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Los grandes estudios jurídicos y contables, junto con los bancos internacionales, son “los creadores y promotores” de las plataformas de evasión fiscal y fuga de divisas. Las vías de escape tienen dos grandes trochas: una organizada hacia adentro de los grupos económicos multinacionales y otra que corre dentro de los bancos. Estos últimos ofrecen “los servicios de private banking, que involucran la apertura de cuentas bancarias de personas físicas y jurídicas en guaridas fiscales”, señaló un estudio sobre los “facilitadores” de la fuga de capital, que elaboró el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo (Cefidar).

La existencia de esta plataforma para evitar el control fiscal fue puesta sobre la mesa hace quince días. La denuncia contra el HSBC de Argentina que hizo la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) agitó el tema: acusó al banco de “evasión fiscal y asociación fiscal ilícita” para favorecer la salida de capitales del país. “Denunciamos la existencia de una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias que operan en la Argentina, todas vinculadas al HSBC”, dijo el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, al anunciar la presentación judicial que involucra a más de 4.000 cuentas abierta en Suiza que no fueron declaradas ante el fisco.

“Los países en desarrollo –los de bajo y medio nivel de desarrollo- resultan ser los principales perjudicados por este estado de cosas y mientras continúe la promoción irrestricta de las ventajas de los regímenes fiscales preferenciales y el secretismo fiscal y financiero que las protege, difícilmente pueda detenerse tal drenaje de recursos de los países en vías de desarrollo hacia dichas jurisdicciones, con destino final muy usualmente en favor de los más poderosos centros de las finanzas globales (Nueva York y Londres)”, advirtió la investigadora Magdalena Rúa en “Fuga de Capitales, Argentina 2014. Los ‘facilitadores’ y sus modos de acción”. El trabajo, que tiene 120 páginas, señaló que las Big four, como se define a las cuatro grandes firmas internacionales que realizan auditorías de empresas, “son las encargadas de aprobar las prácticas fiscales potencialmente elusivas de las firmas multinacionales”. Se trata de KPMG International Cooperative (KPMG), Ernst & Young (EY), Deloitte y PricewaterhouseCoopers (PwC).

“Son las encargadas de diseñar estructuras corporativas y esquemas impositivos complejos que erosionan la base imponible en aquellos países que poseen elevadas y medianas tasas de gravámenes, y redireccionan el capital a jurisdicciones que sostienen altos niveles de secretismo fiscal y financiero y bajas tasas de tributación”, indicó Rúa –que contó con la coordinación del economista Jorge Gaggero- y señaló que esas megaauditoras “conocen en profundidad las técnicas aplicables a las multinacionales”.

Grandes estudios

La competencia de las Big four son, en Argentina, un puñado de grandes estudios jurídicos que conforman “otro de los escalones fundamentales” que utilizan las multinacionales, las empresas más importantes de capitales nacionales y las personas con grandes patrimonios para utilizar lo que Rúa define como el "sistema offshore". En ese grupo ubica a una decena estudios jurídicos que ayudan a “mitigar la carga tributaria local y maximizar la transferencia hacia el exterior de los recursos generados en el país”.

Según World Tax 2014 –el directorio de las principales firmas de asesoría fiscal del mundo-, entre las principales firmas jurídicas que brindan servicios impositivos en Argentina se encuentran Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, que participó de las privatizaciones de ENTel, Segba, Gas del Estado, Siat y Somisa, entre otras; y Marval, O’Farrell & Mairal, que cuenta con más de 300 abogados y asesoró a ExxonMobil en la venta de su refinería de petróleo en Argentina, Paraguay y Uruguay, que fue adquirida por el grupo Bridas.

En ese selecto grupo de estudios se incluyen Rosso Alba Francia & Asociados, que asesora a 10 de las 20 empresas exportadoras más grandes de Argentina; Teijeiro & Ballone Abogados, que cuenta entre sus clientes a Bunge, Monsanto Argentina, CMS Energy, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BlackBerry, entre otros. La lista se completa con Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz Jr. -150 abogados-; Baker & McKenzie -4.000 abogados en 46 países-; Asorey & Navarrines; Estudio Built Goñi & Tarsitano; Estudio O’Farrel; Abeledo Gotheil Abogados; Allende & Brea; Estudio Beccar Varela; y JP O’Farrel Abogados.

Servicio VIP

El servicio de private banking –el eufemismo para hablar de la privacidad de las transacciones- se desarrolló en los noventa y, principalmente, dentro de los bancos internacionales. “Durante los años 90, aprovechando la venta masiva de empresas nacionales, los asesores de la banca privada internacional iban detrás de los grandes capitalistas nacionales que se desprendían de sus compañías para dejarlas en manos de capitales extranjeros y obtenían capitales líquidos invertibles en activos financieros”, señaló la investigadora.

“Asimismo, en ciertos casos, los mismos asesores financieros impulsaban la venta de empresas nacionales; hallaban compradores de las compañías nacionales para poder aumentar sus carteras de inversiones”, agregó. Pero pasada esa etapa, la banca privada “se limitó a brindar todo aquel servicio que sus clientes demandaran mientras no estuviera explícitamente prohibido por la letra de la ley”.