Los archivos estaban en poder de la Embajada española. Son veinte cajas que contenían expedientes con datos sobre más de 600 desaparecidos españoles e hispano-argentinos desaparecidos durante la última dictadura.
Abuelas de Plaza de Mayo recibió este mediodía una copia digital de los archivos que estaban en poder de la Embajada española en Argentina sobre españoles e hispano-argentinos desaparecidos durante la última dictadura militar. Son veinte cajas que contenían expedientes con datos sobre más de 600 desaparecidos, cuyos familiares se habían acercado ante los representantes del gobierno español en busca de protección.
El abogado español Enrique Santiago Romero, uno de los artífices de la entrega, aseguró que en esas cajas se puede encontrar datos para investigar la participación de militares españoles durante la represión en Argentina. Durante el juicio en el que el juez Baltasar Garzón condenó al represor argentino Adolfo Scilingo por delitos contra la humanidad, un sobreviviente dijo que mientras estuvo detenido en la ESMA “vio oficiales de la armada española y recordó nombre y apellido”, alertó Romero. Uno de esos oficiales declaró ante un tribunal español y ratificó que “había estado viviendo en el Casino de Oficiales de la ESMA, el mayor centro de tortura en Argentina”.
Luego de más de 30 años, la documentación fue facilitada a Abuelas para ser presentada al Archivo Nacional de la Memoria, a instancias del Centro Internacional para la promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), presidido por el juez Garzón. El magistrado alertó que no se trata de una decisión del Ejecutivo español, al que se refirió en duros términos por sostener una política de “desmemoria”.
La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, celebró la entrega del material sin tachaduras, a diferencia de archivos entregados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. “Nosotros debemos decidir qué datos pueden ser relevantes y pueden aportar en la búsqueda de los nietos”, precisó. Y también consideró que esta entrega –como los más de 800 carpetas que la cancillería italiana estaría en condiciones de entregar pronto a la Argentina- aportan a la lucha en la construcción por la memoria del pasado reciente, que permita el acceso a la verdad y la justicia.
La información se encontraba en los sótanos de la Embajada española en la Argentina. Contenía además reclamos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la Federación de Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam). También intercambios epistolares entre las autoridades españolas y argentinas tras el golpe de estado.
La documentación fue entregada a instancias del pedido de la ex detenida Graciela Palacio de Lois, víctima y testigo de la desaparición de su esposo, Ricardo, en la ESMA. La mujer hace años que reclamaba los papeles. Finalmente, en marzo el Juzgado de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional de España firmó la resolución que habilita su entrega, en el marco de la causa en la que Scilingo fue condenado por delitos contra la humanidad.
Palacio de Lois afirma que desde hace años da esta lucha con el asesoramiento de Romero porque, dijo, “hay gente de los servicios españoles muy comprometida en la ESMA”. Atribuye a eso el retardo en la entrega de la información que el Estado español había recopilado y conocía desde 1983. “De hecho había dos cajas en la casa del embajador y el resto estaba en otro lado”, dijo a Infojus Noticias.
Romero precisó: en 1983 el senado español creo una comisión para investigar la desaparición de ciudadanos españoles en Argentina, y en 1997, el Ministerio de Relaciones Exteriores le aportó información recopilada en la embajada y los consultados en argentina a los diputados. “Alguna vez tenemos que hacer una autocrítica”, dijo Garzón y lamentó que esta información llegue recién a los organismos y al Estado Argentino.
“Hemos perdido un tiempo que nos va a faltar”, señaló Garzón. Y recalcó que en este archivo hay casos que no fueron denunciados en otras instancias. La falta de esta documentación impidió que los familiares pudieran recibir la correspondiente reparación estatal.