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Matías Carbonell murió a los 23 años después de estar internado durante un año en el Hospital Neuropsiquiátrico “José T. Borda”. En su cuerpo, los médicos que lo atendieron en la terapia intensiva del Penna encontraron las huellas del electroshock: quemaduras de tipo B compatibles con pasaje de corriente eléctrica, una práctica irregular. Además, había engordado 20 kilos por la sobremedicación. La muerte, que aún es investigada por la Justicia, ocurrió noviembre de 2010. Un mes después fue aprobada la Ley de Salud Mental Nº 26.657 con el objetivo de proteger los derechos humanos de aquellas personas, como Matías, usuarias de servicios de salud mental. La norma creó un órgano para monitorear que se cumpla la ley. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires recurrió a la Justicia para impedir el funcionamiento de ese organismo en territorio porteño.

“Es la primera vez que una jurisdicción presenta una acción judicial de este tipo. La Ciudad es el único estamento de gobierno que se rehúsa al cumplimiento de la ley”, dijo a Infojus Noticias María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental (ORN).

El ORN tiene la capacidad de actuar en todo el territorio nacional y, además, posee carácter intersectorial: está compuesto por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio Público de la Defensa. También lo integran asociaciones como la Red FUV, organismos de profesionales y trabajadores de la salud-como la Asociación Argentina de Salud Mental-, y de organizaciones no gubernamentales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Con las otras jurisdicciones tenemos una dinámica de trabajo coordinado. Hacemos convenios de cooperación y capacitaciones”, agregó.

Desde que el órgano se puso en marcha, las autoridades responsables del área de Salud Mental de la ciudad de Buenos Aires se han negado constantemente tanto a mantener contacto como a revisar las prácticas jurídicas y sanitarias que se utilizan en las instituciones de la Ciudad, según consta en el último informe de la Secretaría del ORN.

Incluso, en varias oportunidades las autoridades de una de las instituciones monitoreadas intentaron negar el ingreso al equipo interdisciplinario de la Secretaría Ejecutiva. A pesar de que los operadores del Órgano de Revisión no requieren autorización alguna para ingresar a cualquier establecimiento público o privado del sistema de salud mental.

La medida cautelar que presentó el gobierno porteño recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12, a cargo de la jueza subrogante Macarena Marra Giménez. El ORN, a través de Iglesias, presentó su descargo la semana pasada.  Marra Giménez resolverá si hace lugar a la cautelar. “Se está afectando el interés público nacional. O se está adentro de la ley o se está afuera de ella”, dijo la secretaria ejecutiva.

La judicialización es una respuesta a los monitoreos en los hospitales José T. Borda y Braulio Moyano, llevados a cabo el año pasado, donde quedaron plasmadas serias irregularidades: internaciones de larga data, vulneración del derecho a la intimidad, falta de dispositivos y apoyos que posibiliten la inclusión comunitaria, y déficit de infraestructura y de recursos humanos. El ORN le pidió al Ejecutivo porteño que adecue los servicios evaluados de acuerdo con los estándares impuestos por la Ley de Salud Mental. La respuesta de la gestión de Mauricio Macri fue la acción judicial.

“Morir de manicomio”

Macarena Sabín Paz es coordinadora del equipo de salud mental del CELS y, en diálogo con Infojus Noticias, destacó la importancia de la intervención de los organismos de control como el ORN.  “La ley cimenta pisos de derechos sobre los que no vamos a retroceder. Amplió derechos sobre un grupo de gente que nadie había mirado y por primera vez los empiezan a ver como sujetos de derecho. Es grave y es un retroceso que el Órgano de Revisión de la ley no pueda intervenir”, dijo la especialista.

“Los órganos de monitoreo son los únicos que pueden relevar estas situaciones y hacer que se adecuen porque son instancias externas al Poder Ejecutivo”, explicó Sabín Paz. A su vez, la coordinadora del área de salud del CELS expresó que “la Ciudad de Buenos Aires no tiene plan de salud mental. La única respuesta para las personas que tienen un padecimiento mental es la internación. No se condice con la normativa actual de la Ciudad y la nacional. Casi el 90% del presupuesto está destinado a sostener los cuatro hospitales monovalentes”.

Y describió la estampa de estos espacios de encierro: pacientes desnudos, atados, abusos sexuales, personas que se han ahogado con comida o con saliva por estar atados. “El abandono sobre el otro es absoluto. Se mueren de manicomio”, dijo.

En ese sentido, recordó el caso de Carbonell -en el que el CELS patrocina a la familia- y dijo que esperan que se juzgue a los responsables por esta muerte. “La creación de estos mecanismos son para evitar muertes como la de Matías”, detalló Sabín Paz.

MFA/RA