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La justicia porteña hizo lugar a una demanda de reparación iniciada por una mujer trans, en la que denunciaba la violencia institucional padecida en sus más de 60 años vida. El juez Víctor Trionfetti ordenó ayer al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pagar mensualmente lo equivalente a un salario mínimo vital y móvil -4716 pesos-, por incumplir con sus obligaciones convencionales y constitucionales en derechos esenciales como la vida digna.

La mujer que recibirá el salario, recibió la noticia con alegría y nervios: no quiere volverse mediática y prefiere que su nombre no aparezca. Es la primera beneficiaria por un amparo que se presentó en 2013 frente al Juzgado en lo Contencioso 5, a cargo de Elena Liberatori.

Ese amparo, al que se hizo lugar, fue patrocinado en conjunto por la Mesa Nacional por la Igualdad, la Federación Argentina LGBT y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero (Attta). La presentación se hizo para cinco mujeres trans de más de 40 años que exigieron al Estado una reparación por los daños institucionales que sufrieron. Desde que abrió en diciembre de 2014, la Defensoría LGBT de la Ciudad se sumó al patrocinio del reclamo.

“Para nosotras abre el camino para seguir trabajando y que haya una sola ley, en la cual todas las personas trans mayores puedan recibir un subsidio, por haber vivido con el estigma y la discriminación desde el Estado durante la dictadura militar, además de las leyes y contravenciones que nos criminalizaron después. La democracia tiene todavía una deuda con la población trans y tiene que reparar la violencia institucional. Nuestro reclamo fortalece a la democracia”, dijo a Infojus Noticias Marcela Romero, presidenta de Attta.

Trionfetti, titular del juzgado N° 15 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, hizo lugar a la demanda para que se le otorgue un subsidio extraordinario y reparatorio a esta mujer trans como reparación de los daños y perjuicios que padeció por “la discriminación y violencia institucional generalizada, constante y directa, con un Estado ausente y promotor de la misma a través de sus funcionarios policiales”. agregó Romero.

En el fallo al que Infojus Noticias accedió, se tiene en cuenta que la discriminación que esta mujer sufrió “no fue solo laboral, educativa, etc. La actora sufrió y sufre una discriminación existencial. Los ultrajes y estimatizaciones padecidos han sido múltiples continuos y asfixiaron su ser desde siempre. Su derecho a obtener una contención, por vía de la tutela jurisdiccional, es nítido ante la omisión del Estado en permitirle transcurrir el resto de sus años con un mínimo de dignidad”.

El año pasado se instaló el tema de la reparación a las personas trans como un derecho que nivelaría su situación frente a otros subsidios, por ejemplo, al de las víctimas del terrorismo de Estado. Uno de los proyectos fue presentado por la legisladora porteña María Rachid, y otro, con objetivos similares, fue iniciativa de las organizaciones ABOSEX (Abogad*s por los Derechos Sexuales), ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual), Futuro Transgenérico y MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación).

"Sin dudas, la situación de absoluta desprotección, discriminación y violencia que viven las personas trans a lo largo de su vida justifica una urgente reparación, se deben implementar políticas públicas que para revertir esta situación de este grupo históricamente vulnerado. Esta sentencia, justamente condena al GCBA por esa omisión estatal", dijo Flavia Massenzio, coordinadora Defensoría LGBT y letrada patrocinante de la acción junto a Mariana Casas.

Romero está orgullosa del fallo, “del trabajo articulado de nuestras organizaciones y del logro colectivo, porque este precedente además de representar un verdadero acto de Justicia, es una herramienta en el derecho que exigimos como personas trans para gozar de una ciudadanía plena", señaló.