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El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) celebró la decisión de la Sala II de la Cámara de Casación Penal respecto a la causa UCEP, resolvieron rechazar el recurso de los defensores de Mauricio Macri contra la sentencia de la Sala I de la Cámara del Crimen que había revocado el sobreseimiento del jefe de gobierno porteño.

Así los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky ordenaron continuar la investigación penal con respecto a las responsabilidades de Macri. La Cámara del Crimen, en el fallo del año pasado, sostuvo que existía una serie de elementos por los que resultaba razonable presumir que el jefe de Gobierno no desconocía el modo en que operaba la unidad avalada por él mismo.

En particular, la Sala I de la Cámara del Crimen tuvo presente que en la investigación penal se había aportado una prueba consistente en un archivo digital donde consta un requerimiento de actuación a la UCEP del propio Macri, respecto de un desalojo ocurrido de la UCEP en la calle Esteban De Luca, en el barrio de Parque Patricios.

Se enfatizó que la actitud del jefe de Gobierno era doblemente reprochable. “En primer lugar, por crear la UCEP, pero además, conociendo la actividad ilícita de sus agentes —ante las graves denuncias formuladas por diferentes instituciones— no ordenó su disolución inmediata ni tampoco efectuó controles para evitar la repetición de los sucesos, sumado a que decidió ratificar en funciones a la UCEP mediante el dictado del decreto Nº 145/2009”, señaló el ODH.

Los abusos perpetrados por los miembros de la UCEP sobre indigentes o personas en situación de calle fueron motivo de denuncias desde 2010 por parte del ODH, de la Legislatura de la Ciudad y de la Defensoría del Pueblo. “En particular se alertó sobre el modus operandi de ese organismo, y en su momento el ODH aportó como prueba un video en el cual puede verse su actuación en cinco casos testigo, que evidenciaron desalojos violentos en plazas o calles".

La UCEP fue ratificada por la gestión de Macri mediante el decreto Nº 1232/08, con el objetivo de mantener el espacio público libre de “usurpadores”. Esto es inconstitucional ya que el artículo 13 la Constitución porteña “garantiza la libertad de los habitantes”. Específicamente, en el inciso 9 plantea que “no puede establecerse en el futuro ninguna norma que implique, expresa o tácitamente, peligrosidad sin delito”. Es decir, la calificación de usurpación debía ser imputada por un Juez penal, no por un organismo administrativo. 

Las denuncias concernientes al accionar de este organismo provocaron la renuncia del entonces ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, y la intervención de la justicia penal, que inició una investigación a cargo del juez de Instrucción Facundo Cubas, en la cual se corroboraron por lo menos 17 hechos delictivos de esa extrema violencia. 

La causa se encuentra caratulada como “Macri, Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP s/ amenazas y otros delitos”. Actualmente, el jefe de Gobierno —junto a 29 funcionarios más— se encuentra imputado por delitos que incluyen lesiones, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Macri prestó declaración indagatoria el 1º de julio de 2011, luego de haberse ausentado tres veces a la misma. Intentó deslindarse de toda responsabilidad. Fue en su momento beneficiado por la sentencia de la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, subrogante del Juzgado de Instrucción Criminal Nº 49, que resolvió sobreseerlo de los cargos.

“Exhortamos a la Justicia a actuar con celeridad, teniendo en cuenta que el recurso presentado por los abogados de Macri, ‘logró’ demorar la investigación de la causa por más de un año. Las víctimas de esta verdadera patota paraestatal y la sociedad toda merecemos una Justicia tempestiva que garantice la plena vigencia de los derechos humanos de la ciudad”, señala un comunicado del ODH.