La Cámara baja, en plenario de comisiones, firmó esta tarde el dictamen del proyecto de fertilización asistida gratuita en todo el país, norma que será aprobada mañana en el recinto y convertida en ley.
La norma crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que incluirá las técnicas de reproducción humana asistida al Plan Médico Obligatorio (PMO). Las obras sociales, empresas de medicina prepaga y el sistema de salud pública de todo el país deberán brindar cobertura de los tratamientos de fertilización. Hoy se firmó el dictamen; los legisladores de todas las bancadas acompañaron el proyecto en una reunión de las comisiones de Salud, Familia, Presupuesto y Legislación General.
En junio de 2012 la Cámara Baja dio media sanción al proyecto por unanimidad, solo hubo cuatro abstenciones del PRO. El proyecto llegó al Senado en abril de este año y también lo aprobó pero incorporó modificaciones. Es por eso que vuelve a Diputados.
Los cambios de la Cámara Alta son dos incisos agregados al artículo 6 de la norma y otro sobre el presupuesto. Estas modificaciones están relacionados a la publicación de los centros de referencias públicos habilitados para acceder al procedimiento médico. También se agregó otro inciso que insta al Ministerio de Salud la formación de recursos humanos especializados en la temática. Y por último se incorporó el presupuesto para campañas de publicidad y concientización sobre el nuevo régimen
“La ley de fertilización asistida rompe con una situación de inequidad porque mientras los ricos y famosos pueden tener acceso a estas nuevas técnicas, los más humildes tienen que hipotecar una casa para poder tener un hijo-dijo a Infojus Noticias la presidenta de la comisión de Acción Social y Salud Pública, María Elena Chieno. Y agregó: "además, amplia los derechos de todos los ciudadanos, porque incluso las parejas homosexuales o una mujer sola van a tener la posibilidad de acceder a la fertilización asistida”.
La llegada del proyecto a Diputados se había pospuesto por el debate de las leyes de la reforma judicial enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso.