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Gustavo Caramelo, juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil, fue el encargado de abrir hoy el segundo panel del Congreso de Actualización del Código Civil y Comercial de la Nación.  Tanto él como su sucesor en la exposición, el presidente de Instituto Argentino de Derecho del Consumidor Federico Álvarez Larrondo, destacaron que con el nuevo Código los conflictos se van a resolver “aplicando la Constitución y los tratados de Derechos Humanos”.  Como ejemplo, Caramelo dijo que si una familia se retrasa con el pago de la cuota en el colegio, lo que debe primar es el derecho a la educación, como principio.

En el Museo del Bicentenario, Caramelo resaltó el “honor enorme de poder hablar después de la exposición de Kemelmajer de Carlucci”. Destacó el agradecimiento que él y muchísimos más tienen con ella y también el rol de otras dos mujeres detrás del trabajo que representa y representó este nuevo Código: la doctora en Derecho, Marisa Herrera –que expuso ayer- y  de María Paula Pontoriero, directora de Infojus, la editorial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos . Destacó su “empuje y esfuerzo” y el trabajo que realiza desde Infojus para promover el acceso gratuito a la información jurídica. “Creemos que la sociedad democrática se hace a través del conocimiento”, aseguró y agregó “generan que podamos tener acceso a las normas y lo hacen silenciosamente”.

Caramelo comenzó hablando de la regulación de los contratos y los diferentes tipos que existen y que están anclados a distintos factores de este código. “Los contratos tienen una función muy importante, permiten resolver conflictos”, explicó.  Y poco después dio el ejemplo de un juez que intervino en el conflicto de una importante fabrica de zapatos que no tenía liquidez y al magistrado se le ocurrió que podía vender franquicias. “Esa marca no solo solucionó sus problemas sino que se expandió y creció”, resaltó.

Repasó después las nuevas pautas que introduce el Código a la hora de pensar los contratos, por ejemplo, la inclusión de la capacidad progresiva de los adolescentes para decidir sobre la protección de su propio cuerpo o el reconocimiento de la autonomía para los adultos mayores. En este caso, también apuntaló sus dichos con un ejemplo: “Si en un geriátrico arbitrariamente no dejan salir a una persona, en ese contrato, en esa relación hay algo que está funcionando mal y que el Código viene a revisar”.

Mencionó además que el Código, entre otros puntos novedosos, incorpora un subsistema de regulación de los contratos bancarios, visto como contrato de consumo. Y, en este punto, destacó que este “es un Código argentino que pone la mira en las cuestiones que más nos han dolido en los últimos años e intenta dar una resolución satisfactoria”. Pero, en este punto, advirtió que para que un sistema contractual funcione se requiere de “un buen sistema jurídico, con normas claras y aplicables” –en este caso el Código que comenzará a regir a partir del 1 de agosto próximo-, pero también “un sistema de justicia eficiente, que lo despliegue”.

“Este código es el Código de los más vulnerables”, dijo Álvarez Larrondo y destacó que el derecho del consumidor, que antes solo era recogido por una ley, ahora, a partir del 1 de agosto, parte del núcleo duro del Código, incorporando además la figura de “contratos de consumo” y la “regulación sobre la publicidad”.

CD/AF