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El juez federal de un juzgado de San Luis está impaciente. Los camarógrafos del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) deberían haber llegado hace media hora. “¿Dónde estaban? Sin ustedes no se puede empezar”, recrimina cuando los ve descender del auto. Lejos de ahí, en los tribunales porteños de Comodoro Py, el genocida Jorge Rafael Videla tropieza y cae, esposado, a los pies de una documentalista. En Mendoza, un hombre no puede creer que uno de los torturadores que está filmando sea su ingoto y apacible vecino. Distintos tiempos, distintas ciudades; todas con un mismo objetivo: registrar los juicios de Lesa Humanidad. Historias como éstas se intercambiaron durante el fin de semana entre todos los técnicos audiovisuales que asistieron al III Encuentro Nacional del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS), dependiente del INCAA. Bajo el lema “Protagonistas del Registro: Ser Memoria”, el MECIS organizó dos jornadas de trabajo en el Espacio de la Memoria y Derechos Humanos (Ex Esma).

Entre viernes y sábado unos 80 registrantes provenientes de todas las provincias compartieron experiencias y plantearon distintas necesidades para avanzar en las filmaciones de todos los juicios contra militares y civiles que participaron de la última dictadura militar. Del acto de cierre participaron el vicepresidente del INCAA, Gianni Buono, el ministro de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Guido “Kibo” Carlotto, la diputada nacional por el FPV y ex presidenta del INCAA, Liliana Mazure, y la coordinadora del programa MECIS, Silvia Barales, entre otros. Para muchos de los técnicos audiovisuales es una tarea doble; no sólo laboral, sino también de compromiso político. Así le sucede a Mario Gimenez y Roberto Pérez, responsables del seguimiento de los juicios en San Luis, provincia en la que sólo hay una oficina de Derechos Humanos en la municipalidad de la capital. Sentado frente al resto de sus compañeros, en el primer piso del Archivo de la Memoria de la ex ESMA -donde se desarrollaron las jornadas - Giménez contó lo que le sucedió cuando tuvo que grabar al asesino de su cuñado: “Apenas comencé a filmar el primer juicio tuve que ir al médico. Me había enfermado repentinamente y sin razón aparente. Es muy angustiante recibir toda esa información, pero lo tenemos que hacer”.

En diálogo con InfojusNoticias agregó sus razones para seguir detrás del lente. “Para nosotros esto es militancia, se hace con el corazón. A veces estamos más de doce horas filmando, dejamos de lado la familia, los hijos, para que no se nos escape ninguna instancia”. Pero la tarea no termina en los Tribunales. Ambos recorren toda la provincia para no dejar espacio sin registro. “Donde haya alguna actividad relacionada con los juicios, como allanamientos, reconstrucciones, manifestaciones, vamos con la cámara. Así, muchas veces nos tienen que esperar. Porque sin nosotros, los jueces no arrancan con el juicio”, dijo Pérez.

"¿Hace falta escuchar lo que escuchamos?"

Sergio González graba todas las audiencias que suceden en San Rafael, Mendoza, desde que en 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el INCAA firmaran un acuerdo para sistematizar los registros de los juicios: “Una de las cosas que más me chocó fue darme cuenta, gracias a las filmaciones, que muchos de los que estaban imputados eran vecinos míos, o me los cruzaba en el supermercado. Empecé a conocerle las caras, a reconocerle los gestos. Y así me di cuenta de que muchos de los que tenían prisión domiciliaria aparecían lo más campantes caminando por la calle”. Para González también se trata de militancia, aunque a veces prefiera no escuchar lo que graba. “Es muy duro escuchar todo eso. Yo trato de tomar un poco de distancia de lo que dicen en los juicios porque si no me revienta la cabeza”.

En ese mismo sentido, Gianni Buono dijo a esta agencia que “es un proceso muy duro en términos personales para los registrantes. Como cualquier persona que transita esos juicios, en la cual estan en juego cuestiones humanas, politicas, subjetivas, que han pasado aca en la ex ESM,A”. Es que la pregunta había quedado en el aire el día anterior, cuando un documentalista preguntó: “¿Hace falta escuchar todo lo que escuchamos?” Rocío Santos, con sede técnica en los tribunales de Comodoro PY, le respondió a esta agencia que “no, no se puede estar conectado y cargado emocionalmente con todos los relatos de los genocidas porque te llenás de odio; lo que no podemos es dejar de filmar, nunca”.

Santos es una de las primeras que comenzó a grabar los juicios, incluso antes de la salida del programa MECIS. “Enseguida comencé a sentirme mal, necesité ayuda médica y terapéutica para poder sobrellevar los testimonios, de sobrevivientes y de genocidas”. Con más de dos mil horas de grabación encima, Santos tuvo una revancha simbólica durante una de las audiencias. Jorge Rafael Videla había terminado de hablar. Ella seguía detrás de la cámara cuando, de pronto, el genocida tropezó con un escalón y se derrumbó a sus pies, esposado y en cuatro, como un perro. “Tenía unas verdaderas ganas de patearlo, de lo cerca que estaba”, recordó.

Filmar para las próximas generaciones

Entre las conclusiones a las que llegaron los documentalistas presentes emergió la necesidad de crear un protocolo para lograr un registro todavía más profesional y sistemático. Por eso, el ministro Carlotto consideró que este programa “hace a la reconstrucción de un país en serio, donde el que acceda a esta información pueda tener más posibilidades y herramientas para reflexionar libremente sobre lo que pasó”. “Queremos una patria libre y con mucha información para las futuras generaciones; para que no les cuenten una historia mermada como quisieron hacer a partir de 1976”, remarcó el funcionario provincial.

El programa MECIS nació a instancias de un acuerdo entre la Corte Suprema de Jusiticia y el INCAA en noviembre de 2009. Hasta ese momento, los registros estaban en manos de la Policía Federal y, en algunos casos, dependían de iniciativas personales sin mucho apoyo institucional, a merced de la voluntad de los Tribunales. Desde el acuerdo, en cambio, el MECIS ya firmó 41 convenios en todo el país con distintuas instituciones y áreas vinculados a los derechos humanos y registró 74 juicios de lesa humanidad.

EG/JMM