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“Hola, soy Mabel de La Plata. Me acabo de enterar de que desde febrero de 2013 la mutual me está descontando por mes ,60. Voy al banco y me dan una dirección que, ¡sorpresa!, no existe.” “Soy docente. Hace más de cinco años se perciben de mis haberes descuentos de 105,60 pesos sin razón alguna.” “Hola, soy Sandra de Morón. ¿Cómo se hace un stop debit? Hace dos años tengo descuentos de estas cooperativas y en el banco no me dan la debida atención.” “Soy portera y también estoy sufriendo descuentos de varias de estas empresas. Me dirigí al banco en busca de una posible solución, pero no hubo una de parte de ellos. Ya no sé qué hacer para que dejen de descontarme.” “Hola, yo adquirí deudas, les di número de CBU, pero ahora cambié de sucursal y me volvieron a descontar. Mi pregunta es: ¿de dónde sacaron el número nuevo de CBU de la nueva cuenta sueldo?”

Los comentarios son sólo algunos de los cientos que pueden leerse en distintas páginas de internet. Historias de personas que sacaron un crédito y hoy son estafadas por empresas fantasmas. Desesperadas, sin saber a dónde acudir, comparten sus experiencias e intentan ponerse de acuerdo. Acusan a mutuales y cooperativas de crédito que prestan “dinero al instante”. La metodología se repite en los miles de casos: se pide al cliente el número de la Clave Bancaria Unificada (CBU) y una autorización para descontar la deuda. Pero los descuentos, con intereses leoninos, se extienden meses y meses aún después de haber cancelado la deuda.

Estas estafas que se extienden a lo largo de todo el país, hoy son noticia en Chaco, donde el gobierno provincial, la Justicia y las mutuales mantienen una cruzada para regular estas operaciones y evitar los robos a trabajadores. Ayer, un abogado presentó una denuncia “estafas” ante la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 de Resistencia.

Se trata del caso de Gabriela Solange Giliu. Hace tres años, la mujer solicitó dos créditos a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo “Arraigo” Limitada, que funciona en pleno centro de la capital provincial, para lo cual dejó los datos de su cuenta bancaria. Meses después, uno de los créditos ya había sido cancelado, y el otro se lo descontaban de su cuenta aunque nunca le había llegado el dinero, según explicó su abogado. El caso no termina allí: poco después, empezaron a cobrarle una deuda por otros tres créditos que, según dice, nunca solicitó.

A principios de este año, Gabriela realizó la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, luego de lo cual dejaron de descontarle el dinero. Realizó reclamos ante la cooperativa y ante el Nuevo Banco del Chaco, donde le aseguraron que figuraban unas seis operaciones a su nombre.

El abogado Marco Antonio Molero, que representa a la víctima, radicó la denuncia por el delito de estafa previsto en el artículo 172 del Código Penal, a la vez que pidió ser admitido como parte querellante y actor civil. Según detalló a los medios, ya se trabaron embargos sobre tres cuentas de la cooperativa denunciada, dos en el Banco del Chaco y otra en la ciudad de Buenos Aires.

Intereses usureros

“Mi caso es simplemente la punta del iceberg de empleados públicos que se ven afectados por esta situación”, expresó Molero a los medios locales. “Hay, cuanto menos, cuatro formas distintas de operar: una es la modalidad legal, que es la de los créditos normales que son tomados y luego descontados. En otros, como el de mi cliente, consiste en una reproducción del crédito: tomó dos préstamos y se les descuentan seis. También están quienes detectan descuentos sin haber tomado algún tipo de crédito y finalmente, aquellos que reciben la ingrata sorpresa de descuentos de intereses lindantes a la usura”, detalló.

En la provincia de Chaco existe un decreto, el N° 2042 del 2000, que crea un “régimen de descuentos” para las deducciones pactadas entre los trabajadores estatales y las entidades de crédito. En 2012, el Gobierno provincial dictó un nuevo decreto, el N° 1082, que suspendía la carga de nuevos descuentos a empleados públicos exceptuando a las entidades gremiales, y promovió la aprobación de la ley 6.667, que ponía límites a estas operaciones. Según Diego Arévalo, subsecretario de Hacienda de la provincia, “después de este instrumento legal, el número de entidades de crédito usureras descendió de 80 a no más de 14”.

Algunas de estas entidades financieras se presentaron a la justicia provincial, que hizo lugar a una acción de amparo que hoy les permite seguir operando. La medida fue apelada y se espera una resolución del Superior Tribunal de Justicia provincial. Por su parte, el gobernador Jorge Capitanich adelantó que piensa convocar a una “audiencia pública” para debatir el problema.

Según denunció el defensor del Pueblo de la provincia, Gustavo Corregido, “hay algunos empleados públicos que están pagando 16 por ciento de interés mensual, casi el 200 por ciento anual, por un crédito, o que están siendo ejecutados -por haber sido obligados a firmar un pagaré en blanco- por una deuda que los acreedores han percibido íntegramente a través de los códigos de descuento.”