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Guido pasó cinco horas en los brazos de su madre antes de que se lo arrancaran para siempre. Cuando volvió a La Cacha, les dijo a algunos de sus compañeros de cautiverio que la habían llevado a parir lejos de ahí, a un lugar que podía ser un Hospital Militar. Aunque la familia Carlotto declaró públicamente que el hombre y la mujer que lo criaron, eran gente sencilla, que no tenía vínculos con el Terrorismo de Estado, será en una causa judicial del fuero federal donde se investigarán los hechos y las motivaciones que rodearon, hace 36 años, su apropiación: cómo fue que el niño, que nació –aparentemente- en un hospital militar fue a dar con una pareja de puesteros en un campo de Olavarría.

Aunque parezca extraño, la causa judicial que investigará ese nexo y la forma en la que llegó hasta su familia adoptiva, comenzó en 1982. Ese año, un grupo de abuelas presentaron una denuncia en el juzgado de Servini de Cubría. Ese expediente fue acumulando, con el tiempo, presentaciones, investigaciones, hipótesis, pistas muertas, líneas de investigación bloqueadas. Pero era un expediente tan grande y tan diverso que los abogados de Abuelas, en el año 1998 y luego de relatos nuevos de ex detenidos con La Cacha, pidieron que se formara un expediente por separado –que en la jerga judicial se denomina “legajo”- donde se investigara específicamente la búsqueda de Guido. Se abrió el expedeinte 10.409/1998 con la carátula “Minicucci, Federico Antonio s/privación ilegal de la libertad (art. 144 bis)”. Allí se siguieron las hipótesis que surgían de las denuncias anónimas, testimonios de sobrevivientes, o las investigaciones de la propia organización.

Ahora, el informe del Banco Nacional de Datos Genéticos con el resultado del análisis de ADN que confirmó con un 99,9% de certeza de que se trata del hijo de Laura Carlotto y de Walmir Oscar Montoya, ya está adjunta en esa causa. Según las fuentes judiciales consultadas por Infojus Noticias, en ese expediente deberá declarar ahora Guido, y se investigarán las responsabilidades penales –el delito es secuestro, retención y ocultamiento de menor de 10 años- de los padres adoptivos, el entregador –la persona que lo llevó hasta su casa-, y médicos y parteras, si es que conocían el origen del niño. Además, ahora entran nuevas víctimas al expediente: la familia paterna, cuya confirmación –ayer, con los resultados del análisis- los incluyen automáticamente en la causa. Desde el juzgado se pusieron en contacto con ellos y ahora resta saber si se presentarán como querellantes.

Servini de Cubría, que intervino en otras 13 restituciones, ahora deberá corroborar si la versión que tiene el propio Guido, que hizo cuando hizo la presentación espontánea el 24 de julio pasado, es certera. Y si hay militares, médicos o civiles cercanos que deberán pagar por haber sometido a Guido durante tantos años a una vida que no era la suya.