Infojus Noticias

Los hermanos Sergio y Cristian Fontanellas, vinculados al ex jefe de inteligencia peruano Vladimiro Montesinos, irán a juicio oral en Argentina por lavado de dinero. Los hombres que se hacían pasar por productores agropecuarios estarán en el banquillo de los acusados junto a su contador. La jueza María Servini de Cubría los acusa de lavar casi once millones de pesos de origen ilícito mediante una sociedad anónima fantasma y operaciones bancarias, transacciones con inmuebles, campos y vehículos de alta gama. La justicia sospecha que eran ganancias del narcotráfico.

Sergio Marcelo “Ñoño” Fontanellas Bobo es un cordobés de 52 años, que empezó a usar su apellido materno cuando se nacionalizó peruano. Junto a su hermano menor Cristian, alias “Pupo”, fundó cinco sociedades anónimas cuando volvió de Perú, entre junio y agosto de 2007. Pero cuatro de ellas no registraron actividad. La única que realizó operaciones fue CRIER SA. El 94 por ciento del patrimonio de Sergio proviene de esa empresa, supuestamente dedicada a la actividad agropecuaria, según se desprende del expediente judicial al que accedió Infojus Noticias.

En diciembre de 2009, Ñoño Fontanellas depositó 430.438 dólares en una cuenta del Banco Galicia, pero no pudo justificar su origen. Después de vivir varios años fuera del país, no figuraba como contribuyente particular en el sistema impositivo. El banco emitió un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información Financiera: así comenzó la investigación. La UIF cruzó información de AFIP, de los registros de Propiedad Inmueble y Automotor, del Ministerio de Interior, de la Inspección General de Justicia y la Interpol, y se presentó ante la Justicia en octubre de 2011 con un expediente voluminoso.

Un año antes, Fontanellas había declarado ante la AFIP un patrimonio de once millones de pesos. La declaración jurada llevaba la firma del contador chileno Mauricio Villavicencio Ahumada, que no pudo explicar el estado patrimonial de CRIER. Para justificar los ingresos por 8,5 millones de pesos, declaró que la empresa debía una suma equivalente a dos proveedores de insumos agropecuarios. Tenían domicilio en un departamento y una casa abandonados, y ninguna registraba operaciones comerciales. Pero después de investigar tres años, Servini concluyó que ese dinero no provenía “de actividades lícitas comprobadas”.

Flojo de papeles

Entre las inconsistencias que los hermanos no pudieron explicar está la declaración de que la empresa había ganado un millón de pesos con una cosecha, por la explotación de un campo arrendado en Santiago del Estero entre 2009 y 2012. El expediente prueba que las 2470 hectáreas de “La Angelita”, propiedad de la empresa IMC Ingeniería, habían sido explotadas por otra compañía agropecuaria que nada tenía que ver con ellos. Nunca se pudo rastrear el origen de ese dinero, pero se comprobó que no era lícito.

Fontanellas aseguró en su declaración indagatoria que los 430 mil dólares del depósito  que originó la investigación provenía de la venta de un inmueble en Río Tercero (Córdoba). Pero estaba flojo de papeles y no pudo demostrar la operación. Tampoco recordaba quién se lo había comprado. Dijo que además había vendido una cosecha de granos y dos vehículos de alta gama, y que con todos los ahorros pensaba comprar una cosechadora de cereal.

Aunque CRIER SA reportaba ganancias de entre 1 y 5 millones de pesos anuales, Pupo figuraba inscripto en AFIP como trabajador autónomo, en la categoría III –que registra ingresos mensuales de hasta 15 mil pesos–. Según los dos hermanos y su contador, las incongruencias en los patrimonios eran meras omisiones en las declaraciones juradas.

Tampoco pudieron justificar una misteriosa inyección de 3 millones de pesos a CRIER SA, en 2008. Mencionaron dos créditos de Virgen del Rosario SA, pero esa empresa no tenía capacidad económica, daba como domicilio fiscal un edificio abandonado y había dejado de funcionar dos años antes. Presentaron un contrato con el supuesto presidente de esa firma, de apellido “Pansa”, pero tampoco pudieron acreditar la relación de ese hombre con la empresa.

Los hermanos cordobeses no pudieron explicar de dónde habían sacado el dinero que depositaron en tres cajas de ahorro del Banco Galicia (dos en dólares), ni cómo habían adquirido 1280 hectáreas de campo en Santiago del Estero y varios vehículos de alta gama, registrados a nombre de su madre Iris Sara Bobo. Entre los autos había un Mercedes Benz E320 y una Toyota Hillux 4x4, pero también dos Fiat y una moto Zanella. Para que no se perdiera el valor de esos bienes, la UIF pidió a Servini que los decomisara en el transcurso de la instrucción, pero la jueza rechazó la aplicación del “decomiso sin condena”.

Con alerta roja de Interpol

En total fueron once millones de pesos los que los hermanos no pudieron justificar. Pero hubo otro indicio que perjudicó gravemente a Ñoño: la justicia peruana lo estaba buscando por narcotráfico y narcolavado. Lo consideraba parte de la organización criminal que lideró el ex Jefe de Inteligencia peruano Vladimiro Montesinos. Sobre él pesaba la alerta roja de Interpol y orden de captura internacional. En el auto de elevación a juicio, Servini consideró que Sergio Fontanellas “al regresar a nuestro país ha pretendido repetir el esquema utilizado previamente en el extranjero con los mismos fines”.

Cuando la UIF se presentó ante la justicia, Servini ya tramitaba el pedido de extradición que había llegado en 2011 desde Perú.  El pedido de captura a Noño Fontanellas (también a otro argentino, Daniel Yabbur) era por “lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas”. Se los vinculaba a una organización de tráfico de drogas. Los papeles informaban que los dos argentinos “hacían ingresar el dinero proveniente del exterior camuflado en maquinarias”.

El expediente consigna que recibieron cerca de 4 millones de dólares: “dinero con el cual montaron en la ciudad de Iquitos (Perú) empresas destinadas al lavado de dinero”. En el “cuaderno de extradición” se los vincula con Montesinos, uno de los asesores más cercanos y titular de la Secretaría de Inteligencia durante los diez años de gobierno de Alberto Fujimori.

De Montesinos a Pablo Escobar

Montesinos fue investigado por su relación con Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante más poderoso en la historia de Colombia. Lo acusaron de recibir un millón de dólares para la campaña de Fujimori, en base a los testimonios del hermano del capo narco, Roberto Escobar. El Ministerio Público pidió para él 30 años de prisión, pero terminó absuelto.

Lo mismo pasó en la causa en la que le imputaron protección al mayor traficante de Perú, Demetrio Chávez Peñaherrera, alias “Vaticano”, que controlaba el 90 por ciento de la droga que salía del país. Desde una cárcel subterránea en la que cumplía condena por narcotráfico y traición a la patria, “Vaticano” reveló la complicidad de Montesinos: dijo que entre 1991 y 1992 le pagó 550 mil dólares –50 mil por mes– para operar con su protección.

Hace dos años también fue absuelto en un juicio por narcotráfico, donde era acusado de esconder en el avión presidencial un cargamento de casi 200 kilos de cocaína con destino a Europa. Un agente de la agencia estadounidense antidrogas (DEA) aseguró que se trataba de 600 kilos, pero que los otros 400 estaban escondidos en los cajones de repuestos. Uno de los tres pilotos del avión murió poco después en un episodio nunca esclarecido.

Cuando las filtraciones de Wikileaks dejaron expuestos los cables secretos de la embajada de Estados Unidos en Lima, se sumó un documento de marzo de 2009 del ex embajador Michael McKinley. “Junto con altos mandos del Ejército y otros oficiales de seguridad, Montesinos organizó una red de protección de narcotraficantes, al mismo tiempo que colaboraba con funcionarios de los Estados Unidos en el combate a otros narcotraficantes”, confiaba el funcionario a las autoridades del Departamento de Estado.