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Los fiscales de La Plata Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández ampliaron la imputación contra el ex juez federal Rafael Sarmiento, procesado por un caso de privación ilegal de la libertad durante la última dictadura cívico militar y solicitaron que "se lo indague por su responsabilidad en otras tres detenciones ilegales", informó la agencia Télam. Sarmiento fue procesado el mes pasado por la Cámara Federal de La Plata por la privación ilegal de la libertad del ex ministro de Economía bonaerense, Ramón Miralles, secuestrado el 23 de junio de 1977 en la sede del Juzgado Federal 2 de la Capital Federal, por entonces a cargo del imputado, informa el sitio "www.fiscales.gob.ar".

Miralles estaba en Brasil cuando le informaron que la policía bonaerense había secuestrado a sus hijos, a dos hermanos, a su mujer y a la empleada doméstica. Entonces regresó a la Argentina y se presentó al juez Sarmiento con un habeas corpus. En los días siguientes volvió al juzgado: quería saber si el trámite había avanzado, si había novedades. La última vez que estuvo ahí le informaron que Ramón Camps, al frente de la policía de la provincia de Buenos Aires, había llamado al juzgado y que Miralles debía presentarse a declarar por un expediente. Sarmiento llamó al jefe de la Brigada de Avellaneda -Rómulo Ferranti, exalumno suyo en la Escuela Superior- para que lo llevara. Miralles fue a parar a un centro clandestino -COT I Martínez- bajo la ´robita de la policía, donde fue torturado.

En la presentación realizada ante el juez federal platense Humberto Blanco, los fiscales imputaron ahora a Sarmiento los casos de Carlos y Julio Miralles y de Luisa Villar. Los fiscales sostienen que el ex juez "no sólo entregó a Miralles a la misma fuerza que lo perseguía, sino que además omitió realizar las averiguaciones correspondientes respecto de los secuestros que por medio de ese habeas corpus se le estaban informando". Según constancias de la investigación, Miralles fue retirado de los tribunales en calidad de detenido por el comisario de la Policía bonaerense Rómulo Ferranti, quien luego se ocupó del ingreso de la víctima al circuito de centros clandestinos de detención que dependía de la jefatura policial, a cargo del represor Ramón Camps.

Los representantes del Ministerio Público imputaron al ex magistrado la figura del Código Penal que sanciona al "funcionario competente que teniendo noticias de una detención ilegal, omitiere, retardare o rehusare hacerla cesar o dar cuenta a la autoridad que deba resolver". En esa línea, los fiscales remarcaron que "Sarmiento incumplió el procedimiento establecido por ley, al no disponer la realización de ninguna medida investigativa respecto de esas detenciones, o cuanto menos, la comunicación del hecho denunciado al juez que creyera competente para intervenir". Además remarcaron que quedó documentado en la causa que "una vez concretada la entrega de Ramón Miralles al comisario Rómulo Ferranti, Rafael Sarmiento archivó sin más trámite la causa", y "negó a los familiares del denunciante aún detenidos la posibilidad de una intervención judicial que los sacara de la clandestinidad". El informe recuerda finalmente que "tanto Ramón Miralles como sus hijos y su nuera recuperaron la libertad, tras haber pasado por distintos centros clandestinos de detención que funcionaron en La Plata y la zona sur del Gran Buenos Aires, donde fueron torturados".