Infojus Noticias

Para el Gobierno de la Ciudad, la calle cerrada por Clarín no afecta “derechos o garantías constitucionales”. Las autoridades porteñas pidieron a la jueza Lidia Lago que rechace el amparo solicitado por legisladores porteños y vecinos de la Villa 21-24, para pedir la destrucción del muro de la calle Hilario Ascasubi al 3200. El paredón convierte la calle en un estacionamiento privado de Clarín y cierra el paso a los peatones. “Vamos a insistir hasta la demolición del muro que discrimina y perjudica a las familias del barrio", expresó la legisladora María Elena Naddeo.

El Gobierno porteño respondió que los legisladores Aníbal Ibarra y Naddeo “carecen de legitimación procesal por cuanto no han demostrado que se produzca un perjuicio personal, concreto y directo”, y expresó que “no se pueden atribuir la adecuada representación de otros vecinos”. En un comunicado de prensa, los legisladores repudiaron la respuesta del Gobierno porteño y recordaron que el amparo lo pidieron en conjunto con “Luis Otazo representante barrial y habitante de la villa 21-24 de Barracas”. Según pudo comprobar Infojus Noticias, el domicilio de Otazo que figura en el expediente es Luna 1599, en el límite con la villa y a sólo seis cuadras de Ascasubi.

El muro data de los ’90, cuando se instaló allí la planta impresora de Clarín. Primero existió un alambrado, después llegó la construcción, que convirtió la calle en un estacionamiento privado de la empresa. Desde entonces, los vecinos de la Villa 21-24 deben utilizar caminos alternativos, menos iluminados y linderos con el Riachuelo. En ese tramo se ubica una de las centrales de electricidad de la zona. Ante los cortes de luz reiterados, los empleados de Edesur manifestaron no poder solucionar los problemas sin tener acceso a la calle.

Ibarra, Naddeo y Otazo presentaron una acción de amparo luego de realizar pedidos de informes en los que el Gobierno de la Ciudad respondió que nunca había autorizado el cierre de la calle. En el escrito, que quedó radicado ante el Juzgado Contencioso Administrativo Tributario N°12, los amparistas plantean que “la construcción de este muro denota una acto de discriminación y segregación para los vecinos que habitan el lugar y que se ven impedidos de circular libremente, acceder a la escuela, a los centros de salud, encontrándose en peligro en los casos de emergencias ya que complica en grado extremo el tránsito vehicular".

Por su parte, Naddeo señaló que "la respuesta del gobierno de la Ciudad muestra su perfil insensible y burocrático”, y consideró que “los funcionarios tendrían que escandalizarse ante el cierre de una calle hecho por particulares. En cambio, especulan y minimizan el problema”. El ex jefe de Gobierno porteño y actual legislador por la Ciudad, Aníbal Ibarra, dijo que “resulta sorprendente que el Gobierno de la Ciudad sabiendo de la clara ilegitimidad e ilegalidad que significa el cierre de una calle en beneficio de una empresa, opte por decir que los legisladores no viven en la zona y por lo tanto no son perjudicados, en lugar de asumir la responsabilidad como gobierno y mandarlo a demoler. Pero cuando uno se fija que esa empresa es Clarín, empieza a entender la actitud y respuesta del gobierno de Mauricio Macri".

El legislador del Frente Para la Victoria Juan Cabandié presentó un proyecto para que la Legislatura exprese su preocupación por la “obstrucción de la vía pública en la calle Hilario Ascasubi (…) y la consiguiente limitación al derecho de transitar de los habitantes de la Ciudad, en especial de los vecinos de la Villa 21-24”, y define el rechazo al “uso ilegal del espacio público por parte de un privado”.

El gobierno porteño se desentiende de la responsabilidad al afirmar que no existe "prueba alguna de que el muro haya sido construido por el gobierno de la Ciudad o por las empresas localizadas en la calle Ascasubi entre Luna y Agustín Magaldi". En presentaciones anteriores a la acción de amparo, las autoridades porteñas reconocieron que no existió autorización para la construcción del muro y que incluso labraron actas de infracción por los autos estacionados sobre la acera.