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El 20 de octubre de 2010 militantes del Partido Obrero (PO), el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y otras organizaciones participaron de un corte de vías en Barracas, para reclamar por la incorporación a planta permanente de empleados tercerizados de la línea Roca. Una patota bajo las órdenes de la Unión Ferroviaria fue a parar la protesta. Hubo corridas y disparos. Cuando los manifestantes se estaban replegando, un grupo de los ferroviarios se abalanzó sobre ellos. Mariano Ferreya estaba ahí. Tenía 23 años, militaba en el PO y era dirigente de la FUBA. Cayó al piso en la balacera. Un proyectil lo había alcanzado. Murió momentos después. Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Benjamín Pintos fueron otros militantes heridos gravemente. A dos días del asesinato, la causa ya estaba en manos de la jueza federal Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño

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Una semana después del crimen, cuatro personas bajaron de un auto con patente trucha frente a la Fiscalía Nº4, en Paraguay al 1500. Ahí trabajaba día y noche Caamaño. Los hombres querían entrar a la sede judicial. La fiscal agarró el teléfono y marcó el celular de Julio Alak, en ese entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (aún no se habían desdoblado los ministerios). “Ya mismo te mando a la policía” le contestó el ministro que la atendió desde las escalinatas de la Casa Rosada. Todavía estaban velando a Néstor Kirchner.  Desde ese día Caamaño pudo trabajar tranquila pero con custodia.

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Apenas había pasado poco más de un mes del asesinato cuando la jueza de instrucción dictó la prisión preventiva para siete ferroviarios. Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Juan Caros Pérez, Jorge Daniel González, Francisco Pipito, Guillermo Uño, y Pablo Díaz, quedaron imputados por el delito de homicidio calificado y coacción. Díaz, delegado del gremio, era una de las máximas autoridades detenidas hasta ese momento.

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En febrero de 2011 una imagen recorrió todos los noticieros y portales de información: José Pedraza, el histórico líder de la Unión Ferroviaria (UF) era detenido por efectivos de Asuntos Internos de la Policía Federal. La jueza López había hecho lugar a un pedido del fiscal Fernando Fiszer –que en ese momento reemplazaba a Caamaño que estaba de licencia-. Tras su detención, Pedraza declaró ante la jueza en el Palacio de Tribunales. Habían pasado cuatro meses del crimen.

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La causa se elevó a juicio en mayo de 2011. Caamaño lo había pedido un mes antes. En siete meses el caso ya tenía ratificada una instancia oral. A esta altura, Pedraza y Juan Carlos Fernández–su segundo en el gremio-estaban acusados de instigadores del crimen. Díaz estaba apuntado como quién dirigió la patota; Alcorcel fue el vínculo entre Favale, los ferroviarios y el lugar donde se desarrollaba la protesta; Favale y Sánchez, los acusados de gatillar el arma con la que mataron a Mariano y Uño y Pérez, estaban sindicados por esconder las armas. La fiscal acusó a Pipito y a González de amedrentar al equipo periodístico que estaba cubriendo  la manifestación. Para octubre, el expediente ya tenía fecha de juicio oral.

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La investigación puso la linterna no solo sobre los ferroviarios sino también en los efectivos policiales que actuaron el día del crimen.  En junio de 2011 la jueza  procesó a seis policías: Hugo Lompizano, desplazado superintendente de Seguridad Metropolitana, y a su segundo Luis Alberto Echevarría; al jefe de la división Roca, Jorge Raúl Ferreyra; y a Gastón Conti, de la Dirección General de Operaciones. También procesó a Rolando Garay, subcomisario de la comisaría 30; Luis Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas; y David Villalba, agente de la división de videos. Los consideró responsables del delito de abandono de persona agravado por el grave daño a la salud sufrido por Elsa Rodríguez y la muerte de Mariano Ferreyra. En febrero de 2012 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de la Capital Federal dispuso unir la causa en la que estaban siendo investigados los ferroviarios con la de los policías. El debate oral se atrasó pero así se permitiría el enjuiciamiento conjunto.

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El 4 de diciembre de 2012 durante casi 24 horas uno de los testigos del juicio estuvo desaparecido. A Alfonso Severo lo encontraron golpeado y maniatado en Avellaneda. Ese mediodía tenía que declarar en Comodoro Py pero no pudo.  Más tarde aportaría información sobre las conexiones entre Cristian Favale y los integrantes de la patota de Constitución. Durante la instrucción, Severo ya había revelado que la agrupación del sindicato UF de Plaza Constitución guardaba armas en su oficina de esa terminal de trenes.

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El 6 agosto de 2012, a menos de dos años del asesinato, comenzó el debate oral en Comodoro Py. José Pedraza, el histórico titular de la Unión Ferroviaria (UF), junto con otros 16 imputados escucharon la acusación que leyó el secretario del Tribunal Oral Criminal 21 de la Capital. El juicio involucraría los testimonios de 370 personas y se extendería durante 75 audiencias. Serían 9 meses para una causa que después quedaría documentada en una sentencia de 1669 páginas.

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El crimen de Mariano Ferreyra dejó de estar impune el 19 de abril de 2013. En dos años y medio, el caso llegó a juicio oral y obtuvo una resolución  histórica. El veredicto incluyó a la patota y a los policías implicados: un total de 14 condenas y tres absoluciones. José Pedraza fue condenado a quince años. Su segundo en el gremio, Juan Carlos Fernández, tuvo la misma pena. Favale y Sánchez fueron sentenciados a 18 años  por ser los autores materiales. Los jueces no determinaron quién de los dos fue el que apretó el gatillo. Todas las partes apelaron a la sentencia. Ahora la Cámara Federal de Casación Penal analiza las penas.

Otra causa que se desprende de la investigación por el homicidio aguarda su juicio oral. Pedraza, un empleado de la Oficina de Sorteos de la Cámara Federal de Casación Penal, el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid; el ex agente de inteligencia Juan José Riquelme; y el contador del gremio, Angel Staforini están procesados por presunto "cohecho y tráfico de influencias". Según esta investigación, se habría manipulado el sorteo de la causa para que recayera en la sala III de Casación. Allí Aráoz de Lamadrid, decía poder intervenir en la decisión de los jueces y lograr beneficios, como por ejemplo la excarcelación de detenidos por el crimen.

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La investigación del crimen derivó en otra causa: la del perito que adulteró la bala. En septiembre de 2013 el Tribunal Oral 16 condenó a Roberto Locles por intervenir  el proyectil que se extrajo del cuerpo del joven. Locles fue sentenciado a un año de prisión en suspenso y tres de inhabilitación.  El 22 de febrero de 2011, durante la instrucción, el Licenciado en Criminalística golpeó sobre una mesa la bala, para beneficiar a los principales imputados.