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Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y su colaborador Omar Gabriel Orsi apelaron hoy el procesamiento que dispuso el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi el lunes pasado. El magistrado los acusa de perjudicar deliberadamente la investigación por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez. Gonella afirmó que la resolución "es endeble, arbitraria y vergonzosa" porque omite pruebas objetivas y sólo se basa en recortes periodísticos contradictorios.

“Es arbitraria porque omite tratar cuestiones fundamentales de nuestra línea de defensa, las evita sin ninguna explicación”, explicó el fiscal este lunes. Y detalló que entre la prueba omitida está el testimonio clave de cuatro secretarios y funcionarios de la fiscalía que llevaba el expediente. La denuncia contra Báez y los financistas Federico Eláskar y Leonardo Fariña fue presentada por la diputada nacional Elisa Carrió, el activista Fernando Míguez y el abogado Ricardo Monner Sans (ambos en representación de dos ONGs), que llevaron un informe televisivo ante la justicia.

El fiscal Guillermo Marijuan tenía que instruir la causa. Como estaba de licencia, sus secretarios trabajaron con el fiscal subrogante Ramiro González. Desde esa fiscalía le solicitaron intervención a la oficina de Gonella para contar con herramientas técnicas específicas del área de lavado de dinero y criminalidad económica.

“Tramitamos esta y todas las causas en base a protocolos de actuación que tienen que ver con los parámetros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, detalló Gonella. Dijo a Infojus Noticias que explicó esos procedimientos al juez Martínez de Giorgi para que entendiera cómo es el procedimiento habitual de la fiscalía especializada. “Formulamos requerimientos sobre la base de información objetiva, es un trabajo más específico que el de cualquier fiscalía”.

“Un expediente oscuro”

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, respaldó al fiscal antilavado el martes en el brindis de fin de año de Justicia Legítima, y dijo que el procesamiento "nunca podría haber ocurrido con el nuevo Código (Procesal Penal), porque debería haberse realizado una audiencia donde todos hubiéramos visto que hubo cuatro testigos, secretarios de la fiscalía donde tramita el expediente, que dijeron que no recibieron una orden de Gonella de excluir a Báez de la imputación".

Explicó que el expediente tramita hace dos años y que el fiscal antilavado apenas intervino durante 48 horas, y que el requerimiento de instrucción fue firmado por un fiscal federal que no está “ni acusado, ni procesado, ni se lo quiso traer como testigo, cuando sería una persona de lo más relevante para escuchar”, refiriéndose a Ramiro González. Afirmó que “el sesgo de esta causa es evidente y manifiesto” y aseguró que sólo pudo suceder “en un expediente oscuro”, donde “se plantea el escenario que conviene”.

Más tarde, en el brindis, Garrigós dijo que cada vez que se busca atacar a un operador judicial se lo vincula con Justicia Legítima, “la agrupación en la que participa la procuradora Gils Carbó”, y agregó que “ahora también Carlos Gonella, que también tiene el pecado de ser de Justicia Legítima”. Los presentes estallaron en aplausos, en señal de acompañamiento al fiscal que más dinero lleva decomisado en causas de lavado del narcotráfico, trata de personas y criminalidad económica.