segundo allanamiento que se ordena en el marco de la investigación. En marzo de 2011 el procedimiento se realizó en la División de Municiones y Armamento de la Metropolitana, en el barrio de Chacarita. Entonces encontraron documentación sobre proyectiles calibre 12/70, como los que usaron en las escopetas que se utilizaron durante la represión en el Parque. La compra databa de octubre de 2010.

El allanamiento que se está llevando a cabo en este momento en la sede del gobierno porteño es llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, con la intervención de la fiscal ad hoc Nuria De Ansó.

En la instrucción está probado que la noche del 7 de diciembre de 2010, Rossemary y Bernardo fueron alcanzados por balas de plomo calibre 12 milímetros, compatibles con las escopetas de munición múltiple que usan las fuerzas policiales. Caía la noche sobre el parque cuando una bala alcanzó a Bernardo Salgueiro, cerca de una cancha de fútbol. Le dispararon desde el puente de la Avenida Escalada. A la mujer, Rossemary Chura Puña, la mataron una hora más tarde, en la otra punta del predio. Según el plan orquestado para la represión, en esos lugares, con esa distancia temporal, el operativo estaba a cargo de División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), que comanda el policía Ricardo Ferrón.

En la causa los efectivos de la Metropolitana fueron imputados por el delito de “homicidio en agresión” y los policías Federales por “homicidio y lesiones imprudentes”. Es probable que antes de fin de mes se concreten la totalidad de las declaraciones, a las que se sumaron, por lo menos, las de “otros 10 agentes de la Metropolitana”, explicó Abraldes. El fiscal amplió los pedidos de indagatorias, a partir de cruzar nuevas pruebas y las declaraciones de los convocados inicialmente.