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A fines del año pasado María anotó a su hijo en un jardín mediante el sistema de inscripción online del gobierno de la Ciudad. Ella vive en un hotel familiar en el barrio de San Telmo y, como trabaja todo el día, necesitaba una escuela de jornada completa cerca de su casa. El 17 de diciembre le dijeron que no había vacantes para el niño. Ahora, después de cinco meses de presentar un amparo, la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario ordenó al gobierno porteño asegurar una vacante para el niño.

Cuando vio que su hijo no estaba en la lista de los chicos ingresantes al jardín, María intentó presentar una nota para reclamar en el GCBA pero la rechazaron en todas las mesas de entrada. Le decían que no se encontraban autorizados a recibir notas. Por eso presentó un amparo en la justicia pidiendo la “inconstitucionalidad de los hechos, actos, disposiciones, resoluciones y/o procedimientos que rechazaron la inscripción de su hijo que ahora se reclama”.

En marzo pasado, el juez de primera instancia, Guillermo Scheibler, hizo lugar a una medida cautelar en este amparo y ordenó al gobierno porteño que otorgue la vacante al niño en una sala de dos años en alguna de las escuelas pedidas por la mujer o “en caso de imposible cumplimiento, lleve a cabo las medidas pertinentes para asegurar tal vacante en alguna institución de todo el sistema educativo”.

El gobierno porteño apeló la medida cautelar porque cumplir con ella significaba, a su parecer, “violar el régimen establecido para la asignación de vacantes conculcando el derecho de otros miembros de la comunidad”. También argumentó que Scheibler “invadió competencias propias de la Administración” porque atentó “contra el mecanismo de frenos y contrapesos sobre el cual se asienta el sistema republicano de gobierno atentó”.

Pero la sala II de la Cámara Contencioso, Administrativo y Tributaria porteña, con las firmas de Esteban Centanaro, Mabel Daniele y Fernando Juan Lima, rechazó la apelación del gobierno de la Ciudad y confirmaron la orden de otorgar la vacante al nene.

Para los jueces “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”.