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El diputado Julio Solanas, del Frente para la Victoria, le había solicitado el 11 de octubre a Mario Barbieri, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que cite a Movistar “en virtud de los públicos y cuantiosos cortes en el servicio de telefonía” en diversas provincias del país. El fin de semana anterior miles de usuarios se había quedado sin servicio de voz y datos.

Como consecuencia de ese pedido, mañana a las 16 José Luis Rodríguez Zarco, director general de Relaciones institucionales de la empresa, asistirá para responder preguntas de las y los diputados que integran la comisión.

Además, en el temario de mañana, está previsto debatir dos regulaciones en materia de telefonía celular. En primer lugar, está un proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional No LLame en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Este proyecto cuenta con media sanción de Senadores.

De aprobarse, cualquier ciudadano en todo el territorio nacional podría inscribirse en ese registro para manifestar su voluntad de no recibir publicidades, ni llamados promocionales. El usuario debería re inscribirse cada dos años si desea continuar no recibiendo mensajes de texto con contenido publicitario.

El diputado entrerriano Solanas presentó un proyecto que invierte la lógica a favor de los usuarios. Es decir que las empresas no pueden enviar publicidades o promociones mientras el usuario no manifieste expresamente su voluntad de recibirlos. Esta propuesta se debatirá mañana en la comisión.

Edgardo Pontelli, asesor de Solanas, expresó a Infojus Noticias que el énfasis del proyecto -acompañado por todos los diputados del Frente para la Victoria que integran la comisión- está puesto en el “consentimiento previo y expreso antes de enviarle cualquier mensaje al cliente en vez de que sea el usuario el que se tiene dar de baja”.

El proyecto propone incorporar a ley 24.240 de defensa del consumidor un artículo que establece que será sancionado “el envío de comunicaciones comerciales o publicidades” que no hayan sido “autorizadas previa y expresamente por el destinatario”.

Los mensajes afectados por este artículo serían los que disimulen u oculten “la identidad del remitente por cuenta de quien efectúa la comunicación”, inciten “a los destinatarios a visitar páginas de Internet” y los que “envíen comunicaciones publicitarias o promocionales efectuadas por las prestadoras de telefonía móvil y/o los canales mediadores por mensaje de texto (SMS) u otro medio de comunicación equivalente”.