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El plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable sobre el proyecto que regula la responsabilidad del Estado ante demandas judiciales. Quedó así en condiciones de ser debatido el miércoles de la próxima semana.

Luego de retomar la reunión tras el cuarto intermedio al que se pasó a las 14.30, el plenario avanzó con la firma de un dictamen de mayoría del Frente Para la Victoria y sus aliados, y al menos seis de minoría del arco opositor, pese a que el kirchnerismo había aceptado algunas propuestas de modificación de otros bloques.

El proyecto establece que las disposiciones del Código Civil no se pueden aplicar al Estado de "manera directa o subsidiaria" y establece que las demandas deberán estar sujetas a los fueros específicos como el Contencioso Administrativo.  De todos modos, el dictamen definitivo contempló cambios al proyecto impulsado por el Gobierno que fueron canalizados por el diputado Héctor Recalde a pedido del bloque Unidad Popular, para que esta ley no se aplique al Estado en su carácter de empleador.

Además se modificó el artículo tercero en lo referido a la prescripción cuando se trata del Estado como demandado, que pasó de dos a tres años. Algunos legisladores pretendían que se extendiera también el plazo de la prescripción de causas contra los funcionarios y agentes públicos, que finalmente quedó en dos años, lo que motivó que varios bloques optaran por firmar dictámenes en minoría.  También se modificó el artículo noveno de la iniciativa del Ejecutivo, que dice que "la actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hacen
responsables de los daños que causen". En este caso se suprimió el término "culpa" y se dejó solamente el concepto de "dolo".

Los dictámenes se firmaron a un día de que se venza el plazo para emitirlos, en una reunión que se inició ayer poco después de las 11.30 y que luego de tres horas de debate pasó a un cuarto intermedio hasta las 20. Es que durante la tarde los diputados participaron de la reunión de la comisión bicameral que trata la reforma del Código Civil y Comercial, donde expusieron el ministro de Justicia Julio Alak y el viceministro Julián Alvarez.

En su primera etapa, el debate del proyecto de Responsabilidad Civil del Estado se caracterizó por tramos muy
interesantes de intercambio entre el oficialismo y la oposición con discursos centrados sobre si es necesario una ley especial de adhesión o su inclusión en el Código Civil y Comercial que regula las relaciones privadas entre las personas.
El proyecto promovido por el Frente para la Victoria fue defendido por la diputada bonaerense Graciela Giannettasio, quien planteó que el Estado "no se rige por las normas del derecho privado" sino que debe tener una mirada específica que se la otorga el fuero Contencioso Administrativo.

"El Estado no se rige por normas privadas sino por normas propias porque estamos hablando de un Poder como el Estado y por eso nosotros creemos que debe estar en una ley especial sobre la responsabilidad del Estado ante las demandas judiciales".  Giannettasio destacó que para eso "tenemos una especificidad como el fuero Contencioso creado para estas contiendas" y dijo que cuando el Estado debe ser sancionado por otros incumplimientos, como pasó con el caso de la cuenca Riachuelo-Matanza, la Corte Suprema intervino porque "ahí se vulneraban aspectos constitucionales sobre el medio ambiente".

La diputada de Coalición Cívica Elisa "Lilita" Carrió se mostró de acuerdo con una ley especial, pero presentó una propuesta basada en los pactos internacionales de la Constitución Nacional. Dijo que su propuesta se basa en el "derecho reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto el Estado argentino se ha comprometido a garantizarle a las personas, la posibilidad de perseguir judicialmente, una indemnización del daño sufrido como consecuencia de acciones u omisiones del Estado y sus agentes".

Por su parte, el diputado Pablo Tonelli opinó que "no hay ningún motivo" para hacer una ley especial y dijo que no "hace
falta ninguna ley y solo alcanza con incorporar los artículos diseñados por los juristas".