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El plenario del Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti. Está acusado de haber pertenecido a la Triple A y de haberse desempeñado como agente de inteligencia durante la última dictadura. Los únicos que votaron en contra de la resolución fueron los jueces Leonidas Moldes y Luis Cabral. El abogado Miguel Piedecasas y el diputado Héctor Recalde oficiarán de acusadores en el juicio.

La sala de plenarios, ubicada en el segundo piso del edificio de la calle Libertad al 700 estaba colmada. Desde Bahía Blanca habían llegado empleados judiciales y afiliados del gremio de judiciales con carteles que pedían el juicio político al magistrado. El consejero académico Jorge Candis fue uno de los primeros en hablar  y explicó que el juez bahiense tuvo un “reiterado incumplimiento de la Constitución Nacional”.

Además recordó algunas partes del dictamen de 88 páginas que llegó al Consejo en el que se proponía el inicio del jury por mal desempeño. “Replicó la matriz militar”, dijo y recordó que Montezanti en el tribunal tenía una especie de código ITS que significa “inútil en todo sentido” y con el que calificaba a los empleados. “Implementó un sistema de inteligencia y espionaje con los trabajadores y funcionarios”, agregó.

El dictamen aprobado, impulsado por el secretario de Justicia Julián Álvarez, le endilga al magistrado “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos”. Además de “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” y el hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes” e incluso con los consejeros.

“Trae seguridad y paz a la sociedad”, dijo el diputado radical Gustavo Valdés antes de votar a favor iniciarle un jury. “Lamento que no me acompañen mis colegas” dijo la jueza Laboral y presidenta del Consejo, Gabriela Vázquez, en referencia a Moldes y Cabral. Once a dos fue el final de la votación a favor del juicio político. Y la sala explotó en aplausos y gritos.

En Bahía Blanca, Montezanti enfrenta investigaciones por delitos de lesa humanidad y la semana pasada el juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos padilla lo declaró en rebeldía después de que el ex agente de Inteligencia del Ejército no se presentara a dar declaración indagatoria por tercera vez.

Otras decisiones

Por otra parte, el plenario aprobó por unanimidad un dictamen donde se desestima una denuncia contra el juez de la Seguridad Social, Luis Herrero, quien fue denunciado por el diputado y ex consejero Carlos Moreno que lo acusó por mal desempeño en sus funciones, por declaraciones que dio al diario Página/12.

La denuncia fue desestimada por un dictamen presentado por el diputado Recalde que durante la reunión dijo que “Clarin mintió” porque había publicado que la denuncia contra el juez había sido presentada por Recalde.

Además los consejeros aprobaron la designación de un representante del organismo ante la Comisión de Seguimiento de la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Se trata de Juan Mahiques, asesor de la abogada Adriana Donato.

Lo que quedó para el próximo plenario

El plenario debía también analiza el caso del juez federal de Quilmes, Luis Armella. Allí llegaron dos dictámenes, uno de mayoría que propone iniciarle juicio político, impulsado por Alvarez y el académico Jorge Candis, y otro de minoría que propone desestimar la denuncia, presentado por el juez Leónidas Moldes. Sin embargo los consejeros postergaron su tratamiento para el próximo plenario pautado para el 1 de octubre.

Armella, ayer presentó un escrito ante el Consejo donde “pidió el archivo de las actuaciones” porque consideró que los fundamentos del dictamen que propone el inicio del proceso de enjuiciamiento en su contra sería “inconsistente y falaz”. Además cuestionó que se lo haya tildado de “chorro” durante la reunión de la comisión de Disciplina en la que se aprobó aquel dictamen.

El dictamen de mayoría se resalta, entre otros cargos, que Armella realizó “un uso abusivo de las facultades delegadas por la Corte” en la causa por el saneamiento del Riachuelo (causa Mendoza) “con el objeto de favorecer a sociedades integrantes de un mismo grupo económico, vinculado comercialmente con su esposa y su suegro”.

Lo mismo pasó con los concursos, que se tratarán en  el próximo plenario. Ese dia, entre otros, se intentarán aprobar los destinados a cubrir cuatro vacantes en el máximo tribunal penal del país: la Cámara Federal de Casación Penal; un cargo en la sala I de la Cámara Federal; dos en la Cámara Federal en lo Civil y Comercial y otros cinco en la primera instancia de ese mismo fuero.

A ellos se suman los concursos para un cargo en la Cámara Federal de Rosario, en la sala A; otro para el juzgado Federal de San Rafael; dos vacantes en los juzgados Federales de Moron; en el juzgado Federal de San Isidro; en el de Venado Tuerto y, finalmente, otros seis cargos vacantes en la Cámara del Trabajo.

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