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El sistema carcelario nacional recibió una nueva voz de alerta por parte de la justicia. "En el sistema carcelario federal se vulneran los derechos de muchos detenidos y, lamentablemente, se consolida la tendencia del encierro preventivo. Las prisiones están llenas de personas que no tienen condena firme”, remarcó el fiscal Abel Córdoba en diálogo con Télam.

Y agregó: “El Estado debe darse una política urgente para corregir esta situación, y también para que las cárceles dejen de ser sitios en los cuales se reproducen las situaciones de crueldad”. El pasado miércoles, Procuvin difundió un informe correspondiente a la realidad por la que transitan las personas recluidas en las instituciones penales del sistema federal de Justicia.

En este relevamiento se consigna que el 57% de los detenidos carecen de una condena firme, y que en especial las mujeres y los jóvenes adultos son los grupos más vulnerables en el marco de esta problemática. Procuvin detalla que el 62% de las mujeres detenidas a disposición de jueces federales carecen de una sentencia definitiva en los delitos que se les imputan.

En el caso de los jóvenes de entre 18 y 21 años, el trabajo indica que el 79% está encerrado preventivamente, un guarismo que incluso creció dos puntos en relación a un relevamiento del año 2012. “La necesidad de elaborar estos informes es dar a conocer la situación que se vive en las cárceles. Visibilizar es el primer paso para empezar a cambiar esta realidad”, señaló el integrante del ministerio público.

Córdoba aseguró que las instituciones del Estado y la Justicia deben “incorporar nuevos paradigmas de trabajo con el propósito de corregir las violaciones a los derechos que se registran en las cárceles”. “Cuando un magistrado transita las cárceles se encuentra con un contexto alarmante en materia de derechos humanos. El maltrato, los castigos físicos y las vejaciones forman parte de lo cotidiano”, sostuvo.

En ese sentido, el fiscal interpretó que el Servicio Penitenciario Federal debe dejar de lado su formación “militarista” para convertirse en una fuerza de seguridad con otras características. "El Servicio Penitenciario debería ser una fuerza preparada para brindar garantías y permitir el acceso a los derechos de los detenidos. La militarización sólo sirve para reforzar la tendencia a la conculcación de derechos”, enfatizó.

El funcionario judicial aseveró que el latiguillo azuzado por sectores conservadores de que los delincuentes “entran por una puerta y salen por la otra” no se corresponde con la cotidianeidad del sistema carcelario. “La cárceles están superpobladas, llenas de gente que no puede acceder a los beneficios del debido proceso, con plazos procesales vencidos y esperando en medio del olvido institucional”, reseñó Córdoba.

Procuvin es un organismo dependiente de la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, creado en marzo del 2013 con el objetivo de atender las denuncias de las personas que, debido a su vulnerabilidad, son objeto de la violencia institucional. El titular de este organismo, Abel Córdoba, es un abogado de 34 años nacido en Bahía Blanca y graduado en la Universidad Nacional del Sur.

Trabajó como asesor legal de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y estuvo a cargo de la Unidad de Asistencia para causas contra el terrorismo de estado en Bahía Blanca, y desde ese lugar, formalizó varias imputaciones en los casos de violaciones a los derechos humanos que se juzgaron en esa ciudad.

Córdoba también forma parte del movimiento de Justicia Legítima, una agrupación integrada por magistrados y fiscales que impulsan una reforma en el funcionamiento y composición del Poder Judicial argentino. “Una de las razones que motivaron la creación de Justicia Legítima fue la de garantizar un acceso a derechos para todos los ciudadanos. Los funcionarios judiciales tenemos que dejar atrás el corporativismo y acercarnos a las demandas de la gente. Eso es lo que estamos debatiendo desde este espacio de reflexión”, fundamentó.