La explosión de la fábrica militar mató a siete vecinos y dejó centenares de heridos, en 1995. Un proyecto del diputado nacional Eduardo “Wado” de Pedro busca indemnizar a las víctimas. El beneficio alcanzará a más de diez mil personas. De Pedro dijo que la reparación no será completa hasta que no haya justicia.
La indemnización a las víctimas de la voladura de Río Tercero fue aprobada hoy en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa es del diputado Eduardo “Wado” de Pedro para indemnizar a los damnificados por la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero, en la que murieron siete personas.
Las indemnizaciones alcanzarán a 10691 personas y estarán dirigidas a herederos de personas fallecidas, a quienes hayan sufrido lesiones graves, daño moral y/o psíquico y a quienes hayan tenido perjuicios por daños materiales o desvalorización de las propiedades.
De Pedro aseguró hoy que los familiares y damnificados por la explosión o tendrán una "reparación completa y paz para las víctimas si la Justicia no condena a los responsables de la voladura de la fábrica". Al pronunciar un discurso en el recinto, agradeció la presencia de la Comisión de Víctimas de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero y dijo querer "reconocer en ellos a los que vienen luchando para que se haga justicia".
De todos modos, el diputado kirchnerista advirtió que "los habitantes de la ciudad saben muy bien que con esta ley y con la reapertura de la fábrica no basta, porque no habrá reparación completa y paz para las víctimas si la Justicia no condena a los responsables de la voladura de la fábrica".
"Este gobierno viene tratando de recuperar la productividad de Río Tercero, ya se han hecho fuertes inversiones y han vuelto a trabajar más de 700 trabajadores", agregó.
Para concluir, De Pedro sostuvo que "saldar esta deuda es el camino y así lo estamos haciendo para hacer feliz a nuestro pueblo y grande a la Nación".
La explosión y la Justicia
La explosión de la fábrica militar de Río Tercero el 3 de noviembre de 1995 mató a siete vecinos y dejó centenares de heridos. El expresidente Carlos Menem estuvo entre los imputados en el juicio que investigó si la explosión se trató de un atentado para borrar pruebas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995.
El procesamiento fue posible después que la Corte Suprema de Justicia revocara un fallo de la Cámara de Casación que consideraba la acción prescripta y ordenaba el cierre de la causa. Durante los primeros ocho años la justicia federal cordobesa sostuvo que se había tratado de un accidente, hasta que un nuevo peritaje oficial probó una compleja concatenación de explosiones que afectaron la ciudad y preservaron la planta y las fábricas que la rodean. Menem fue sobreseído el 12 de febrero.
La querella apeló el fallo de la Cámara Federal de Córdoba que lo sobreseyó al expresidente y al ex Jefe del Ejército Martín Antonio Balza. El escrito fue presentado por las hijas de Ana Gritti, quien falleció durante la explosión, y pide se revoquen los sobreseimientos.
La apelación resalta que la Sala A de la Cámara Federal cordobesa “ha entendido, con error, que debía operar como Tribunal Oral y ello se advierte porque la estructura del pensamiento de la mayoría apunta a “absolución o condena”. “La concepción de la autoría mediata a través del uso de una estructura organizada de poder, resulta plenamente aplicable en la especie toda vez que la estructura jerárquica de la Dirección General de Fabricaciones Militares y de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, posibilita a quien se encuentre en su vértice o cuadros jerárquicos subordinados, al uso de todo o parte de la fuera bajo su mando en la comisión de los hechos ilícitos”, dice el texto de la apelación presentada.