Detuvieron en Neuquén a un represor prófugo
Gustavo Adolfo La Fuente está acusado de elaborar los sumarios de las personas que eran detenidas en el Regimiento de Infantería de Montaña 22, ubicado en el departamento sanjuanino de Rivadavia.
El represor sanjuanino Gustavo Adolfo La Fuente, a quien el Tribunal Oral Federal 2 de San Juan condenó por delitos de lesa humanidad y estaba prófugo desde 2013, fue capturado el viernes pasado en la localidad turística de Villa Pehuenia, en Neuquén.
La Fuente fue apresado el viernes por efectivos de la División Operaciones de la Dirección General de Seguridad Interior de la fuerza en el complejo de cabañas “Solar de Mahuida”, ubicado en localidad neuquina de Bahía Radal, Villa Pehuenia, Aluminé.
La detención fue solicitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 2 de San Juan, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, en el marco de causa caratulada “C/Castro Ángel y otros s/privación ilegal de la libertad personal”.
El ex militar permanecía prófugo desde 2013, cuando el Tribunal Oral Federal 2 de San Juan lo condenó, junto a siete represores, por delitos de lesa humanidad y pidió investigar la participación de varios miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos La Fuente.
Desde ese momento comenzó a ser investigado en el expediente que lleva adelante el juez federal Rago Gallo, por su responsabilidad en delitos cometidos en el Regimiento de Infantería de Montaña 22, ubicado en el departamento sanjuanino de Rivadavia.
La Fuente está acusado de elaborar los sumarios de las personas que eran detenidas en esa dependencia.
Según explicó el fiscal Mateo Bermejo, cuando se blanqueaba a un detenido, es decir que se lo ponía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, el ya fallecido coronel Juan Baustista Menvielle, jefe del RIM 22, ordenaba que se hiciera un sumario militar que, al igual que en un sumario policial, registraba las primeras investigaciones logradas sobre la persona.
“Esos sumarios estaban a cargo generalmente de un oficial o suboficial del Ejército y lo que ocurría es que estas personas que instruían las causas lo hacían al lado de las víctimas, que estaban encapuchadas y muchas veces lastimadas, porque habían sido torturadas. Por eso es que formalmente suponemos que estas personas tuvieron responsabilidad penal”, explicó el funcionario judicial.
Télam/AF
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