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La Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires firmaron el miércoles un convenio marco de cooperación para coordinar prevención y control de la violencia institucional contra los vendedores ambulantes de esa comunidad. También se buscará garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales, políticos y civiles. “Este convenio es para facilitar el acceso a la justicia de la comunidad senegalesa, porque dentro de nuestras preocupaciones está la situación de las personas migrantes y en ese camino de vinculación promovemos acciones para estar más cerca de sus problemáticas. Entre las cuestiones de mayor relevancia se encuentran las contravenciones frente a su trabajo como vendedores ambulantes y el abuso policial que muchas veces sufren”, dijo a Infojus Noticias Horacio Corti, defensor general de la CABA.

La llegada de senegaleses al país comenzó a mediados de la década del '90 y se profundizó a partir del 2000. Según estima la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, ya son más de 5 mil los inmigrantes instalados, la mayoría hombres de entre 18 y 35 años, de religión musulmana y con título terciario o universitario. Al llegar, generalmente se instalan en pensiones precarias de Once, Flores o Constitución, donde comparten pequeñas habitaciones en condiciones de hacinamiento y la mayoría de ellos se ven obligados a dedicarse a la venta ambulante, debido al racismo estructural que los excluye del mercado formal de trabajo.

Desde el Gobierno Nacional se reconoció la voluntad de arraigo en el país de la comunidad senegalesa y su aporte cultural y económico, creando el Programa Especial de Regularización Migratoria (Disposición D.N.M 02/2013). Pero “la venta ambulante genera muchas fricciones y situaciones que deben tener la mayor claridad posible, para evitar que en el ejercicio de estas tareas se produzca discriminación, o bajo una forma velada se ejerza una violencia que consideramos ilegítima”, explicó Corti.

Según el Ministerio Público de la Defensa, “la violencia institucional contra la comunidad senegalesa en la ciudad de Buenos Aires no es nueva ni mucho menos excepcional. El accionar abusivo, sistemático y racista de la policía Metropolitana se enmarca en los mismos supuestos fácticos que dieron origen en 2010 a jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, que sentó precedente para todos los vendedores ambulantes senegaleses”.

El TSJ determinó en un fallo de habeas corpus que "la institución policial, los organismos administrativos de prevención, y de modo muy particular los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, deben asumir las responsabilidades de erradicar toda práctica que suponga la afectación de derechos y garantías cuya vulnerabilidad extrema es la consecuencia de la confluencia de múltiples formas de discriminación, como ocurre con el colectivo de senegaleses".

A pocas horas de firmarse el acuerdo, en un operativo hecho por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público con el apoyo de la Metropolitana, tres vendedores senegaleses que comercian en las calles de Constitución fueron desalojados y despojados de su mercadería. “Durante todo el operativo la policía metropolitana ejerció una violencia desproporcionada e irracional, atacando físicamente a los tres senegaleses y aplicando gas pimienta. Luego, a la violencia policial le siguió una denuncia penal contra los senegaleses por atentado y resistencia a la autoridad.

"Mientras que la totalidad de la mercadería, incluyendo bienes personales, fue secuestrada incumpliendo las garantías establecidas en la Ley de Procedimiento Contravencional, que impone la obligación de labrar un acta en la que se detalle todo el procedimiento realizado, incluyendo el detalle de lo secuestrado”, informó el Ministerio Público de la Defensa.

También se detalló que “al poco tiempo de ocurrido el hecho el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad tomó contacto directo con las tres víctimas para conocer los hechos, evaluar la situación, y tomar las acciones legales necesarias para investigar el caso y recuperar la mercadería secuestrada ilegalmente”. El convenio macro se hace en el contexto global de la crisis europea de inmigración, para apoyar el respeto de los principios rectores de la Ley de Migraciones 25871, que reconoce que migrar es un derecho humano esencial e inalienable garantizado sobre la base de la igualdad entre el género humano, sin distinciones de ninguna índole.

MM/JMM