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El diputado uruguayo Luis Wilfredo Puig (Partido de la Victoria del Pueblo-Frente Amplio) pidió a la justicia argentina que investigue si las tres celdas que todavía existen en el  subsuelo del edificio que fue sede del consulado de la República Oriental del Uruguay durante la última dictadura cívico- militar, fueron usadas para mantener cautivos a detenidos-desaparecidos. La denuncia fue recibida en el juzgado N° 7 de Sebastián Casanello.

En una entrevista brindada a Télam, Puig explicó que denunció el hecho ante Casanello y le pidió que investigara si esas celdas fueron utilizadas en el marco del Plan Cóndor de Coordinación de la represión entre las dictaduras del Cono Sur.

Las celdas están ubicadas en el sótano del edificio de Av. Las Heras 1907, donde actualmente también funciona la sede de la embajada uruguaya en Argentina.

Puig, que presidió el Sindicato de trabajadores del Gas, vivió en la clandestinidad en Argentina desde 1975 y recordó que ya antes de la presentación oficial del Plan Cóndor (en octubre de 1975) “a fines de 1974 fueron secuestrados en Buenos Aires varios uruguayos a los que se los llevó clandestinamente a Uruguay y se asesinó a cinco en Canelones”.  

Esto fue publicitado por las autoridades uruguayas como una represalia por el asesinato del agregado militar uruguayo en París, el coronel Ramón Trabal. Este fue “asesinado por los propios militares”, explicó Puig.  Como hubo un sobreviviente, llegaron a la conclusión de que ya entonces había, tanto en Uruguay como en Argentina, centros clandestinos en los cuales había uruguayos detenidos previos a ser trasladados o asesinados.

El legislador también explicó que la embajada y el consulado desempeñaron un papel activo en el secuestro y asesinato de los parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz (que había sido presidente de la Cámara de Diputados hasta el golpe militar) en Buenos Aires en mayo de 1976. A estos se les retuvieron los pasaportes para que no pudieran salir del país y ser detenidos con mayor facilidad.

Puig afirmó que la gran mayoría de los uruguayos detenidos desaparecidos fueron secuestrados en Argentina.  Y agregó que el pico máximo de la represión se dio tras la apertura del centro clandestino conocido como “automotores Orletti”, donde la gran mayoría de los detenidos desaparecidos fueron uruguayos.

La denuncia de la existencia de las celdas le llegó a Puig el año pasado. Se trasladó junto a una delegación a Buenos Aires donde comprobó la existencia de las mismas y realizó la denuncia. Primero en Uruguay, donde no obtuvo respuesta, y luego en Argentina. 

Las celdas están ubicadas en el primer subsuelo del edificio emplazado en el barrio de Recoleta. En el segundo subsuelo del lugar, había una entrada al garaje, con acceso directo a las celdas.

 “Mantuvimos una muy buena reunión con el juez Sebastián Casanello a quien le informamos de lo que habíamos visto, le dimos fotos y lo informamos del contexto, de las comunicaciones permanentes durante la dictadura desde la Embajada de Buenos Aires a la Cancillería uruguaya, dándole permanente información sobre las actividades de los uruguayos residentes en Argentina”, afirmó Puig a Télam.

Puig habló con varios embajadores uruguayos que le dijeron que era un “secreto a voces” que en el consulado de Uruguay en Buenos Aires, actuaron los grupos de tareas militares orientales.

“Esas celdas, es evidente, no fueron construidas para guardar escobas. No podemos afirmar que haya existido un campo clandestino de detención ahí pero si estamos convencidos de que hay que investigarlo”, concluyó.