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La investigación sobre delitos económicos y financieros durante la dictadura cívico- militar tiene un nuevo capítulo. El juez federal Sergio Torres aceptó que La Unidad de Información Financiera (UIF) sea querellante en una causa por apropiación de bienes a secuestrados por la última dictadura. El expediente en cuestión es el Nº 1376/04 denominado "N. N. y Acosta Jorge Eduardo s/ apropiación de bienes" donde se investiga la apropiación de los bienes de las personas secuestradas en la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). De ese modo, se sumaría otro proceso contra uno de los represores más temerarios: Jorge “El Tigre” Acosta.

La UIF, a cargo de José Sbatella, colaboró en las pesquisas de la causa y ahora sería la principal querellante. A través de un riguroso trabajo de archivo, la investigación judicial determinó que los integrantes de Grupo de Tareas 3.3.2 –principalmente los represores Jorge Carlos Radice, Jorge "El Tigre" Acosta y Miguel Ángel Cavallo– implementaron un plan sistemático para apropiarse los bienes muebles e inmuebles de los secuestrados. Por tal motivo, el juez Torres, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, consideró coherente aceptar a la UIF como querellante.

Será el primer antecedente para que el organismo pueda impulsar por lavado de dinero otras investigaciones como las de la apropiación de la empresa Papel Prensa y el despojo a los hermanos Iaccarino. En total serían alrededor de 600 causas por delitos económicos en la última dictadura. No sólo pedirá investigar los ilícitos, sino que exigirá una reparación y una devolución de los bienes robados. De acuerdo a la petición de la UIF, y dado el carácter de delito de lesa humanidad –el cual no tiene prescripción-, también se avanzará sobre los administradores de los bienes. A ellos, la UIF los acusará de delito de lavado, que contempla de tres a diez años de cárcel.

En este sentido, la UIF puso el foco en la hermana y la pareja del represor Jorge Radice –que se hacía llamar como "Juan Héctor Ríos"- quienes habrían actuado como testaferros en el armado de una red de nueve sociedades radicadas en Argentina. En esas empresas, habrían trabajado otros familiares, a sabiendas del origen ilícito de los bienes. Ellos se encargaban de hacer operaciones con el exterior. La UIF, con el permiso del juez, levantó el secreto fiscal y corroboró irregularidades en sus patrimonios personales. Es decir: comprobó que se enriquecieron ilegalmente.

La investigación de la UIF fue ardua y reveladora. Entre otros descubrimientos, se pudo corroborar que parte de los inmuebles apropiados continúan en manos de familiares de los imputados o fueron liquidados por ellos. Según dijo Sbatella, el mecanismo era el siguiente: los bienes apropiados se administraban de manera común, y luego eran transformados en otros bienes para llevar el dinero afuera. Para ello, se crearon empresas pantalla y luego el dinero del exterior volvió de regreso al país, donde estaría en pleno funcionamiento en el mercado local.

¿De dónde salían los permisos? Había dos vías. En algunos casos, se llevaba a los detenidos a diversas escribanías de la zona obligándolos a desprenderse de sus bienes rubricando las escrituras correspondientes. Pero existía otro método: en el sótano de la ESMA había una imprenta que fabricaba identidades falsas para permitir las transacciones tanto a nivel nacional como internacional.

A partir de la investigación sobre la ESMA, la UIF constató que allí "no sólo se llevaron adelante secuestros, torturas, vejaciones y hasta homicidios, sino que a su vez existió un plan destinado a robar a los detenidos todos los bienes que poseían, tanto muebles como inmuebles”.

Jorge “El Tigre” Acosta

Retirado como ex capitán de fragata, y jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, el Tigre Acosta  era quien estaba a cargo de la ejecución de la tortura y la muerte en ese centro clandestino de detención. Entre otros delitos, fue quien tomó la decisión de arrojar al río al grupo de monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y las madres de Plaza de Mayo Villaflor, Ballestrino y Ponce, así como la muerte de Dagmar Hagelin.  En 2011, la Justicia argentina lo condenó por dichos crímenes a cadena perpetua y a inhabilitación absoluta y perpetua en el marco del primer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA.

No fue su única condena. El 5 de julio de 2012, fue condenado a 30 años de prisión en la causa "Plan sistemático”,  por ser coautor penalmente responsable de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad durante la dictadura militar. Está acusado por cerca de 80 delitos semejantes. Actualmente es uno de los 68 procesados por los llamados "vuelo de las muerte" que funcionaron en ese centro clandestino de detención y que constituyen este debate conocido como "ESMA III".

La UIF lo investigó por delitos económicos  sobre un antecedente firme: en 1998 se descubrió que poseía una cuenta secreta en Suiza, que podría haberse usado para bienes sustraídos a los detenidos-desaparecidos.