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Sergio tiene 31 años y está cerca de las salidas transitorias: consiguió un contrato para trabajar en una fábrica en Lanús Oeste y, si el tribunal lo avala, podría salir de lunes a viernes durante el día. La condición es que debe volver a la cárcel por la noche. Ayer Sergio votó en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza donde vive sin condena firme. Desde 2007, los internos procesados pueden votar en todo el país. Este derecho se conquistó a partir de la reglamentación del presidente Néstor Kirchner de la ley 25.858, que modificó el Código Nacional Electoral. En su anterior redacción, el texto prohibía el voto de los detenidos aún con prisión preventiva.

La ley tiene su génesis en un amparo presentado a mediados de los ’90 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En primera instancia, fue rechazado por la jueza electoral María Servini de Cubría quien alegó “imposibilidad por motivos organizativos”. Entonces el CELS apeló la decisión de la magistrada en base a tratados internacionales sobre derechos humanos. Finalmente, la Cámara Electoral revocó la resolución de Servini y declaró la inconstitucionalidad del Código Electoral en relación con el sufragio de los presos sin condena firme. Así, se llevaron adelante elecciones en los penales de todo el país en 2007, 2009 y 2011. En 2011, 734 procesados votaron cargos ejecutivos y legislativos.

El sistema que se utiliza actualmente es el de boleta única: a los internos se les permite acceder a su Documento Nacional de Identidad (DNI), para presentarlo a la mesa electoral presidida por docentes –civiles- que trabajan en el penal. Los candidatos dependen de la jurisdicción del último domicilio legal que hayan fijado. Así, ingresan al cuarto oscuro y marcan su preferencia con un sello. A los candidatos los conocen principalmente por televisión y, en menor medida, por la radio, aunque suelen acceder a mínima información de otros distritos que no sean la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Sergio, que votaría en provincia de Buenos Aires, dice que la política debería servir para cambiar la vida tanto afuera como adentro del penal. No para pensar campañas sucias en vistas de ganar una elección. La repetición de imágenes televisivas violentas, en sintonía con el discurso de la inseguridad y eje de la campaña de algunos de los candidatos, penetra con toda su fuerza en el contexto de encierro. Sergio y otro cmpañero se quejan por la consigna del diputado Francisco De Narvaez, que reza: Por tu vida. Un crimen. Un castigo. “Algunos candidatos generalizan todo”, dice Sergio, vestido con un equipo deportivo de la Selección Argentina. “Como a todos acá” , le encanta jugar al fútbol y es uno de los marcadores centrales de la selección de fútbol de esa unidad, que entrena y juega contra otros pabellones y unidades cuando termina la jornada laboral.

“Antes de hablar de inseguridad, tendrían que fortalecer los patronatos de liberados, acercar soluciones, ofrecer empleo”, dice otro interno, Omar. Entre diciembre y mayo del año que viene regresará a su Corrientes natal, donde tiene un trabajo asegurado. Pide “que ofrezcan empleo, porque cuando uno tiene antecedentes es muy difícil encontrar uno y eso te genera una sensación de mucho abatimiento”.

En todo el Complejo Penitenciario Federal (CPF) 1 había una sola urna que se iba trasladando por las unidades. La elección arrancó en la unidad 3, donde votaron 44 internos -5 se negaron- y siguió en la 4, donde votaron 22. Después del mediodía siguió su recorrido por las unidades 1 y 2, y por el pabellón de “ingresos”, donde alojan a los que llegan de la Unidad 28 de Tribunales. En la Unidad 31 de mujeres, votaron 14 internas oriundas de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones. Apenas 22 estaban habilitadas para hacerlo. La unidad aloja actualmente a unas 150 mujeres, de las cuales 66 son extranjeras. Apenas pasado el mediodía, el comicio estaba concluido.

En la Unidad Penitenciaria Federal de Villa Devoto la participación fue más fuerte: allí votaron 720 internos en las dos mesas habilitadas, según informó la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que participó en calidad de observadora de los comicios. Los padrones incluían a por lo menos dos jurisdicciones: Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.