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El 2 de junio de 2005 se cerró el canje de deuda de un total de 81.800 millones de dólares, lo que dio origen a la creación del fideicomiso necesario para realizar los pagos al 76,07 por ciento de acreedores que ingresaron originalmente a la operación. Esa fecha fue tomada como el inicio concreto de la política de desendeudamiento que puso en marcha el ex presidente Néstor Kirchner. Ese porcentaje trepó al 92,4 por ciento en 2010, con la reapertura del canje dispuesto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En rigor, la reestructuración de deuda se había cerrado el 3 de marzo, pero una medida del juez Thomas Griesa a pedido de los fondos buitre, con Paul Singer a la cabeza, congeló el proceso de la transacción. Luego, Griesa se retractó, pero no fue sino hasta tres meses después, cuando la Cámara de Apelaciones de EEUU convalidó la posición Argentina, con la que se llevó a cabo la reestructuración de deuda más grande de la historia, que obligó al FMI a enviar un comunicado de felicitación al gobierno argentino.

Había nacido así la primera política del desendeudamiento, que incluso antes de nacer tuvo a los fondos buitre revoloteando, que interpusieron demandas por títulos en situación de default desde el 2001, que compraron esos títulos a precio de ganga a inversores que no creían que el gobierno argentino podía cumplir con el nuevo compromiso de pago asumido con el canje.

La lección de Perú

El fideicomiso tiene una curiosa historia: se gestó a prueba de buitres, con los antecedentes del caso de Elliott -nuevamente-, contra Perú, a principios de la década del 2000. Perú había tenido un embargo en sus cuentas de Nueva York, en plena operación de canje de bonos Brady, y el entonces ex presidente Alberto Fujimori, decidió arreglar con los fondos buitre para liberar los pagos.

Mucho se dijo de lo irregular de dicha operación, hasta el Congreso peruano inició una investigación con serias acusaciones hacia Fujimori, a quien le encontraron conexión con los fondos buitre. También se denunció que la liberación de los pagos se produjo sospechosamente días antes de que el ex presidente planeara fugarse a Japón, en medio de su escándalo de corrupción.

El ex presidente de Perú necesitaba, para fugarse cómodamente en su avión presidencial, el camino liberado de eventuales embargos a la aeronave.

Por este antecedente, Argentina buscó un mecanismo de pago indirecto, a través del cual el Estado argentino paga en suelo argentino a los acreedores externos y luego se realiza el reparto entre las cuentas de los mismos desperdigadas por el mundo, precisamente para evitar cualquier interpretación ni quedar a merced de cualquier legislación internacional, que pudiera perjudicar los pagos a los acreedores.

El sistema legal internacional

Como en todo fideicomiso, se buscó un intermediario y agente de pago, que resultó ser el Bank of New York. La elección del Bank of New York merece otro capítulo aparte, debido a que a fines de 2004 la operación de canje estuvo a punto de naufragar, entre otras cuestiones, debido a que a nivel internacional nadie apostaba al éxito de la operación argentina. Este problema casi le cuesta el puesto al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna.

El éxito del canje de deuda tuvo mucho que ver con estos resguardos en el pago, y motivó que los acreedores pidieran la reapertura del canje 2010, que realizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través del cual se logró reunir una mayoría de un 92,4 por ciento, que aceptó las condiciones de la Argentina y siguió cobrando a través del fideicomiso.

Este fideicomiso funcionó sin problemas, por exactamente 9 años, hasta que el 16 junio de 2014 la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a tratar una apelación de la Argentina, lo que activó la ejecución de una medida de Griesa, de febrero del 2012, que resultó tan controvertida a nivel jurídico internacional que motivó que el Financial Times bautizara el caso como "El juicio del Siglo".

La falta de un sistema legal internacional para la resolución de quiebras de países provocó que la Argentina quedara sometida a juicio permanente desde el default del 2001.

De ese vacío legal también fue víctima Griesa quien, impotente para poner punto final a la controversia, forzó una interpretación inédita de tratamiento igualitario de los acreedores, y determinó que si no cobraban los demandantes (el 100%), el resto no cobraba. Le prohibió, además, al BONY y a cualquier intermediario, ayudar a la Argentina a evadir su sentencia, algo que resultó un abuso de autoridad y un ultraje a la soberanía nacional.

Así, el fideicomiso quedó en una suerte de limbo legal, la Argentina fue declarada en desacato, y los bonistas internacionales el canje se ven limitados de cobrar los pagos que realiza la Argentina.

Con todo, Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Axel Kicillof, resistieron la presión de Griesa y los fondos buitre, y lograron evitar un problema mayor: sumar a la cuenta de deuda externa argentina la friolera de al menos unos 120.000 millones de dólares.

Expiró la cláusula RUFO en diciembre de 2014, y el Estado argentino tiene mejores condiciones para negociar con los holdouts, de manera "justa, equitativa, y soberana" pero aún es una incógnita cuánto reclaman.

Lo único concreto es que la deuda en default nominal (sin contar intereses) es de cerca de U$S 6.000 millones y que Griesa ordenó un fallo para el 1 por ciento de acreedores del canje, para que cobren el 100 por ciento más intereses (hoy serían 1.700 millones de dólares).

Este último viernes, Griesa convocó una audiencia, con los los "me too", con el motivo de tener una cuenta final, que en términos de dicho fallo, y con "los otros mee too", ascendería a 25.000 millones de dólares. La demora de Griesa en una definición de la deuda holdout resulta funcional a los tiempos de los fondos buitre, quienes especulan con tiempos electorales para sacar provecho de su sentencia.

Télam/PW