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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el procesamiento de Luciano Benjamín Menéndez, en una causa en la que se encuentra imputado, junto con otros represores, por la sustracción de una niña a una mujer que estuvo detenida en el D2 Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico–militar. El máximo tribunal del país rechazó los recursos presentados por el represor y ratificó su imputación por sustracción de menores.  

Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon y Juan Maqueda, la sentencia dio por culminado el último intento de Benjamín Menéndez por esquivar esta causa. Para los magistrados supremos, el recurso “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal” y por eso lo desestimó el pasado 29 de diciembre.

La sustracción

María de las Mercedes Moreno fue detenida por personal policial del D2 en septiembre de 1978, cuando estaba embarazada. En octubre de ese mismo año fue trasladada a la maternidad provincial, donde tuvo a su hija, encadenada. Se la sacaron de forma inmediata y trasladaron a María de las Mercedes otra vez al centro clandestino, donde permaneció hasta abril de 1979. La niña fue llevada a la Casa Cuna.

En septiembre de 1979, un juez cordobés ordenó el egreso de la beba luego de otorgarle la guarda judicial a un matrimonio que inscribió a la niña como propia. Cuando María de las Mercedes salió en “libertad vigilada”, la buscó junto a dos de sus hermanas en la Casa Cuna. Una monja no les brindó información. Recién en 2012, con la ayuda de la filial de Abuelas de Plaza de Mayo, en Córdoba, María de las Mercedes logró que la justicia federal convocara a la joven, que accedió a realizarse el examen ADN, y confirmó que era su hija, la nieta recuperada 107.

El camino judicial

Allí comenzó la investigación por la sustracción de la menor. En su inscripción, por ejemplo, el matrimonio que se la apropió había presentado un certificado médico de Vicente Antonio Spitale donde daba cuenta, falsamente, que el 11 de octubre de 1980 había atendido a la mujer, en un supuesto parto natural. La investigación, aún en proceso, tuvo varias decisiones, una de las cuales llegó al máximo tribunal del país.   

En 2013, el juez federal N° 3 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, procesó a Laura Dorila Caligaris y Osvaldo Roger Agüero, los apropiadores, por el delito de supresión del estado civil y a Spitale y Adela María González, como partícipes necesarios. En esa misma sentencia, el magistrado dictó el sobreseimiento por esos delitos de Luciano Benjamín Menéndez, Alberto Carlos Lucena, Jorge González Navarro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge Eduardo Gorleri, Roberto Villagra, Alberto Bonadero, Carlos Sem Rodríguez y Ana María Rigutto de Oliva Otero.

Todos estos sobreseimientos fueron revocados por la Cámara Federal de Córdoba, que ratificó los procesamientos, confirmados luego por la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa de Luciano Benjamín Menéndez, en manos de María Eugenia Di Laudo, defensora pública coadyuvante, llegó con una queja hasta la Corte Suprema de Justicia, que terminó rechazándola.