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El juez Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 7, citó a declaración indagatoria a Hernán Arbizu, en una nueva causa por lavado de activos que involucra a 469 empresas y personas físicas. El economista, que entre 2006 y 2008 trabajó para la banca JP Morgan Chase & Co., aportó documentación a la Justicia declarándose “arrepentido” de haber gestionado las operaciones financieras de las cuales brindó información. Arbizu confirmó a Infojus Noticias que este jueves se presentará en el juzgado para brindar su declaración.

Es la segunda vez que Arbizu es citado a declarar. En junio de 2008 detalló las triangulaciones y maniobras con las que habría facilitado la fuga de 120 millones de dólares hacia distintas plazas financieras en el exterior. En aquel momento, la causa surgió de su presentación ante el juez Sergio Torres y el fiscal Guillermo Marijuan, pero en cinco años no ha habido avances sustanciales. Del expediente se desprende una nueva investigación en el juzgado de Casanello, caratulada “Autopistas del Sol S.A. sobre averiguación de delito”.

Ante Torres, el ex operador de JP Morgan declaró que su tarea consistía en “administrar fondos líquidos, creación de estructuras de administración de riqueza con fines hereditarios, ayudar a clientes para crear estructuras con las que ocultar la verdadera titularidad de los activos, y préstamos en Argentina usando como garantía activos no declarados depositados previamente en el exterior”. Ofrecía el servicio a una cartera de clientes propia, con activos que superaban los 500 millones de dólares, desde una oficina de la JP Morgan que no estaba registrada ni habilitada por el Banco Central. En la puerta sólo había un pequeño cartel indicador: “Banca Privada”.

En el expediente Mº 4334/13 constan las pruebas que el “arrepentido” aportó en la causa anterior. El juez Torres no había aceptado a la Unidad de Información Financiera como querellante, pero Casanello sí lo hizo, y ahora la UIF podrá colaborar con la investigación. La Directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Quevedo, está presentada en la causa junto con el titular de la dependencia antilavado, José Sbatella. Quevedo dialogó con Infojus Noticias y explicó que la UIF  “colabora como organismo técnico especializado en prevención e investigación de lavado de activos”.

La lista de empresas y personas físicas que evadieron fue publicada por el diario Tiempo Argentino, y en la declaración ante el juez Torres, Arbizu apuntó contra quince personas más, que realizaban el mismo trabajo que él en JP Morgan. Esas quince personas fueron citadas junto a Arbizu en la nueva causa del juez Casanello. En la investigación intervendrá la UIF, que podrá cruzar la información de las firmas y personas señaladas por la prueba que aportó Arbizu con las bases de datos propias.

Además, la UIF forma parte del grupo Egmont, una red internacional a la que pertenecen las instituciones nacionales que tienen las mismas funciones que el ente antilavado. El entrecruzamiento de información sería clave, ya que las operaciones realizadas entre 2006 y 2008 habrían fugado el dinero a otras plazas en el exterior, y sólo así se podría seguir la ruta del dinero. En caso de probarse las operaciones de lavado, podría imputarse a los titulares del dinero negro por evasión fiscal. El ente encabezado por Sbatella investigará también el origen de los fondos para determinar si surgieron de actividades ilícitas.

Algunos de los evasores serían los principales directivos del Grupo Clarín, algunos de sus familiares y empresas vinculadas al multimedio: Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Héctor Aranda, José Aranda y AGEA S.A., entre otras. La lista de compañías investigadas incluye a Argento Foundation, Abertis, Impregilo, Sudeco, Dycasa, Estudio Cárdenas, Petropolis Investment Limited, CRYT SRL, Norep S.A., Limpay S.A., Virreyes Agropecuaria S.A., Edenor y Petrobras Energía.