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“Para nosotros que se haya constitucionalizado el Código Civil es muy interesante; ahora es mucho más amplio  y lo que hace es potenciar la visión social de la tierra”. La frase la dijo de Verónica Molina, coordinadora del área jurídica del programa de Pueblos Bosque (ProSoBo) de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, en diálogo con Infojus Noticias luego de participar en el panel “El rol de la agricultura familiar en la conformación de una nueva ruralidad, acceso a la tierra y derecho a un ambiente sano” del primer seminario sobre Políticas de Tierras organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Junto a ella estuvieron en la mesa  Karina Bidaseca, investigadora del Conicet/Idaes Unsam; Guillermo Martini, director del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) y coordinador de la corriente agraria nacional y popular y Ernesto Matos, doctor en economía del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.

Molina, abogada de profesión, argumentó que “al constitucionalizarse el Código Civil –incorporando los tratados de derechos humanos y jurisprudencia–, lo que se está haciendo es dar un tinte social internacional” y resaltó que el nuevo texto normativo le da lugar  a un “sujeto plural” e incorpora “la propiedad para las comunidades originarias, que ningún código lo dice”.

Además, habló de la necesidad de construir una mirada integral del ambiente, en la se incluyan los pueblos y el ordenamiento jurídico.  En este sentido, Molina remarcó que en el norte argentino existen comunidades y puestos campesinos que viven del bosque nativo. “Su relación de territorialidad va mucho más allá. Ellos recolectan, cazan, tienen una relación directa con el bosque también en el plano de la agricultura, realizan una producción sustentable, de cuidado y en armonía con el bosque nativo”, explicó y sintetizó: “por eso el bosque está muy ligado a las comunidades y al ambiente es mejor verlo en esa integralidad y no quedarse solamente en la cuestión forestal”.

Dentro del ordenamiento jurídico, es donde a su entender ingresan los cambios en el Código Civil. Estos avances, para la abogada, no son menores ya que los litigios por la tierra serán respaldados por esta nueva legislación y eso ayudará a que los resultados en beneficio de las comunidades aborígenes y campesinas sean positivos. También ponderó que ahora, en el nuevo texto, hay un artículo que regula los actos posesorios. “En la primera parte de ese artículo dice que también son actos posesorios aquellos que tienen que ver con la cultura. Eso hace a lo colectivo, porque la cultura no es individual”, explicó.

La tierra como bien social

La exposición de  Guillermo Martini, centrada en explicar el proceso histórico que llevó a la Argentina a un proceso de concentración de la tierra, fue la que tuvo mejor eco entre los concurrentes. Sobre todo cuando planteó la necesidad “modificar la estructura de tenencia de la tierra” y de recuperarla como bien social. “La tierra y el trabajo son los elementos centrales para la producción de riqueza y esa tierra tiene que ser de propiedad social”, dijo y arrancó el aplauso en el auditorio.

En este sentido, Martini ponderó el rol del Estado en la planificación de la producción y en el ordenamiento territorial.  Y puso especial énfasis en la necesidad de reglamentar urfente la Ley de agricultura familiar sancionada a fines del año pasado. “Hay que ponerla en vigor, si no podría ser solo testimonial”, expresó y resaltó la importancia de la conformación de un banco de tierras en las que se incluyan las públicas, pero también aquellas de dominio privado que no son productivas.

Los números de la agricultura

Tanto Bidaseca como Matos centraron sus exposiciones en trabajos estadísticos. En el caso de la investigadora del Conicet/Idaes Unsam, la exposición tuvo como eje un estudio realizado en 2011 en el que se realizó un relevamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares en Argentina. Con esto se pudo obtener un mapeo de la problemática de acceso y tenencia de la tierra y de los conflictos en torno a ello a nivel nacional. Mientras que el economista analizó el avance del capital privado sobre los agricultores familiares.

Una de las conclusiones centrales del trabajo de Bidaseca, realizado en 857 casos, situaciones problemas, que comprendían más de 9 millones de hectáreas  y casi 64 mil familias de agricultores, es que la mayoría de los conflictos relacionados con el acceso o tenencia de tierras están en la zona extra pampeana, principalmente en el NOA y la Patagonia. Y que esos conflictos, en un 49 por ciento de los casos, se dan sobre tierras de dominio privado, mientras que el 34 se da en las que son de dominio fiscal. El trabajo puntualiza que el 77,6  por ciento de los problemas tienen como sujetos a personas o comunidades que poseen la tierra hace más de 20 años, es decir casos en los que se podría pedir el derecho de usurpación. Sin embargo, sólo el 39 por ciento de los casos analizados llegan a ser judicializados.