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"Por instrucción de la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner se ha dispuesto dejar sin efecto el tratamiento de los pliegos de jefes militares hasta el momento de tratar la totalidad de los ascensos de las Fuerzas Armadas", dice el comunicado emitido por el bloque de senadores del Frente Para la Victoria. Esto ocurre cada fin de año, en el mes de noviembre. Según explican los senadores, la decisión se tomó “en virtud de la más que evidente desnaturalización del procedimiento, con la clara intención electoralista y en la necesidad de preservar a las Fuerzas Armadas de convertirse en objeto de disputa electoral, algo totalmente ajeno a sus funciones y misiones específicas”.

En la mañana de ayer, la Comisión de Acuerdos del Senado había rechazado la posibilidad de citar al jefe del Ejército, César Milani, reclamada por el senador radical Gerardo Morales, y se había dispuso un cuarto intermedio hasta el día de hoy. Unas horas más tarde se conoció la novedad. El cuarto intermedio había sido dispuesto para evaluar un nuevo informe del Centro de Estudios Legales y Sociales que pidió rechazar el ascenso del jefe del Ejército, César Milani, al grado de teniente general, por supuestas vinculaciones con violaciones a los derechos humanos.

Las dos primeras horas de la reunión de comisión de ayer se dedicaron a evaluar la posibilidad de citar a los jefes militares cuyos cargos están en juego, a pedido del radicalismo. Además de Milani, se buscaba el acuerdo por los ascensos del jefe del Estado Mayor Conjunto, general de Brigada Luis María Carena; y de sus pares de la Armada, contraalmirante Gastón Erice; y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Mario Callejo.

El senador Ernesto Sanz se quejó de que el oficialismo no quisiera citarlos. “Nos quieren imponer la mayoría y no dan lugar al disenso”, sostuvo. El presidente de la comisión, el senador del Frente para la Victoria Marcelo Guinle, le respondió que no está en la tradición de la Comisión citar a los postulantes para los ascensos, algo que sucede como excepción y muy pocas veces en el Senado. “En este caso no contribuye en nada traerlos a la comisión dada la excesiva instalación mediática que se está llevando a cabo”, justificó.

Guinle propuso votar la propuesta de citarlos o no, y pasar a un cuarto intermedio para esta mañana, y así continuar la evaluación de antecedentes de los militares. “Tenemos nueva documentación, vamos a dedicar 24 horas a estudiarla y mañana tomaremos una resolución”. El senador Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque del Frente para la Victoria, recordó que “el general Milani no tiene ninguna causa penal que lo involucre en ninguna cuestión referida a los derechos humanos”.

Frente a un intercambio de palabras entre el radical Ernesto Sanz y el senador Pichetto, Norma Morandini pidió “en nombre de las víctimas” que no se busque sacar rédito político de la cuestión. “Son las víctimas las que han construido Verdad y Justicia”, terminó. El presidente de la comisión planteó: “no vamos a hacer de esto una cuestión partidista, sino que vamos a decidir en función de nuestras convicciones y de acuerdo a la política que este gobierno ha desplegado durante los últimos diez años en materia de derechos humanos”.

Pichetto agregó después que “la acción del gobierno en esta materia no reviste discusión ni está en debate, porque no ha habido nunca un gobierno que haya impulsado una política más activa en esta materia”.

De la reunión de ayer también participaron los senadores Luis Juez –del Frente Amplio Progresista-, Adolfo Rodríguez Saa –del peronismo disidente- y Beatriz Rojkés de Alperovich –FPV-. Pichetto respaldó la propuesta de la Presidenta de designar a César Milani como comandante en Jefe del Ejército, y la diferenció con el tema que está sometido a tratamiento legislativo: “lo que estamos debatiendo es su ascenso al último cargo, que es el de teniente general”. Además de los jefes militares, las reuniones que se están desarrollando estos días en la Comisión de Acuerdos –hoy se reunieron desde las 10hs- prevén audiencias a las que fueron convocados 17 candidatos a ocupar vocalías ante la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y fiscales ante varios tribunales.

La impugnación del CELS

Ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una impugnación al ascenso de Milani. En una comunicación enviada a la comisión de Acuerdos del Senado, el organismo de Derechos Humanos afirmó: "hemos podido reunir información que vincula a Milani con hechos que se investigan en el marco de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad. Esta información obraba en expedientes judiciales y en actuaciones administrativas provinciales y nacionales, de las que el Ministerio de Defensa nunca fue informado, por lo cual en tres oportunidades anteriores solicitó el ascenso de Milani a distintos grados como oficial superior".

La nota del CELS lleva la firma de su presidente, el periodista y escritor Horacio Verbitsky, y organiza la información de los documentos que adjunta. Entre esos documentos se encuentra la declaración de Ramón Alfredo Olivera en 1984 ante la Comisión de Derechos Humanos de La Rioja, en la que asegura que Milani participó de un allanamiento ilegal del que se derivó el secuestro de su padre, torturado en cautiverio ilegal. También se adjunta el expediente de Milani, que consigna que aquel día el oficial se encontraba cumpliendo una amonestación equivalente al arresto por quedarse dormido, lo cual desmentiría esa declaración.

Además, el CELS aportó un documento de 1982 sobre conscriptos detenidos desaparecidos, donde Augusto Mac Donnell –padre de un soldado desaparecido-, Emilio Mignone y Noemí Labrune explican el modo por el cual muchas desapariciones forzadas se vestían de “deserciones”, e informan de al menos 43 conscriptos desaparecidos. En esa lista no consta el caso de Augusto Agapito Ledo, el conscripto desaparecido por el que se investiga al entonces capitán Esteban Sanguinetti. A Milani también se lo vinculó con este caso, dado que el expediente por deserción de Ledo lleva su firma como “oficial actuante”. Sobre este caso, el CELS aportó el expediente de deserción y una nota que el gobierno argentino envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante un pedido de informes.