Lo afirmó el legislador José Cruz Campagnoli, tras la sesión especial en la Legislatura porteña, en la que se descartó interpelar a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad por el incendio en un taller clandestino de Flores donde murieron dos niños de 7 y 10 años. El Ejecutivo deberá entregar las respuestas a los pedidos de informe en un mes.
En sesión especial, el PRO votó en contra del proyecto de interpelación a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad para que rindan cuentas sobre su responsabilidad en el incendio del taller textil de Flores, en el que murieron dos chicos 7 y 10 años, el 27 de abril pasado. Por tanto, la iniciativa opositora no obtuvo el apoyo de la mayoría de los legisladores y quedó descartada.
El bloque PRO se vio obligado a bajar al recinto cuando supo que se completaron los dos tercios de los legisladores con el interbloque Frente Eco que, en un primer momento, se había negado a hacerlo. El objetivo era debatir el llamado al subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, y al director de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión, para que den respuestas acerca de las habilitaciones de talleres clandestinos, así como se hizo, en abril de 2013, con el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, después de la represión en el Hospital Borda por parte de la Policía Metropolitana. La discusión se desarrolló ante la presencia de Esteban Mur, el papá de Rodrigo y Rolando Manchaca, fallecidos en el incendio de la calle Páez 2796.
“El PRO quiere que el tema se diluya en el tiempo para no tener que hacerse cargo de la complicidad que ejerce su gobierno en una cadena de trabajo ilegal que mantiene atrapadas alrededor de 25000 personas”, dijo a Infojus Noticias José Cruz Campagnoli, legislador de Nuevo Encuentro y uno de los impulsores del proyecto de interpelación. “Queremos respuestas sobre los mecanismos de control, ya que disminuyó la cantidad de inspecciones según el propio gobierno porteño, y ya que aumentó un cinco por ciento el trabajo ilegal en el Sur de la ciudad, donde estaba el taller de la tragedia”, detalló. Según Campagnoli, “ese taller fue denunciado en septiembre del año pasado y hay evidencias de que el gobierno de la Ciudad deliberadamente no realizó ninguna inspección”.
Carmen Polledo, jefa del bloque PRO, explicó a esta agencia que el proyecto les resulta “una falta de respeto” a las instituciones: “Esto es puro oportunismo, una chicana de la que nos vamos a formar parte”. Resaltó que, la semana pasada, los legisladores votaron el pedido de siete informes sobre la actividad de talleres clandestinos, que el Poder Ejecutivo deberá entregar en treinta días. “Si nos quedan dudas después de eso, que vengan los funcionarios entonces. No vamos a acompañar esta chicana”, agregó.
Alejandro Bodart, legislador del MST-Nueva Izquierda, sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri “es cómplice” de la muerte de los dos chicos: “Lo que pedimos no es ninguna chicana. El PRO optó por seguir encubriendo a funcionarios que vienen permitiendo la existencia de talleres clandestinos y toda clase de negocios inescrupulosos. Sin una estructura mafiosa amparada por el gobierno no podría existir esta industria clandestina. Con el PRO seguimos viviendo la lógica de 'Ciudad Cromañon'."
El Poder Ejecutivo deberá entregar las respuestas de los pedidos de informes en un mes, pero el arco opositor porteño duda de que cumpla con los tiempos: “Sabemos que no suelen respetar los plazos, con suerte los tendremos en un mes. Ellos quieren silenciar el tema para no tener que modificar su estructura de trabajo”, dijo Campagnoli.
El pedido de interpelación tuvo 31 votos a favor, una abstención (de Cristina García, del equipo del ex legislador PRO Daniel Amoroso) y 28 negativos del oficialismo.
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