Infojus Noticias

Se presentó hoy una ampliación de la querella en el marco de la causa que busca investigar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Stroessner en Paraguay (1954-1989). La denuncia, presentada ante el Juzgado Federal N° 5 a cargo del juez Norberto Oyarbide, se suma a la presentada en agosto del año pasado. Cuenta con el apoyo de la Federación Nacional Aché, que nuclea a las comunidades de ese origen en el actual territorio paraguayo.

El juez Baltasar Garzón, presidente de la Comisión Internacional de Promoción de los Derechos Humanos, brindó detalles de la querella en una conferencia de prensa realizada en el Congreso junto a Remo Carlotto, titular de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación. Los acompañaron Araceli Ferreira, vicepresidenta de la comisión parlamentaria; Juan Adolfo Maida, abogado representante de la querella; Yudith Rolón, titular de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación; Carlos Ortellado, militante de derechos humanos; y miembros de la comunidad Aché.

El 5 de agosto de 2013 trece víctimas de la dictadura presentaron una querella criminal en el juzgado a cargo de Oyarbide. “Buscamos que exista una reparación, pero ésta no es sólo para las víctimas directas sino que representa un fortalecimiento del sistema democrático”, dijo Carlotto a Infojus Noticias.

El diputado contó que vienen tomando contacto con integrantes de los espacios de Memoria, Verdad y Justicia paraguayos respecto de las causas del Plan Cóndor. Así fue que se enteraron de la falta de acceso a la justicia tanto en el país guaraní como en Brasil, Uruguay, Chile y Bolivia, lo cual produjo presentaciones ante la justicia argentina. “En este caso en particular buscamos la aplicación del principio de jurisdicción universal que establece que los crímenes de lesa humanidad son juzgables en todo el mundo”, dijo Carlotto.

Maida explicó que consideraron necesario aportar más documentación a la causa y ampliar la querella ahora que cuentan con el apoyo de Aché. También contó cómo en 1968 la comunidad fue encerrada en una reducción, tal como hacían las autoridades coloniales españolas en el siglo XVII. Se trataba de una colonia llamada despectivamente “Rata de monte”, de la cual los Aché no podían salir. La dictadura contaba, además, con colaboración civil para “cazar” –ésa es la palabra, remarcó Maida– a los indígenas que escapaban. Y recordó que todavía esperan una respuesta del gobierno paraguayo al exhorto diplomático enviado cuando fue presentada la primera querella, en agosto del año pasado. Recién entonces el juez Oyarbide podrá declararse competente y avanzar con la investigación.

Severino, miembro de la comunidad Aché y querellante, dijo que “buscamos que el Estado paraguayo responda a este daño. Pedimos a la justicia argentina que nos ayude e inicie esta causa por matanza, violaciones y venta de nuestros hermanos”. También contó que actualmente tienen 16.100 hectáreas repartidas en seis aldeas, ubicadas en cuatro departamentos de Paraguay, aunque todavía queda mucha más tierra por devolver. “Nuestras abuelas expresan su dolor cantando y nosotros no sabemos qué hacer. Por eso creemos en la justicia universal”, dijo Severino, con la voz quebrada.

Consultado por Infojus Noticias respecto de la situación actual, dijo que “el nuevo gobierno no nos da oportunidad, no quiere saber nada de nuestros derechos”. El presidente Horacio Cartes reemplazó en la presidencia a Federico Franco, que sucedió a Fernando Lugo después de su destitución sumaria en el Parlamento y suspendió las pensiones para víctimas de la dictadura declarándolas inconstitucionales.

Todos los oradores estuvieron de acuerdo en el móvil económico de la persecución a los Aché. Finalizada la audiencia, Carlotto dijo a Infojus Noticias que “los integrantes de la comunidad expresaron que la depredación de su territorio sirve a la producción económica de sectores concentrados”. En ese sentido, destacó el proyecto de Héctor Recalde, diputado del Frente para la Victoria, para crear una comisión bicameral que investigue los delitos económicos vinculados a los crímenes de lesa humanidad. Carlotto agregó: “Buscamos que el sistema de justicia de cada país tome el criterio de imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de cada acto criminal”.

Finalmente, Carlos Ortellado, que presenció en 1976 la ejecución de su padre, campesino militante de las Ligas Agrarias, aclaró que la masacre de 17 ciudadanos que motivó la salida de Lugo sucedió en Marina Cue, en tierras pertenecientes a los Aché del departamento Curuguaty. “La democracia paraguaya está en deuda, porque se cambió un gobierno electo constitucionalmente”, agregó. Además, recordó que la querella presentada por él ante la justicia de su país en 1993 sigue sin avanzar, lo cual relacionó al hecho de que “los funcionarios judiciales son hijos y nietos de nuestros victimarios”.

La población Aché fue diezmada durante la dictadura: se estima que en los primeros años de la década de 1970 disminuyó su número en un 60%. Al antropólogo alemán Rupert Mutzel documentó con estilo crudo estos crímenes y buscan que sea citado a declarar. Se estiman unos 200 desaparecidos y 200 niños Aché vendidos como servicio doméstico a familias de las ciudades.

La dictadura paraguaya, “la más larga y silenciosa de la región”, según Yudith Rolón, dejó un saldo de entre cuatro y cinco mil desaparecidos y una matriz socio-económica que, a 25 años de su caída, continúa beneficiando al capital concentrado.