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Este año el Congreso de la Nación aprobó dos normativas fundamentales: el Código Civil y Comercial y el Código Procesal Penal. El Papa Francisco recibió en el Vaticano dos ejemplares de estos Códigos, editados por Infojus, cuyos procesos de discusión acompañó desde la Santa Sede. María José Sarrabayrouse Oliveira, quien es asesora  en la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, fue quien se los entregó. La funcionaria es hija de Alicia Oliveira, ex Defensora del Pueblo de la Ciudad, fallecida recientemente e íntima amiga de Francisco. En la reunión también participó el embajador argentino Eduardo Valdes.

El nuevo Código Civil y Comercial entrará en vigencia a partir del próximo 1 de agosto. El texto, que fue aprobado hace dos meses, contiene 2.671 artículos, que reemplazarán a los más de 4500 que tienen los actuales sancionados en 1869. Las modificaciones incorporan nuevos derechos adquiridos, en materias centrales para la vida cotidiana: matrimonio, divorcio, adopción, fertilización, sociedades comerciales y contratos, entre otros. Francisco apoyó muchos de estos cambios, sobre todo los vinculados a la adopción y hasta recibió a los principales impulsores en el Vaticano. Mientras se discutía la propuesta en el Congreso, se reunió con Jorge Dotto, médico genetista que encabezó y militó esa legislación. También estuvo con referentes de la ONG Red Argentina por la Adopción.

En lo que respecta a la adopción, el nuevo Código propone un nuevo paradigma. Simplifica el régimen jurídico, privilegia a los niños y adolescentes, les restituye sus derechos, pone plazos a la justicia y amplía la plataforma de adoptantes. La resolución para que la Justicia declare el estado de adoptabilidad de un niño o adolescente tendrá un plazo de 90 días y podrán adoptar no solo los matrimonios y las personas solas, sino que lo podrán hacer las parejas que integran uniones de hecho, al tiempo que las entregas directas quedan definitivamente

En cuanto al nuevo Código Procesal Penal de la Nación, la iniciativa incluye profundas modificaciones respecto del Código actual, entre las que se destacan la suspensión del proceso a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia. Entre otras cuestiones, el proyecto establece que la investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años. Además, a partir de esta reforma, se crean 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.