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Después de dos allanamientos y de algunas declaraciones de la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, los vendedores ambulantes senegaleses presentaron una denuncia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Sostienen que el gobierno porteño sostiene prejuicios contra su comunidad y rechazaron las afirmaciones de la número dos de la administración macrista. Les secuestraron los celulares con los que hablan con sus familias y los obligaron a firmar actas de allanamiento aunque no hablan el idioma. Piden que los dejen acceder al expediente.

“La historia de Ababakar es una de las más de diez mil historias de los nuevos inmigrantes africanos que conviven con nosotros en la ciudad de Buenos Aires”, dice una voz en off en un video de Ciudad Abierta, el canal del gobierno porteño. “Aún hoy negamos la presencia de la comunidad africana”, agrega el relator. Las imágenes muestran a una persona negra acomodando billeteras de colores sobre un paño que podría estar tendido en las calles de Constitución, Retiro u Once. El video forma parte de una campaña contra la discriminación que se difundió el año pasado y se llama “Porteños de África”.

El 28 de enero pasado, la Policía Metropolitana allanaba de madrugada una pensión de Once donde viven familias y entre ellas, cuatro inmigrantes senegaleses. La orden de allanamiento se libró en una causa por venta de mercadería ilegal en la vía pública, a la que no se puede acceder por estar bajo estricto secreto de sumario. A Nar, Thierno y Macoeou, que viven de vender billeteras, cinturones y gafas en la calle, les secuestraron toda la mercadería, además de teléfonos celulares y objetos personales. Como a otros vecinos, los despertaron apuntándoles con un arma, y los obligaron a firmar un acta en un idioma que no entienden.

Dos días después, Vidal declaró al portal Infobae: “Cuando hay mafias, el Estado no se puede rendir. Nosotros venimos dando una pelea contra estas mafias desde hace mucho tiempo”, refiriéndose a los vendedores ambulantes. "En el caso de Once además la instalación estaba desbordada y estaba facilitando la tarea delictiva de pungas, porque la gente tiene poco espacio para caminar", agregó.

Todos los vecinos de la pensión de Sarmiento 2835 que fue allanada ese día, denunciaron ante la Defensoría del Pueblo los abusos de la Metropolitana. En el caso de los senegaleses, la situación resultaba agravada. El jueves de la semana pasada, otro operativo de la policía porteña allanaba las habitaciones de Sarmiento y secuestraba mercadería, computadoras y dinero en efectivo.

Hace unos días, la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina presentó una denuncia en el INADI por discriminación contra el Gobierno de la Ciudad. Su presidente, Moustafá, cree que las declaraciones de Vidal y los operativos de la Metropolitana son fruto de una discriminación hacia su comunidad, que amenaza con replicarse en otros porteños.

“Denunciamos que es una persecución infundada contra la población senegalesa, que genera un odio y un miedo de la sociedad hacia nosotros”, dijo a Infojus Noticias Moustafá. “La vicejefa porteña dice que nosotros estamos involucrados en una mafia y que vendemos mercadería robada, pero los chicos van y compran la mercadería en locales y después la venden”, explicó el presidente de la Asociación. “Es como una manera de rechazarnos sin decirlo”, agregó.

Criminalización mediática

El 2 de febrero, una nota de La Nación hablaba de las “organizaciones de corte mafioso” que trabajaban en Once, y se refería a los senegaleses como los únicos que se llevan la mercadería a su casa, en sintonía con los allanamientos que la Metropolitana realizó en sus viviendas personales, haciéndolas constar como “depósitos”. El redactor da una explicación particular sobre el proceso migratorio de estos pueblos africanos: “Ingresan al país con documentación de Venezuela, por lo que se cree que son reclutados por una organización que les paga el pasaje desde su legión y les provee la mercadería para vender”.

“Nos meten en una cuestión política que no tiene nada que ver con la inmigración senegalesa”, señala Moustafá. “No se trata de una persona ni de dos, se trata de acusar a una comunidad de ser una mafia. Estas cosas salen porque son palabras de autoridades o de diarios conocidos, entonces toda la gente lo repite”, agrega. Piden, además, que el INADI interceda para que ellos tengan acceso a la causa y sepan de qué se los acusa.

“A uno de los chicos le pasó el otro día que estaba ordenando sus cosas para irse y pasó una persona que le dijo ‘che chorro, así que venden cosas robadas’. Están  generando un conflicto entre los senegaleses  y el resto de la sociedad”, teme el presidente de la Asociación.

La denuncia en el INADI la presentaron en conjunto con Florencia Mazzadi, de la agrupación Cine Migrante. Desde 2010, integran una mesa de “seguimiento del cumplimiento efectivo de los derechos migrantes”. De esa instancia participan el CELS, el Colectivo Para la Diversidad (COPADI), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, entre otras organizaciones, y prestan especial protección a inmigrantes de países como Senegal, que no cuentan con una embajada en el país.

“Nos amparamos en que la Ley de Migraciones establece que el derecho a migrar es un derecho humano, y no lo circunscribe a una población específica”, contó aInfojus Noticias Florencia Mazzadi. En enero de 2013 la Dirección Nacional de Migraciones aprobó un proyecto que habíamos presentado nosotros, que establecía que la comunidad senegalesa podía acceder a la residencia por trabajo y que tenían que inscribirse. Cuando vemos incumplimientos, trabajamos de manera colectiva para que se resuelva.