Un hombre se enteró de que tenía una hija cuando ya era demasiado tarde: la madre la había dado en adopción. La justicia de Entre Ríos cometió una serie de irregularidades y la beba fue entregada a un matrimonio y no a su padre biológico, quien reclamaba.
Milagros nació un 16 de junio del año 2000 en un hospital de Victoria, Entre Ríos. Leonardo Fornerón y Diana Enríquez tuvieron una relación sentimental que terminó meses antes de su nacimiento. Leonardo se enteró del embarazo de Diana por una amiga durante el quinto mes de gestación y le preguntó varias veces a Diana si el hijo que ella gestaba era suyo. Ella se lo negó reiteradamente.
Diecisiete días después del parto, una amiga de la mujer le dijo a Leonardo que la niña que había nacido era suya. Pero ya era tarde. Al otro día del nacimiento la mujer había dado a su hija “en guarda provisoria con fines [de] futura adopción” a un matrimonio residente en la ciudad de Buenos Aires. Allí comenzó el periplo judicial. Leonardo fue ante la defensora de menores de victoria para pedir el cuidado de la niña, pero la mujer volvió a negar la paternidad del hombre. El 18 de julio de ese año Leonardo se presentó en el Registro Civil y reconoció a su hija.
Aquí comenzaron las irregularidades. La pareja a la que fue dada en guarda habría intentado pagar por la beba una suma de dinero. La venta fue impedida debido a que un funcionario de la Defensoría de Pobres y Menores dio cuenta de la situación y se aseguró de que no fuera concretada. Pero esto no se investigó correctamente. Esto derivó en que la nena pasara a estar bajo el cuidado del Poder Judicial. Tras un par de años de proceso, en diciembre de 2005, la justicia de Primera Instancia Civil y Comercial de Victoria, diera en adopción simple a la niña al matrimonio y no a su padre biológico.
El Estado nacional resolvió pagarle a Fornerón una indemnización de 199.046,35. Lo hizo a través del decreto 751/2014, publicado hoy en el Boletín Oficial y firmado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman; de Economía, Axel Kicillof y de Justicia y Derechos Humanos, Julio C. Alak.
La reparación fue ordenada luego de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano (CIDH) que en abril de 2012 comprobó que se habían violado los derechos al padre y a su hija a la protección judicial, a las garantías judiciales y a la protección de la familia.
El tribunal internacional consideró que la adopción no contó con el consentimiento del padre biológico y que los procesos judiciales relativos a la guarda judicial y posterior adopción de la nena y de régimen de visitas no cumplió con la garantía de plazo razonable porque no fue llevado adelante con la debida diligencia pues “no contó con recursos judiciales adecuados y que se violó su derecho a la protección a la familia y el de su hija”.
“La medida de reparación más importante es que el Estado garantice efectivamente a la niña y al señor Fornerón el relacionamiento conforme a sus necesidades actuales y al interés superior de la niña, siendo el régimen de visitas un primer paso”, consignó la sentencia de la Corte Interamericana.