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Con el salón Almirante Brown de la Escuela Nacional de Defensa completo, se inició el primer seminario sobre Políticas de Tierras organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En la apertura, el secretario de Asuntos Registrales, Oscar Alberto Martini, destacó las políticas que desde el Estado nacional se impulsaron durante los últimos doce años, en los que se tomó como prioritario el concepto de la tierra como un recurso estratégico y no renovable. “Tratamos de evitar que especulen con nuestro suelo”, expresó en referencia a los capitales especulativos extranjeros que pretenden apoderarse del recurso natural nacional. La apertura estuvo a cargo, además de Martini, del subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral, Esteban de Gracia, y la directora nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), Florencia Gómez.

Martini destacó el rol de la Ley 26737, conocida habitualmente como “Ley de Tierras”. Desde su punto de vista, una de las virtudes de la normativa es definir a la tierra rural como recurso estratégico y no renovable. “Por eso impone una serie de limitaciones para la adjudicación de este recurso por parte de las personas físicas o jurídicas extranjeras”, resaltó.

La directora del RNTR del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Florencia Gómez, explicó a Infojus Noticias que los objetivos del seminario son compartir experiencias vinculadas con la administración de la tierra y el control de los recursos naturales a nivel nacional y latinoamericano, de cara a las problemáticas regionales, y destacar las políticas del Estado en relación a esta temática. La ley de Tierras, la ley de Tierras Indígenas, la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques y la ley de Agricultura Familiar, tendrán especial tratamiento durante los debates. También se plantearán los desafíos sobre la problemática de la tierra que hoy encuentran a la Argentina como un destacado referente en la materia.

“La intención es escuchar las experiencias internacionales pero también las provinciales y poder poner el énfasis en lo que se ha hecho desde el Estado Nacional en políticas de tierras”, dijo Gómez.

El otro panelista que intervino durante la apertura fue el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral de la Nación, Esteban De Gracia, que ponderó el carácter “ambicioso” del encuentro. “Habrá mesas con temáticas muy importantes que no se agotan en abordar el tema de la tierra desde las políticas de Estado, sino que se le dará una mirada desde diferentes aristas, con un concepto social del uso de la tierra”, dijo.

Participaron también el jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, Sergio Rossi, y Javier Rodríguez, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Rodríguez recordó que en los 90 cuando se hablaba de la tierra se lo hacía en términos de remate. “Eso expresaba una situación de crisis en los productores, no podían producir en un esquema que planteaba la concentración de producción como eje. Más de cien mil salieron de la producción”, dijo. Y explicó que esa visión tiene, además de un posicionamiento ideológico, un concepto de la tierra sesgado. “Para nosotros, la tierra es por donde nace la vida social en la ruralidad; es el eje del trabajo, el desarrollo de las regiones y del cuidado del medioambiente. Está absolutamente claro que es un recurso natural no renovable, acotado y hay que cuidarlo”, dijo.

Reforma agraria

Jacques Chonchol fue ministro de Agricultura de Chile durante el gobierno socialista de Salvador Allende. Desde ese lugar buscó profundizar el proceso de reforma agraria que se vio truncado por el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet. En su exposición durante el primero de los paneles del seminario, realizó un recorrido histórico por Latinoamérica haciendo énfasis en los procesos de reforma agraria del siglo XX.

Chonchol planteó que las reformas agrarias surgieron en respuesta al fenómeno de concentración y con la idea de redistribuirla en favor del campesinado sin tierra o de los minifundistas. “Estas reformas se fueron produciendo de manera constante durante el siglo, en la medida que se creaban condiciones políticas favorables ligadas a las necesidades del campesinado”, explicó. Estas condiciones fueron el resultado de revoluciones políticas y sociales y de presiones campesinas en el contexto de luchas revolucionarias. Pero también “del deseo de ciertos dirigentes políticos en el poder de ganar el apoyo al campesinado para procesos de cambios más globales”.

“A pesar de todos los esfuerzos, la concentración de la tierra subsiste en manos de empresarios, sociedades capitalistas o latifundistas tradicionales. Se habla poco de la reforma agraria”, dijo y remarcó la extranjerización de la tierra como uno de los fenómenos de la nueva época. Así, para el analista, la globalización ha traído los siguientes cambios en el mundo rural de América Latina: “El incremento de las exportaciones de agricultura no tradicional, que se ha constituido en el sector más dinámicos del crecimiento del sector; la perdida de importancia de los cultivos de subsistencia; el incremento del consumo interno de productos alimenticios producidos por la agroindustria; cambios en la composición de la fuerza de trabajo rural”.

Argentina y la tierra

A su turno, Aldo Casella –juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la provincia de Santa Fe– realizó un análisis histórico sobre el proceso de reforma agraria en la Argentina y marcó como “el gran hecho que viene a poner en discusión la cuestión de la tierra” al llamado “Grito de Alcorta”, impulsado por los chacareros en 1912. “Ese es el punto de partida de un gran tema: el cuestionamiento de trabajadores rurales contra los propietarios rurales, dueños de un sistema de explotación”, dijo.

Casella remarcó que en 1948 el peronismo aprobó la Ley 13246 de Contrato Agrario que rige hasta nuestros días. “Esta ley establece una estabilidad importante para los productores con un sistema de solución de controversias a través de Cámaras Arbitrales”, explicó. Y analizó que además la ley posibilitó un  empoderamiento de los productores, a través de la compra de tierras por los créditos otorgados desde el Banco Hipotecario: “80 mil arrendatarios se convirtieron en propietarios”. Esta mirada transformadora de la tierra se profundizó en la Constitución del ’49, que tenía el postulado de que la tierra debía ser para quien la trabaja. Derogado ese derecho en 1955, nunca fue reestablecido.

Y destacó la Ley de Tierras porque se “ha tomado conciencia de que vienen a buscar recursos naturales para satisfacer sus mercados, y de ahí el impulso a limitar la extranjerización”, explicó y resaltó que el hecho de que la ley ubica a la tierra como bien especial, particular, con la intención de resguardar la soberanía nacional sobre los recursos. También destacó la reciente Ley de agricultura familiar a la que le atribuyó la “virtud de visibilizar a los campesinos, y postula a la tierra como bien social”.

No a la extranjerización

Gómez, en el cierre del primer panel, expuso el trabajo del Registro Nacional de Tierras Rurales. El relevamiento hecho desde el organismo permitió determinar el porcentaje de tierras rurales que estaban en manos de extranjeros. La intención de conocer cómo estaba ese mapa era poder aplicar limitaciones para resguardar los recursos naturales y el dominio de la tierra nacional. Según el relevamiento, a marzo de 2015 la superficie rural extranjerizada llega al 6,09 por ciento, sobre un total de 266 millones de hectáreas.

En relación a las limitaciones previstas, Gómez explicó que son cuatro: el porcentaje de extranjerización a nivel nacional no puede superar el 15 por ciento, tampoco a nivel provincial; además de ese 15 por ciento, hay un tope de un 30 por ciento por nacionalidad. Además, un mismo titular –físico o jurídico– no puede adquirir más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o sus equivalentes en otra zona del país. “No es lo mismo 1000 hectáreas en Pergamino que en la Puna o en la meseta patagónica”, reforzó Gómez. La cuarta limitante es que la parcela a adquirir no contenga ni sea rivereña a cuerpos de agua de envergadura y permanentes. “Esto es central para proteger el acceso a un recurso natural estratégico como el agua”, dijo.

Gómez destacó el rol de los catastros para el relevamiento y procesamiento de la información para poder lograr determinar cómo está el territorio de Argentina en relación al dominio de tierras por extranjeros. Según esos datos, el 79,74 por ciento de la superficie de la tierra rural extranjerizada del país se encuentra en poder de 1,35 de propietarios extranjeros. En términos nominales serían 253 personas jurídicas en poder de 14 millones de hectáreas. “Esto muestra el nivel de concentración de la tierra extranjerizada”, dijo Gómez que puso especial énfasis en aclarar que “la ley de tierras limita al capital y no al trabajador que son personas que vienen a comprometer su fuerza de trabajo y su familia en Argentina”.

Por último expresó el deseo de lograr un catastro nacional: “Una infraestructura de datos espaciales, sin soslayar las competencias provinciales, con una base de datos interconectada con todas las provincias, para ayudar a mapear el territorio”.

JC/RA