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“Si dejáramos que el mercado regule todo, acá no habría un auditorio sino una planta de soja creciendo”, dijo el secretario de Comercio, Augusto Costa. La frase era la síntesis de la explicación de la teoría de la regulación del mercado que fomenta la ortodoxia económica y, al mismo tiempo, una exposición de las ideas del economista francés Jean Tirole, que la semana pasada ganó el Premio Nobel por su teoría sobre cómo regular a los monopolios en un sistema de libre mercado. Ese fue el cierre de una nueva edición del Foro de Defensa al Consumidor, que realizó anoche en la Biblioteca Nacional. El objetivo central, sobre el que martilló junto al diputado Juan Cabandié, es la difusión de las nuevas leyes del consumidor como instrumento para evitar los abusos empresarios.

El de ayer fue el segundo foro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es parte de una serie de encuentros convocados en todo el país para difundir los derechos de los consumidores, a partir del paquete de leyes sancionadas por el Congreso nacional: la creación del fuero de Defensa al Consumidor, la instrumentación de un Observatorio de precios y el reemplazo de la vieja Ley de Abastecimiento por la ley de Regulación de las relaciones de producción y consumo.

La propuesta de Tirole plantea que el mercado se autorregula y que sólo en los casos en que se desarrollan monopolios el Estado debe intervenir para proteger a los consumidores. “Esa es la teoría de la ortodoxia económica y es lo contrario de lo que plantea este gobierno: el Estado tiene un rol central porque no existe un modelo de desarrollo en todo el mundo donde el Estado no haya intervenido”, afirmó Costa. Lo seguía atentamente un auditorio que colmó el Salón Jorge Luis Borges, en el primer piso de la Biblioteca Nacional.

Costa y Cabandié señalaron que el espíritu del paquete de leyes es “proteger a los más débiles en le mercado: los consumidores y las pymes” y buscaron desmitificar el contenido de las normas, que permitirán acelerar los plazos para los reclamos de los consumidores.

“Con la ley sola no alcanza. Es necesario que el pueblo tome conciencia de la ley, de los problemas que tenemos los consumidores y cómo solucionarlos”, explicó Cabandié al abrir el encuentro y levantó su teléfono celular y preguntó: “¿Cuántos de ustedes tuvieron problemas con esto?”. Las manos se multiplicaron en todo el salón.

Después preguntó con qué otros servicios tuvieron problemas y las respuestas, a viva voz, parecieron reproducir las estadísticas sobre los reclamos de los consumidores: televisión por cable, paquetes turísticos y bancos, encabezaron la lista. “Todo eso ocurre porque tenemos un crecimiento sostenido del mercado interno y, por lo tanto, de los consumidores. Y, al mismo tiempo, las empresas se aprovechan de la situación y vulneran los derechos porque eso les asegura una maximización de las ganancias”, dijo Cabandié.

Por eso, el diputado y el secretario insistieron sobre la necesidad de difundir los derechos que amplió el nuevo paquete de leyes. Fue el mismo planteo que la semana pasa hizo Costa en la reunión que tuvo con las cámaras de pequeñas y medianas industrias y con las asociaciones de consumidores.

El paquete de leyes aprobado en el Congreso incluye la creación de un Observatorio de precios de Insumos, Bienes y Servicios, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, se encargará de “el monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios”. En el Observatorio participarán tanto especialistas técnicos del gobierno como asociaciones de consumidores.

Además, con las modificaciones a la Ley de Abastecimiento que se introdujeron, la Secretaría de Comercio tendrá la posibilidad de aplicar nuevas sanciones administrativas. Así, cuando las empresas incurran en prácticas abusivas e incumplan la Ley de Lealtad Comercial, podrán ser sancionadas con multas de hasta 5 millones de pesos, suspensiones, clausuras, y hasta pérdida del registro.

Además ahora, en el caso de las sanciones, por la Ley de Defensa del Consumidor, se aplicará el principio de “pagar y reclamar”, por lo que para poder apelar una multa ante la Justicia, las empresas primero tendrán que pagarla, y en caso de ganar el litigio, se les devolverá el dinero. Entre los cambios que se realizaron está la quita de las sanciones penales a los empresarios que incumplieran las disposiciones y la expresa exclusión de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) del área de esta ley. Se trata de un sector que no tiene posición dominante en el mercado.