18-11-2013|12:03|Caso Saiegh
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Es por el secuestro del exbanquero Eduardo Saiegh
El BCRA analizó una causa de lesa para autorizar la venta de una financiera
Alejandro Reynal, expresidente del BCRA durante la dictadura, pidió autorización para vender una financiera. Como está investigado por el secuestro y tortura de Eduardo Saiegh y la liquidación del Banco Latinoamericano el BCRA consultó al fiscal que interviene en la causa.
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El avance de las causas judiciales en las que se investigan crímenes de lesa humanidad tiene nuevas consecuencias. Por primera vez la investigación de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar es considerada por el Banco Central antes de autorizar la transferencia de una entidad financiera.
Se trata de MBA Lazar (Merchant Bankers Asociados), una financiera santafesina, cuyo accionista mayoritario es Alejandro Reynal, exvicepresidente del Banco Central entre 1979 y 1981 y funcionario de confianza del exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Reynal está investigado por su responsabilidad en el secuestro y torturas de Eduardo Saiegh, dueño del Banco Latinoamericano.
Saiegh fue detenido el 31 de octubre de 1980 por la División Bancos de la Policía Federal y torturado durante una semana. Durante las torturas Saiegh fue obligado a confesar crímenes inexistentes en base a los cuales el gobierno militar liquidar su banco. El Estado nacional es coquerellante en la causa en la Saiegh acusa a Reynal de haber impulsado la autoliquidación forzada de su banco.
Por ese motivo el BCRA antes de autorizar la venta de MBA Lazard consultó al fiscal que lleva la causa, Eduardo Taiano. El fiscal informó al Banco Central que Reynal es investigado por su posible responsabilidad en delitos de lesa humanidad. Al mismo tiempo sostuvo en su informe que la decisión final sobre si autorizar la venta de la financiera corresponde al Banco Central.
Eduardo Saiegh considera que su secuestro y la liquidación del Latinoamericano se decidió porque su banco era el garante de las acciones controlantes de la empresa Austral que la dictadura estatizó.
Saiegh era el único acreedor privado de la compañía. Para controlar la línea aérea efectivamente el gobierno militar tenía que hacer que el banco de Saiegh se “autoliquidara”.
"Hace 33 años que vengo denunciando todo esto y siento que no he predicado en el desierto sobre del verdadero rol de los civiles en la dictadura; más ahora, con la aparición de los archivos del terror revelados por el Gobierno, y también con el pronunciamiento del fiscal Taiano de que correspondía la reapertura de la causa del Banco Latinoamericano, por tratarse de un crimen de lesa humanidad, un criterio que fue validado por la Cámara Federal", afirmó Saiegh a la Agencia Télam.
Saiegh también sostiene que esta maniobra se debe investigar como parte de las operaciones de lavado de dinero obtenido mediante acciones de terrorismo de estado económico. De acuerdo al análisis de Saiegh el lavado se realizaba de la siguiente manera: el Banco Central inyectaba recursos en entidades financieras intervenidas. Luego, esos recursos eran sacados en efectivo bajo la supervisión de efectivos de las Fuerzas Armadas o la Policía Federal.
La semana pasada el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella se refirió al caso de Saiegh junto con el de los hermanos Iaccarino y mencionó la posible "recuperación" de las empresas que les fueron sustraídas ya que se trata de delitos "imprescriptibles, por ser delitos de lesa humanidad".
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