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Tras un mes y medio de debate oral y público, más de veinte testigos que declararon, y otros tantos que fueron incorporados por lectura, el juicio por los hechos cometidos en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo comenzó con su etapa de alegatos. La querella de Abuelas de Plaza de Mayo fue la encargada de abrir esta nueva etapa: el equipo jurídico del organismo solicitó las penas de 40 años de prisión para Santiago Omar Riveros y 35 años para Reynaldo Bignone, ambos jefes de zona. Treinta años para el médico Norberto Bianco y para Raúl Eugenio Martín, jefe de la División de Clínica Médica de ese hospital. Y 12 años para la obstetra Luisa Yolanda Arroche, imputada por la alteración de la identidad del nieto Francisco Madariaga Quintela. Las audiencias continuarán el miércoles a las 9.30, con los alegatos de la fiscalía.

En el juicio se debaten nueve casos de apropiación de bebés en Campo de Mayo. Alan Iud, abogado de Abuelas, aseguró que allí “se perfeccionó la práctica sistemática de apropiación de niños como en ningún otro lado. El Ejército destinó un espacio específico para mantener cautivas a mujeres detenidas, concretar el alumbramiento y apropiarse de los bebes”.

La audiencia se realizó frente al Tribunal Oral en lo de Federal N 6, que en 2012, estableció que durante la última dictadura cívico-militar hubo un Plan Sistemático de Apropiación de Menores y condenó a Jorge Rafael Videla a cincuenta años de prisión. Este juicio es un desprendimiento de ese debate.

Tras varias audiencias en las que estuvieron ausentes hoy volvieron a ubicarse en el banquillo de los acusados: los médicos Bianco y Martín, la obstetra Arroche  de Sala García, y los represores Riveros y Bignone, que apenas levantó la vista del suelo durante toda la jornada.

Iud consideró que hay "prueba directa" para responsabilizar a Bignone, Riveros y, de acuerdo a los distintos casos, a Martín y Bianco. Arroche de Sala García está imputada por haber falsificado el acta de nacimiento de Francisco Madariaga, el hijo de Abel Madariaga –secretario de Abuelas- y Silvia Quintela Dalla Lasta, que permanece desaparecida. Francisco estaba sentado en la última fila del área donde se ubica el público en la sala Amia de los tribunales federales de Comodoro Py. Poco antes del cuarto intermedio del mediodía salió a fumar.

“El juicio llega tarde y después de una instrucción defectuosa”, dijo Iud.  Y explicó que al debate solo llegaron cinco de los once imputados: dos quedaron fuera por problemas de salud y otros dos por haber fallecido.

Durante su alegato la querella dio por probado  que el área o pabellón de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo funcionó como una maternidad clandestina desde mediados de 1977 de manera estable y que antes de eso, otras secuestradas dieron a luz en otros centros clandestinos de detención como "El Campito".

"Todos los partos desde mediados de 1977 tuvieron lugar en el hospital", dijo Iud.  "Antes había partos en El Campito, pero uno se complicó y comenzaron a ser llevadas a Campo de Mayo, la última en dar a luz en El Campito fue Norma Tato", agregó.

Violaciones y asesinatos

Iud dedicó los primeros 90 minutos del debate a relatar uno por uno los nueve casos. Quienes eran la víctimas, dónde trabajaban, cómo fueron secuestradas, torturadas y de cuánto tiempo estaban embarazadas cuando se las llevaron a la clandestinidad y las sometieron a todo tipo de vejámenes. De esos relatos se desprendió cómo hicieron pasar hambre a Isabel Acuña en el sótano de la comisaría 4 de San Isidro, la violación que sufrió Marta Álvarez mientras estaba embarazada y cómo le destrozaron el cráneo en medio de un fusilamiento después de parir.

O cómo le prometieron a Susana Strizler que le iban a dar su hijito recién nacido a sus padres, algo que nunca sucedió. La referencia a que Miriam Ovando había sido arrojada desde un avión en medio de “los vuelos de la muerte”, también fue parte de los casos que se contaron y que ocuparon la primera mitad de los alegatos.  Catalina de Sanctis Ovando, la hija de Miriam, fue apropiada por Carlos del Señor Hidalgo Garzón, teniente del Ejército condenado recientemente a cadena perpetua por los hechos cometidos en el centro clandestino de detención, La Cacha.

El varón que dio a luz Tato fue apropiado por Bianco, uno de los más comprometidos por las referencias que dieron gran parte de los testigos. Médico traumatólogo, Bianco fue condenado en el año 2000 por la apropiación de Pablo Cassariego Tato, quien recuperó su identidad en el año 2007. Bianco fue extraditado desde Paraguay, donde escapó cuando regresó la democracia y fue acusado por apropiación de menores.

Entre el público de la sala AMIA  estaba sentado Juan Gutierrez, tío de Valeria Gutiérrez Acuña, la nieta 110 recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo. Su caso es uno de los que se juzga en este juicio. “Es Rivero quien debe responder por este hecho”, dijo Iud. Y agregó que Rivero también debe responder por la desaparición de Isabel y Oscar, los papás de Valeria, que permanecen desaparecidos.  El nacimiento de Valeria no se sabe con exactitud dónde se produjo, pero sí que fue dentro de la zona militar IV, donde estaba Campo de Mayo.

Iud también consideró probado que los partos de Tato y Strizler parieron en “El campito” y que Francisco y Catalina de Sanctis Ovando nacieron en el Hospital Militar de Campo de Mayo. En los casos de Masri y Aranda la información es menor, pero se presume que ambas dieron a luz. Para eso se citaron los casos de los dos últimos dos nietos recuperados: Ignacio Guido Montoya Carlotto y Ana Libertad Barlatti De la Cuadra. Iud pidió al Tribunal tener en cuenta los casos donde todavía no fueron identificados los bebés robados, como ya se hizo en una sentencia anterior por el plan sistemático de sustracción de menores.

"En sentencia anterior sobre los no encontrados se dio por probado que fueron robados y luego de esa sentencia, dos de esos niños, entre ellos el nieto de Estela de Carlotto, recuperaron su identidad y eso demuestra que la sentencia del Tribunal fue más que acertada al considerar que esos delitos continuaban en comisión. Pedimos el mismo razonamiento para los que no han sido restituidos en este juicio", explicó.

Testimonios contundentes

Después del mediodía comenzó alegando Pablo Lachener, que encabeza la querella junto a Iud. En esa segunda parte de la presentación se puso hincapié en las declaraciones del fallecido Julio César Caserotto, jefe del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital. Cómo se daban órdenes para asistir a las parturientas “traídas por la fuerza”. Cómo y cuándo se llevaban las mujeres detenidas, los horarios y los métodos para hacerlo.

En esta segunda parte tomaron especial relevancia las declaraciones como las que prestó durante este juicio la obstétrica Nélida Balaris, que fue obligada a participar de dos partos de mujeres detenidas. Balaris contó que le llamó la atención ver que la mujer “era llamativamente canosa y no emitió ningún sonido, no se quejó, ni nada. Tenía los ojos vendados y estaba con custodia”, contó. La parturienta estaba en la sala de Epidemiología, a la que le decían “el fondo”, contó, sobre el pabellón donde había detenidas-desaparecida en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

“Tenía los ojos vendados con gasa, estaba acostada en la cama, que tenía la cabecera contra un ventanal tapado o las persianas cerradas. La iluminación era artificial”, reconstruyó en aquella oportunidad.  Después de ese momento Balaris no volvió a ver a la mujer, ni al bebé.

Por el segundo parto la mujer discutió con Caserotto  y  Agatino Di Benedetto (director del hospital). “Me dijeron que fuera a la cárcel y yo dije que no, que no correspondía, que para eso estaban los médicos militares”, detalló, con vehemencia. Caserotto le dijo que la orden la había dado Di Benedetto y que tenía que ir.

Cuando llegó a la cárcel había una mujer joven, que Balaris estimó que tendría alrededor de 30 años o quizás menos. Era rubia, de tez clara y tenía los ojos vendados. Estaba en pleno proceso de parto. “Estaba en un estado expulsivo, había que atenderla ahí”. El bebé fue varón y el frío que hacia ese día hizo que Balaris tuviera que pedir permiso para que le dejaran poner el bebé sobre el abdomen de la mamá, “para mantenerle el calor”.

Lachener, sobre el final de su exposición, que recorrió diferentes testimonios, sumó grosso modo la gran cantidad de detenidas desaparecidos que dieron a luz en la maternidad y resaltó el nivel de coordinación y de logística que tenía el lugar como para suponer que se trataban de hechos aislados y que las autoridades “sabían”, que nada de todo podría haber sido posible sin el conocimiento de los responsables del área y señaló entonces la responsabilidad de Bignone y Riveros.