Denuncian que la Ciudad “obstaculiza” los controles en centros de salud mental
El Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental sostuvo que la administración porteña “se propone impedir” que ese cuerpo cumpla con su cometido de protección, promoción y monitoreo de los derechos humanos. Hasta ahora, los controles realizados en los hospitales Borda y Moyano “dan cuenta de serias irregularidades”, informó en un comunicado.
El Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental (ORN) denunció que, a través de una medida cautelar, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "se propone impedir que este cuerpo cumpla con su cometido", que es garantizar la vigencia de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales en el ámbito de la Ciudad.
El ORN es un organismo de protección, promoción y monitoreo de los derechos humanos que fue creado por la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 sancionada en 2010.
Como tal, el organismo tiene capacidad para actuar en todo el territorio nacional y su Plenario está formado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio Público de la Defensa.
También forman parte asociaciones de familiares de usuarios del sistema de salud (Red FUV), de profesionales y trabajadores de la salud (Asociación Argentina de Salud Mental), y de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos (CELS).
“La acción judicial interpuesta por el Gobierno de la Ciudad se propone impedir el funcionamiento del ORN en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al poner en cuestión los resultados de los monitoreos realizados durante 2014 en los hospitales José T. Borda y Braulio Moyano procurando así, obturar el camino hacia la desmanicomialización”, aseguró el ORN a través de un comunicado.
Además, aseguran que esta medida “busca dejar sin efecto dos recomendaciones emitidas por el Órgano de Revisión”, tales como la de “investigar las muertes ocurridas en las instituciones de salud mental del país” y la “prohibición de la aplicación de electroshock”.
Según el texto, “los monitoreos realizados en los hospitales Borda y Moyano dan cuenta de serias irregularidades”, entre las que se pude mencionar “internacionales de larga data, vulneración del derecho a la intimidad, falta de dispositivos y apoyos que posibiliten la inclusión comunitaria, y déficit de infraestructura y de recursos humanos”.
“El intento por desconocer las funciones y los alcances del ORN por parte del gobierno porteño afecta directamente el desempeño sin restricciones que, por ley, posee el organismo e implica la postergación del pleno ejercicio de los derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires”, concluyeron.
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