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Por primera vez Pedro Federico Hooft se sentó del otro lado: el juez provincial de Mar del Plata es juzgado desde hoy por su actuación como magistrado durante la última dictadura. Siete años después de la presentación de la denuncia, un jury de enjuiciamiento podría destituirlo del cargo. Esto habilitaría a la Justicia Federal a avanzar en la causa penal donde se investiga si archivó las denuncias penales y los habeas corpus presentados por familiares de los trece secuestrados durante la “Noche de las corbatas” y otros cinco hechos ocurridos en 1977. En ese expediente, el juez ahora suspendido se negó sistemáticamente a declarar y, por sus fueros, sus colegas federales no han podido obligarlo a hacerlo. El jury se realiza mientras en todo el país avanzan diferentes causas que tienen en el banquillo a ex funcionarios del Poder Judicial.

La audiencia empezó fuera del horario estipulado. El motivo: uno de los jueces se demoró en un embotellamiento. Hooft estuvo hoy acompañado junto a sus abogados: su hijo Federico y Héctor Granillo Fernández. Enfrente, en la mesa de acusación, estuvieron el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, y los abogados Cesar Sivo, Natalia Messineo y Eduardo Salerno.

La estrategia de la querella, integrada por la Secretaría de Derechos Humanos y  organizaciones de derechos humanos y sociales, buscará demostrar que Hooft incumplió sus tareas como juez: archivó hábeas corpus, no informó sobre la muerte de los detenidos-desaparecidos (como en el caso del abogado Jorge Candeloro) y cerró las causas penales por secuestro sin citar a los testigos. Además de la prueba documental –que incluye una copia certificada del habeas corpus por Candeloro y el informe del Ejército diciendo que estaba muerto-, los querellantes presentarán una serie de testigos que aportarán elementos sobre la relación del magistrado con la Comisaría Cuarta de Mar del Plata, donde el Ejército tenía alojados a varios detenidos-desaparecidos en proceso de legalización, y con la conducción de la Subzona 15.

La copia del hábeas corpus por Candeloro, que Hooft archivó antes de recibir la respuesta de la policía y el Ejército, fue hallada por su viuda, Marta García, en 1980. La encontró mientras tramitaba su pensión. Junto a ese papel presentado en julio de 1977, estaba la respuesta del jefe de la Subzona 15 del Ejército, el coronel Alberto Pedro Barda, fechada en octubre de ese año. Allí informó que Candeloro había sido “abatido” el 28 de junio, el mismo día en que Marta García lo escuchó morir en medio de la tortura, en el radar donde funcionó el centro clandestino conocido como La Cueva. Así Marta García se enteró, esta vez por una fuente oficial, que su marido estaba muerto. Ambos papeles habían sido archivados juntos y la investigación no se había reabierto.

“Es paradigmático el caso del matrimonio Candeloro-García, ya que el primero aparecía con frecuencia en los informes de inteligencia (ella también pero en menor medida) y había sido perseguido con cierta insistencia por los miembros del CNU (Concentración Nacional Universitaria), grupo con el que al menos congeniaba Hooft y con el que había compartido la Administración de la Universidad en el tiempo en que ellos eran parte de su gobierno”, indicó la querella en su pedido de enjuiciamiento.

El señalamiento de la relación del magistrado suspendido con la CNU no es casual: en el secuestro y desaparición de los abogados y varias de sus mujeres, que concretó la dictadura entre junio y julio de 1977, está involucrado ese grupo parapolicial. La denominada “Noche de las corbatas” fue el secuestro de once personas en 48 horas: los abogados Norberto Centeno, Salvador Arestín, Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda, y José Verde y su esposa, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses-, María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. De todos ellos, solo sobrevivieron José Verde y su esposa, Ricci y Bozzi. Pero ese megaoperativo había comenzado un mes antes con el secuestro en Neuquén de Candeloro y Marta García, que fueron detenidos por pedido del Ejército y enviados a Mar del Plata unos días antes del secuestro del otro grupo.

Por su parte, la defensa de Hooft, que encabezan sus abogados y familiares, ancló su estrategia en que el magistrado suspendido es víctima de una suerte de complot en su contra. Incluso, Hooft sostuvo que es parte de una “venganza” personal. Sobre esa hipótesis, recién el 15 de abril del año pasado –siete años después de la presentación de la querella penal- denunció una “asociación ilícita” ante la Cámara Federal de Mar del Plata. Allí estarían actuando “miembros de la Justicia Federal, del Ministerio Público Fiscal y un abogado para el armado de la causa penal”, indicaron en una gacetilla de prensa. Si bien los defensores no explicaron el objetivo ni el sentido de ese armado, basaron la denuncia en una grabación de una conversación mantenida por el abogado Federico Hooft (hijo mayor y uno de los defensores del juez acusado) con el fiscal Claudio Kishimoto. Allí se lo escucha a Kishimoto decir que la causa era “un gran verso”. Y el fiscal relató, en una entrevista en Página 12, la amenaza que le soltó Hooft hijo en ese encuentro sorpresivo: “No sé qué vamos a hacer con vos... no sé si no te vamos a llevar puesto”. Además, Kishimoto explicó que desde la Procuración se había definido una especie de protocolo ante una situación de presión y dijo que sus dichos eran parte de esa estrategia: “En la Procuración, cuando hay algo que nos está atorando o molestando, (Jorge) Auat (el titular de la Unidad de Coordinación de los juicios sobre el terrorismo de Estado) siempre dice ‘háganme responsable a mí’. Es para descomprimir nuestra situación”.

Todos esos elementos, son algunas de las pruebas y testimonios que tendrá que analizar el jurado, que preside el ministro de la Corte bonaerense, Juan Carlos Hitters, y que se integró con los abogados Héctor Ricardo Martín, Eduardo Gustavo López Wesselhoefft, Atilio Ricardo Rossello, José Luis Núñez y José Miguel Nemina. También lo componen los diputados Lucía Portos, Abel Eduardo Buil y Guido Lorenzino Matta y los senadores Héctor Luis Vitale y Luciano Martini.

El juicio político a Hooft se lleva adelante al mismo tiempo que otras investigaciones sobre miembros de Poder Judicial. Eso es lo que está ocurriendo en la mega causa Mendoza, donde hay 5 ex jueces entre los 37 imputados de participar en delitos de lesa humanidad. Se trata del segundo juicio tras la condena al ex magistrado santafesino Víctor Brusa, que marcó el inicio de un proceso en el cual la Justicia se investiga a sí misma.

Ahora, los integrantes del Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense que evaluará la situación de Hooft tendrán casi dos meses –según el cronograma de audiencias- para escuchar a los testigos y analizar las pruebas presentadas. Todos esos documentos fueron producidos hace más de treinta años. Allí está la clave de la conducta de Hooft en los casos que se investigan en este juicio político.