Apeló la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que había rechazado un planteo del gobierno PRO para equipar a la policía con esas armas.
El gobierno porteño apeló la sentencia de Cámara de lo Contencioso Administrativo que prohíbe el uso de las Taser, las armas de electrochoque con las que Macri quiso dotar a la Policía Metropolitana. En julio de 2010, el Juzgado N° 9 prohibió el uso de las pistolas, a raíz de una presentación del Observatorio de Derechos Humanos (ODH). La decisión la confirmó la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, el mes pasado, pero el macrismo respondió con un recurso de inconstitucionalidad. También lo fundan en la división de poderes.
En su resolución, los camaristas consideraron que el uso de las Taser X26 “puede derivar en una acción cruel, inhumana y degradante para la condición humana”, lo que “impone extremar los medios de prueba tendientes a desvirtuarlo.” Los jueces tuvieron en cuenta mandatos constitucionales y recomendaciones de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional, que consideran estas armas como “una forma de tortura que puede causar, en ciertos casos, la muerte de las personas”.
“El fallo remarca lo que sería la utilización de neo picanas en el contexto histórico de nuestro país”, señaló Konfino. “La jueza Danas de primera instancia incluso dice ‘nunca más tortura en Argentina’, y el de segunda instancia hace una expresa referencia a que en nuestra historia reciente, cualquier elemento que pueda causar un trato degradante debe tener los máximos recaudos”, explicó. “Insistir con un elemento que está demostrado que puede causar tortura, va hacia la mano dura, que va en contra de la seguridad pública. Imaginemos lo que habría sido la utilización de Taser en la represión en el Hospital Borda”, apuntó el abogado de Derechos Humanos.
Argentina adhirió a acuerdos internacionales que desaprueban el uso de las armas tipo Taser, utilizada en más de 40 países. Para los organismos internaciones este tipo de armamento puede lesionar derechos como la vida, la integridad física y la salud de las personas. En el país, ninguna fuerza de seguridad emplea armas de electrochoque por decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación.