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Con la nueva resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas se abrió un frente de disputa internacional en materia política, jurídica y financiera. Una abrumadora mayoría de países decidió dedicar buena parte del próximo período de sesiones ordinarias del foro global más importante del mundo para elaborar y aprobar “un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana”.

El puntapié inicial para el debate fue el conflicto de Argentina con los fondos buitre. Pero este escenario trasciende las fronteras incluso del continente y pone en crisis a los organismos que tradicionalmente llevaron adelante las negociaciones, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Cómo será el camino que podría conducir a una convención internacional sin precedentes? 

La resolución de ayer declaró la necesidad de crear un marco legal para regular los procesos de reestructuración de deuda soberana. Antes de fin de año se debe definir la modalidad de trabajo con la que se realizará el debate durante el año que viene. Pero para llegar al pleno de la Asamblea General, la propuesta puede tratarse en una comisión especial creada específicamente, o en alguna de las seis comisiones permanentes de la ONU que trabajan asuntos económicos y financieros.

El canciller Héctor Timerman anticipó que la Argentina presentará una iniciativa concreta en noviembre, una vez consensuada con sus aliados más cercanos. La propuesta será evaluada durante el 69º período de sesiones de la Asamblea General, que se abrirá en una cumbre de presidentes este 24 de septiembre. El texto final podría tener forma de convención internacional, de directiva o de ley modelo, entre otras variantes. Lo deseable es que se convierta en convención, ya que sería vinculante para los Estados que la firmen y ratifiquen.

Un nuevo marco legal para las reestructuraciones de deuda soberana podría tener un gran impacto en el mercado global de deuda pública. Si se aprobara una convención o directiva internacional, y los países que acompañaron la resolución de ayer adhirieran a la nueva normativa, aquellas potencias que rechazaron la propuesta podrían dejar de tener las plazas financieras más importantes.

Como la disposición protegería a las reestructuraciones soberanas de los fondos especulativos, si Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y Alemania le dieran la espalda, la mayoría de los Estados dejarían de someter sus reestructuraciones a la legislación y jurisdicción de esos países. Así, varias potencias financieras globales perderían un alto flujo de fondos que circula por sus mercados.

El proyecto argentino aún no está finalizado, pero en líneas generales pretende evitar que un sector minoritario de acreedores afecte a los procesos de renegociación y reestructuración de deuda en los que la mayoría de los bonistas accede a nuevas condiciones. Eso implicaría que en procesos como el argentino, reclamos como el de los fondos buitre no afectaría al resto de los tenedores de deuda que sí ingresaron a los canjes.

El 92,4 por ciento de los acreedores originales de la Argentina ingresó a los canjes de 2005 y 2010, pero hoy los afecta una medida judicial en Estados Unidos que favorece a los fondos buitre. Se propone que se aplique una lógica similar a la de la quiebra de las empresas privadas: si un porcentaje (el 66 por ciento en Argentina) de los acreedores accede a las nuevas condiciones, el acuerdo se vuelve obligatorio para todos –incluso para la minoría que lo rechaza–.

El proyecto también establecería una base legal para que se respete la soberanía de los Estados, y no se pueda ver afectada por resoluciones como la del juez estadounidense Thomas Griesa, que condiciona la situación crediticia de la Argentina mediante una resolución “arbitraria e ilegal”.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la Argentina “no está aislada del mundo” y destacó que “los argentinos nos debemos sentir muy orgullosos” porque el país “ha sentado doctrina” a nivel internacional en torno a la reestructuración de deudas. Sostuvo que la resolución “más que un triunfo de este país es de la dignidad de los pueblos”, y explicó que “de esto no depende el futuro de la Argentina sino el de todo el planeta”.

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, apoyó la iniciativa argentina para crear una convención internacional y afirmó que viene a llenar “un vacío clave en la arquitectura financiera internacional”. Y rechazó la incidencia de distintas jurisdicciones sobre la deuda soberana de un país, porque “con múltiples jurisdicciones tenemos potencial para el caos”.

El boliviano Llorenty, al presentar la iniciativa, explicó que “hoy le toca a la Argentina, pero muchos países en desarrollo o desarrollados han sufrido la misma conducta depredadora y continuará sucediendo si no actuamos ahora”. Y agregó que “la Argentina le ha abierto los ojos al mundo y ha ubicado a la Asamblea General en el escenario que corresponde para discutir y debatir los temas más importantes”.

El voto negativo de Estados Unidos fue explicado por su representante Terri Robi, que rechazó un nuevo mecanismo legal porque “crearía incertidumbre”. Aunque al comienzo de la reunión los países que se inclinaban por la negativa eran más de 40, en la votación final ese número se redujo a 11. Muchos de los votos que iban a ser negativos, se inclinaron por la abstención, y no obstruyeron el proceso que recibió un apoyo abrumador.

“Es histórico que en las Naciones Unidas hayan tomado el caso de la Argentina y, con la mayoría de los países del mundo, se vaya a hacer un sistema para que lo de los fondos buitre no pueda volver a pasar”, explicó el ministro de Economía, Axel Kicillof. La embajadora argentina ante Naciones Unidas, María Cristina Perceval, sostuvo que la votación “proclamó la soberanía de los países” que integran el organismo internacional, y destacó el logro “tras doce años de intentos de debate en la comunidad internacional”.