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Una nueva herramienta para el cruce de información sobre política criminal, que esta semana lanzó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, arrojó datos que impactan. El 42% de las mujeres fue víctima de violencia física y/o sexual; en 2014, había 1.142 jóvenes detenidos y el 98 por ciento eran varones argentinos. En 2010, por caso, el 34% de la población mayor de 15 años había sufrido algún delito. Y estas estadísticas son apenas la punta de un iceberg todavía hoy inconmensurable: el escenario de la criminalidad en todo el país.

Infojus Noticias dialogó con expertos en la materia para analizar cuánto puede y debe aportar este nuevo sistema de información estadística en el diseño de políticas públicas que reviertan este diagnóstico.

“La normalización de la información disponible sobre la evolución de la criminalidad es una de las tareas más urgentes que hay que encarar y en los últimos años se ha señalado con mayor importancia esto”, dijo Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). “La información disponible en las distintas provincias no siempre ha fluido con la suficiente asiduidad y continuidad. Es muy importante que el Ministerio de Justicia tome muy en serio este trabajo”, celebró.

Los estudios, que se encuentran disponibles en el sitio jus.gob.ar junto con las bases de datos, se sustentan en encuestas de victimización, estadísticas penitenciarias y judiciales, relevamientos sobre niños, niñas y adolescentes privados de la libertad y una encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres.

“La información criminal es hoy una condición necesaria para decidir políticas criminales y de seguridad, controlar la gestión de los distintos operadores, evaluar el desempeño de las políticas y los mismos operadores, y contribuir con el avance del conocimiento científico sobre el problema”, definió, taxativo, el especialista en seguridad, Diego Gorgal. “Es como que un médico le recete un medicamento a un paciente sin tener la posibilidad de hacerle análisis clínicos. Va a recetar más o menos de acuerdo a lo que ve”, agregó.

Los expertos también celebraron que la información esté disponible para cualquier persona en el sitio oficial del Ministerio. “Uno de los problemas que tenemos es que en tanto la recuperación de esa información no es amable ni rápida, no está presentada de un modo que se pueda utilizar, no ingresa en los circuitos de toma de decisiones, entonces todo se resiente. Que el Ministerio de Justicia no sólo se preocupe por activar esto que estaba lentificado, sino que además se preocupe por una presentación rápida y útil de las cifras es determinante”, dijo el titular del INECIP.

Todos insistieron, sin embargo, en que si bien este es un gran primer paso, los desafíos por delante son muchos. Torcuato Sozio, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), aportó una mirada estratégica sobre la nueva herramienta y advirtió que contar con un diagnóstico acabado, sin sumarle políticas públicas acordes, es quedarse a medio camino. “Es bueno tener estos datos, que son alarmantes pero, en paralelo, tiene que haber acciones concretas para revertir esas situaciones”, opinó el especialista. “Si tenemos 29 mil personas detenidas en 1997 y 69 mil en 2014, por ejemplo, hay algo en el sistema judicial que está fallando. ¿Por qué tenemos más del doble de personas detenidas en los últimos 17 años? Hay un problema que abordar”, remarcó Sozio.

De la información publicada, surge que la distancia entre los hechos sufridos y las denuncias realizadas, es decir, la “cifra negra” del delito asciende a un 70%. Los datos son todavía más alarmantes cuando se tratan de agresiones sexuales hacia la pareja o cuando las agresiones físicas y/o sexuales las efectúan otra persona distinta a la pareja de la víctima.

Frente a este panorama, el director ejecutivo de ADC insistió: “Criticamos que no denuncia la propia víctima, pero: ¿tenemos un Estado que garantice que sigamos ese paso y que después nuestra situación no será peor? Es un acto racional no hacer la denuncia, es un acto de defensa, estás viviendo una situación horrible y tenés miedo que la denuncia te ponga en una situación más horrible. Tenemos que tener una política de Estado que nos dé tranquilidad. Trabajemos sobre eso”.

En ese camino, Gorgal insistió en que la información debe tender a publicarse en tiempo real, o en períodos cortos de tiempo, para advertir si hay alguna anomalía en las tendencias. “Ojalá podamos ahondar en esto, en lo que estamos trabajando mucho y que es el establecimiento de una red de información que nos dé datos concretos para hacer políticas que ya tienen una cuota de ensayo y error grande. Además, si vos no tenés datos, no aprendés”, remarcó Binder.

Otras recomendaciones apuntaron hacia la construcción de las bases de datos. “Es necesario comenzar un proceso de normalización táctica de toda la información. Las estadísticas no son similares, no son los mismos los datos que usan en todos los organismos”, precisó el titular del INECIP. Gorgal, por su parte, también remarcó la importancia de contar con fuentes múltiples de información para contrastar y corroborar los datos y alentó a incorporar nuevas disciplinas en su captura para ampliar la mirada. “Es fundamental incorporar fuertemente a la víctima en estos sistemas de información y estadística criminal”, agregó.