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Cuando la encontraron muerta en una esquina de Pilar, Belén Morán llevaba en su cartera la orden de prohibición para que su ex pareja no se le acerque. Fue uno de los 233 femicidios de los primeros diez meses de este año contabilizados por la Casa del Encuentro. Según el mismo reporte, 15 de esas víctimas habían denunciado al maltratador, 13 tenían orden de restricción de acercamiento del violento, como Belén. La senadora por el Frente para la Victoria (FpV), Sigrid Kunath, presentó un proyecto de ley que propone tipificar en el Código Penal la desobediencia de resoluciones judiciales dictadas en casos en de víctimas de violencia machista. La iniciativa prevé 60 días de detención para quien incumpla estas medidas.

“Buscamos que haya una sanción especifica frente al incumplimiento de medidas cautelares relacionadas a casos de violencia de género. Muchos funcionarios no visualizan este tipo de violencia como un delito. Por eso, queremos plantear que las desobediencias frente a resoluciones judiciales merecen ser sancionadas”, dijo Kunath a Infojus Noticias.

A su vez, la senadora nacional por Entre Ríos explicó que la “idea viene de la mano de otra propuesta que tiene media sanción del Senado y que pretende impedir que se utilice la probation en casos en los que mediare la violencia de género”.

“Se trata del derecho que tienen las personas a vivir sin violencias. Estos temas han tenido mucha más visibilización y la sociedad organizada ya dejó en claro que pretende vivir de otra manera, pero tenemos que seguir avanzando con propuestas como esta”, planteó Kunath.

El proyecto sugiere la incorporación de un párrafo al artículo 239 del Código Penal vigente. Este artículo plantea que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”. El párrafo que propone la senadora entrerriana señala: “si la orden desobedecida fuera una resolución judicial que tuviera por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de la víctima, dictada en el marco de un proceso en el que existiera una denuncia por violencia de género contra la mujer el mínimo de la pena se elevará a 60 días”.

La idea fue presentada en el Congreso el último 28 de octubre. Y ya fue girada a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Banca de la Mujer del Senado. Además de Kunath, lleva la firma del senador Rodolfo Urtubey.

En los argumentos, el proyecto señala que los primeros 60 a 180 días luego de producido el primer intento de corte de vínculo es el momento más riesgoso para las mujeres. Para el agresor, “en ese momento se derrumban sus modelos culturales patriarcales” (…) por lo que puede llevarlo a querer cobrar una suerte de represalia que a menudo terminan en femicidios”.  La iniciativa propone poner el foco en esta etapa que define como “pre-femicida”.

En las páginas de la iniciativa la autora cita los tratados internacionales a los que adhiere el país en materia de la lucha contra la violencia machista y las legislaciones que impulsó el gobierno en los últimos años como la ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo señala la responsabilidad y el compromiso del Estado argentino de brindar a la mujer una protección especial. Y nombra fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que siguen la misma línea. 

MFA/LC