Infojus Noticias

Una de las herencias más pesadas que recibió Raúl Alfonsín al asumir la presidencia en la reapertura democrática fue el control de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), pieza  fundamental del aparato de exterminio que montó la última dictadura cívico-militar. El proceso de desmilitarización de la SIDE y tratar de romper sus lazos con los servicios de inteligencia de las tres armas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea) fueron dos objetivos que Alfonsín llevó adelante, no sin tener que asumir consecuencias. El histórico dirigente del radicalismo Leopoldo Moreau explicó a Infojus Noticias que tuvieron que sufrir “algunos cimbronazos o intentos de desestabilización: el más grave fue el secuestro del empresario Sivak que no sólo lo secuestraron sino que lo asesinaron y nos infiltraron nada más y nada menos que a Raúl Guglielminetti en la custodia del propio presidente de la Nación”.

Moreau  define a la SIDE, desde su fundación en 1946, como “un ámbito cooptado por las fuerzas militares, tanto es así que los jefes de la SIDE era o generales, brigadieres o almirante que se iban turnando en la conducción del organismo de inteligencia”. Esta relación se profundizó durante la etapa de la dictadura militar cuando la SIDE pasó a ser uno de los eslabones esenciales de la cadena represiva. “La primera tarea de nuestro gobierno podríamos decir que fue la desmilitarización de la SIDE”, resaltó Moreau.

“El presidente Alfonsín designó un secretario civil, cosa que no había ocurrido a lo largo de toda la historia de la SIDE y fuimos separando, a medida que las circunstancias lo iban permitiendo,  a todos los oficiales ya retirados de la Fuerzas Armadas. Tratamos de ir dándole mayor grado de profesionalidad civil”, completó Moreau. El primer jefe del organismo durante el alfonsinismo fue Roberto Peña que mantuvo el cargo hasta 1986. Entonces fue sucedido por Facundo Suárez, un referente del radicalismo de la época. 

Alfonsín y Moreau

La ultraderecha

“Este organismo, a partir del gobierno democrático ha dejado de tener injerencia militar”, dijo Suárez en  agosto de 1987, en una entrevista a la revista El Periodista y reforzó: “Yo creo que los militares no deben atender hipótesis de conflicto interior en un gobierno democrático”. Sin embargo, en toda la entrevista los periodistas Julio Villalonga y Daniel Vila pusieron en duda que desde las tres armas se hubiera abandonado el trabajo en inteligencia interior.

En la entrevista, Suárez busca legitimar el profesionalismo de sus agentes y destaca que la SIDE mantenía por entonces convenios de formación con Alemania Federal e Israel. Además, Suárez expresó que se recibían numerosas amenazas contra el presidente Alfonsín y que por eso se reforzó su custodia. También se refirió a las filtraciones de información que los medios de comunicación de la época publicaron: “Que existan filtraciones informativas es un asunto grave”, aseguró, pero le bajó el tenor a la respuesta diciendo que nunca se les filtró nada grave. Para Suárez esas filtraciones tenían que ver con grupos internos que pretendían forzar cambios en sentido diferente a los propuestos por la presidencia. “La que intenta perturbar es la ultraderecha, la izquierda está en oposición al gobierno pero no en la desestabilización”.

A meses del primer levantamiento Carapintada, Suárez ponía el foco en los sectores de la ultraderecha y descartaba toda posibilidad de “rebrotes guerrilleros” argumentando que en caso de surgir denuncias de ese tipo serían “para echarle la culpa a una guerrilla inexistente y justificar el accionar de la derecha”.

El mayor Guastavino

Raúl Alfonsín está vestido con traje claro y corbata oscura de pequeños lunares. Atrás se ven periodistas y entre ellos un hombre, también de traje y corbata, con la cabeza ladeada. Es uno de los custodios del Presidente: Raúl Guglielminetti. Antes de esa foto, no muchos antes, en las mazmorras del centro clandestino de detención Automotores Orletti, no se hacía llamaban así, sino “Mayor Guastavino”.

Raúl Guglielminetti durante la última dictadura cívico-militar fue uno de los miembros del temible Batallón de Inteligencia 601 y miembro de la patota que actuó en el Orletti bajo las órdenes del ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon. El juez Federal Daniel Rafecas que llevó adelante la investigación de los delitos de lesa humanidad en ese CCD sostuvo que Orletti dependía de la SIDE, a cargo de Otto Paladino. Desde ahí se coordinaron las acciones del Plan Cóndor entre Argentina y Uruguay.

Raúl Guglielminetti

En 1985, la información de que un servicio de inteligencia vinculado a la represión custodiaba al Presidente estalló. Guglielminetti huyó a Europa hasta que fue hallado y detenido en España. Suárez en la entrevista con El Periodista también habló sobre esto: “Guglielmineti volvió porque se sentía rodeado. Habló conmigo, me dijo que no aguantaba más y se entregó porque no tenía otra alternativa. Y les recuerdo que el escándalo Guglielminetti no se produjo durante mi gestión, pero se resolvió en ella”.

“El Mayor Guastavino” fue uno de los beneficiados con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Igual fue detenido por un allanamiento en el que se le encontró un arsenal en su casa. Cumplió condena y quedó en libertad en 1989. En agosto de 2006, Interpol lo detuvo en Mercedes a pedido del juez Rafecas por su actuación en la dictadura en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo. Cuatro años después fue condenado a 20 años de prisión.

Moreau definió lo ocurrido como “maniobras de infiltración que los servicios llevan a delante, en aquella época, el ministro del interior, Antonio Tróccoli lo calificó como mano de obra desocupada, esa mano de obra fue la que accionó en el secuestro de Sivak. Son modos de mimetización que tienen estos grupos de servicios”.

Secuestros extorsivos

El empresario Osvaldo Sivak fue secuestrado dos veces. La primera, por miembros del Batallón de Inteligencia 601, en 1979. La segunda, fue a mediados de 1985 a manos de la llamada “Banda de los comisarios”. Estuvo desaparecido durante 28 meses. Su cuerpo fue encontrado en noviembre de 1987, enterrado en un campo a 50 kilómetros de la Capital.

Durante su primer cautiverio, los agentes del 601–policías federales al mando del Ejército– pidieron un millón y medio de dólares. Sobre el destino de ese dinero hay dos teorías: una, la que dice que el 601 abonaba una caja que sostenía económicamente la “lucha contra subversión” y otra que estaba destinada a poner en funcionamiento un diario –con las rotativas confiscadas a La Opinión– para respaldar al general Viola como remplazo de Videla al frente del aparato de exterminio. El plan se frustró porque en el momento del pago del rescate un operativo policial detuvo a los secuestradores.

La suerte del empresario en democracia fue otra. La banda compuesta con policías y agentes que habían prestado servicio en el 601 y tenían vínculos con la SIDE desde fines de la dictadura se dedicaba a los secuestros extorsivos. Integrada por los ex policías Ignacio Báez, Roberto Ignacio Buletti, Héctor Rubén Galeano, José Benigno Lorea, Carlos Alberto Lorenzatti y Félix Roque Miera, fueron desbaratados luego de una extensa investigación que tuvo a la cabeza al comisario Juan Ángel Pirker. “Pirker fue una pieza clave en el saneamiento de la Policía Federal después de la dictadura”, explicó Moreau.

El caso Sivak fue el más resonante de los secuestros extorsivos de la época alfonsinista. Para Leopoldo Moreau no hay dudas de fue un muerto vinculado a las reformas hechas en la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Carapintadas

“Cuando fui secretario de Interior, entre el 88 y el 89, hasta que Alfonsín entregó el poder, junto con el ministro teníamos reuniones semanales o quincenales con el secretario de la SIDE que era Facundo Suárez y con su segundo. En esas reuniones el foco central estaba apuntado a los Carapintadas. El gran problema que tenía el gobierno de Alfonsín apuntaba a ese movimiento”, contó a Infojus Noticias Ricardo Gil Lavedra.

La referencia que hace el histórico dirigente radical está relacionada con el acuartelamiento de los Carapintada de Semana Santa de 1987, con epicentro en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. A la cabeza de este movimiento estuvo Aldo Rico igual que en el segundo acuartelamiento, ocurrido el 14 y el 18 de enero de 1988 en Monte Caseros, Corrientes. El tercero fue encabezado por el entonces coronel Mohamed Alí Seineldín, con epicentro en Villa Martelli. Los tres levantamiento horadaron el gobierno alfonsinista e instalaron en el imaginario la posibilidad del retorno de los militares al poder.

Leopoldo Moreau explicó que para 1987  ya se había “desmilitarizado mucho la SIDE y además intentamos con relativo éxito, cortar la influencia y la relación que mantenían los servicios de inteligencia de las tres armas con la SIDE. No lo logramos totalmente, todavía existían parentescos, lazos”. En ese mismo sentido, Gil Lavedra no tienen dudas de que la SIDE estaba “bastante infectada de “mano de obra” que actuara en épocas de la dictadura” y confirma que la mayor hipótesis de conflicto del período apuntaba de lleno a los Carapintadas.

La Tablada

–Raúl, es verdad, son del MTP.

–¡No puede ser! ¡Qué hijos de mil putas!

El que confirma la autoría del copamiento al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano de La Tablada es el jefe de la SIDE Facundo Suárez. El que contesta, el presidente Raúl Alfonsín. Cuentan los periodistas Darío Gallo y Gonzálo Álvarez Guerrero en su libro “El Coti”, biografía no autorizada de Enrique Nosiglia, que Alfonsín recibió la información en mangas de camisa, agobiado por el calor de enero en un despacho con los aires acondicionados apagados por la crisis energética del ‘89.

“Al Gobierno lo agarró absolutamente por sorpresa, al punto que la primera conferencia de prensa que dio José Ignacio López ignoraba quiénes eran los atacantes. La primera versión era que se trataba de otro levantamiento de los Carapintadas, que es lo que se esperaba. Hay un discurso de Alfonsín poco días antes donde alerta sobre el tema, la preocupación estaba en los Carapintadas”, recordó Gil Lavedra.

La reacción del presidente excedía la sorpresa de confirmar que no eran los Carapintadas los que habían entrado en La Tablada. Quizás la bronca haya sido no haberlo previsto o, mejor dicho, no haber reparado en el informe que seis meses antes le acercó la SIDE caracterizando al Movimiento Todos por la Patria, la organización política que tuvo como máximo referente a Enrique Aroldo Gorriarán Merlo y que surgió como un intento de  síntesis política de las izquierda revolucionaria de los ’70.

El informe vio la luz un día después del copamiento, en el diario Ámbito Financiero, y según consta en sus páginas después de hacer un análisis de los miembros del movimiento, de su raíz ideológica y de sus políticas de alianzas, el informe concluye: “Por las mismas causas apuntadas y sumando a ello el grado de reserva y encubrimiento con que sus miembros suelen desenvolverse y/o encarar algunas de sus actividades o reuniones, tampoco sería descartable que, si sus intereses así lo impusieran, el MTP considere un eventual retorno a la lucha armada, habiendo asumido ya errores y experiencias anteriores”.

El copamiento de La Tablada terminó en una masacre: 33 militantes, 9 militares y dos policías muertos. La causa que investigó las desapariciones de dos militantes MTP que participaron en aquel copamiento del  23 de enero de 1989 estuvo a cargo, entre otros del fallecido fiscal Alberto Nisman que por entonces trabajaba en el Juzgado en lo Criminal y Correccional 1 de Morón. Su tarea, solicitada especialmente por el juez Gerardo Larrambebere, era investigar la desaparición de los militantes Iván Ruíz y José Díaz que habían sido capturados con vida pero que los militares afirmaban que habían logrado escapar desarmados y heridos, después de combatir durante ocho horas, de un cuartel rodeado de policías y militares. Nisman abaló esa teoría y por eso se dictó captura internacional para los dos militantes que aún permanecen desaparecidos.