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“Yo quiero, formalmente, como presidente de YPF, pedirles perdón porque tomó 40 años hacer este acto”, dijo con la voz vacilante Miguel Galuccio, el CEO de la empresa petrolera. Hoy, en un acto que se hizo en la sede de Puerto Madero de la firma, los deudos de 42 trabajadores de la empresa que fueron víctimas del terrorismo de Estado recibieron sus legajos “reparados”. En el casillero que durante cuatro décadas se leyó “abandono de servicio” o un simple “fallecimiento”, se subsanó con la verdad histórica: sus familiares fueron asesinados o desaparecidos. “No fue una iniciativa personal mía, pero sí es lo que hoy el directorio de YPF siente que es correcto. Así que perdón a todos los familiares y a aquellos que nos miran de arriba”, completó Galuccio, y sobrevino uno de los aplausos más largos de la jornada.

“Cuando una institución del Estado repara un legajo, también repara sus propios errores”, dijo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, que firmó la contraparte del convenio que le dio el marco institucional a la tarea. “Muchas veces, esas fojas de servicio son todo lo que nos queda a quienes tenemos familiares desaparecidos. Allí decía que no asistieron por su indisciplina. Fue todo lo contrario: fue por su compromiso con la transformación de un país”, completó Fresneda, que en su primera juventud integró la regional Córdoba de la agrupación HIJOS.

La reparación de los legajos de YPF no había sido alcanzada por el decreto 1199 de 2012, firmados por el Poder Ejecutivo, pero la empresa consideró que era pertinente hacerlo y firmaron un acuerdo con la Secretaría y con la Comisión por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. La primera marca que vieron en los legajos es que la desvinculación con la empresa había sido por renuncias forzadas o despido injustificados. Así había quedado registrado burocráticamente en los expedientes: los secuestrados habían “abandonado el servicio” y los asesinados simplemente habían “fallecido”.

“Esa información no sólo es falsa, es injuriosa y debía ser corregida”, dijo Iván Brizuela, uno de los integrantes de la empresa que detalló la génesis y el método técnico de la reparación de los archivos. La primera lista contaba con 22 trabajadores desaparecidos: el cruce de información entre los investigadores de la secretaría y personal de la empresa posibilitó ampliar esa lista hasta 42, que sigue siendo “un listado provisorio y parcial”. Esperamos que el evento de hoy y lo que siga a esto nos permita completar ese listado”, dijo Brizuela.

El evento, que empezó cerca de las once de la mañana, tuvo una gran participación de funcionarios, militantes, organizaciones de derechos humanos y los más de 150 familiares que colmaron el auditorio de la sede de Puerto Madero de la firma. Además de Fresneda estuvieron Estela de Carlotto , titular de Abuelas de Plaza de Mayo; su hijo Guido Carlotto, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Carlos Pisoni; el embajador argentino en España, Carlos Bettini; y el ministro de Economía, Axel Kicillof. También Lita Boitano y Julio Morresi, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y varios integrantes de HIJOS.

La entrega de los legajos reparados tuvo un logro adicional: al menos cuatro de las familias que llegaron desde todas las provincias del país, aprovecharon para dejar una muestra de su sangre en el banco de sangre que lleva adelante la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, un programa de la Secretaría y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para recuperar los cuerpos de los desaparecidos.

Promediando el acto, comenzaron los mensajes espontáneos de los deudos, a los que los organizadores del acto siempre dieron lugar.

—Mi viejo decía que la muerte podía ser un accidente. Pero que su lucha era por nuestras familias, hijos, por una sociedad más justa, y eso no era casual— dijo Gustavo Germain, hijo de Jorge Germain, mientras sostenía en sus manos trémulas un mensaje póstumo para su padre, acompañado por su compañera y sus dos hijas pequeñas. Su padre fue secuestrado en 1976 en Córdoba y terminó, según le contó hace dos años un compañero de cautiverio, en un puesto caminero de un paraje desértico llamado Pilar.

Una de las familiares de Jorge Raúl Reydó, otra de las víctimas, recordó que “ellos luchaban por la salvaguarda de la energía, pilar de la liberación nacional”. Irma Prado, viuda de Jorge Santillán, secuestrado en Mosconi, “agradeció” a los directivos de YPF que prestaron los vehículos para buscar a su marido el 12 de agosto de 1976, día en el que una patota del Ejército lo secuestró.

Abarzúa, Álvarez, Benitez, Cáceres, Campos, Caravés, Roberto y José Carpinetti, Carreda, Sui, Chaparro, Chaves, Clavijo, De Cío, Devoto. Los apellidos familiares se sucedieron, uno por uno. Pidiendo por los treinta mil desaparecidos, haciendo la ve de la victoria. Muchos se aferraban al legajo como si volvieran a ver al familiar. Después, bajo el sol del mediodía, se sacó la tela que cubría una placa. Hubo aplausos, silencio, una foto general. Los nombres completo de las 42 víctimas quedaron inscriptos en una placa acrílica en el jardín del edificio.

LB/RA